El detenido en Buenos Aires enfrenta un proceso de extradición a Uruguay por su participación en una red de explotación sexual infantil.
La Justicia ratificó la detención del hombre, requerido por Uruguay por explotación sexual infantil, mientras avanza su extradición.
La Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires ratificó la negativa a excarcelar al condenado, requerido por la Justicia de Uruguay para cumplir una condena de seis años de cárcel por su participación en una red de explotación sexual infantil en Canelones.
El hombre, llamado E.H.G.R., fue capturado en Buenos Aires tras casi ocho años en el país y con esta decisión seguirá detenido mientras avanza el proceso de extradición.
El fallo, firmado por los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico, sostiene que los argumentos de la defensa no logran revertir los riesgos procesales evaluados en primera instancia.
Según informó la revista Quorum, G.R. fue condenado en Uruguay a seis años de prisión por su vinculación con una red de explotación sexual infantil en la localidad de Suárez, departamento de Canelones. La causa se tramitó ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia Penal Especializado en Crimen Organizado de 2° Turno.
Según el fallo, el pedido de captura internacional se emitió el 1 de agosto de 2024. La detención en Argentina se produjo el 23 de julio pasado, cuando G.R. concurrió a la sede central de la Dirección Nacional de Migraciones para tramitar un DNI argentino. Había pedido turno, lo detectaron y lo esperaron.
La defensa sostuvo que no existían “datos objetivos que sugieran riesgos procesales” y que su asistido ingresó de manera legal al país, trabajando y con domicilio fijo. Argumentó además que, al momento de ser detenido, estaba intentando regularizar su situación migratoria.
No obstante, la Cámara señaló que el acusado ingresó a Argentina el 15 de agosto de 2017, pocos días después de que en Uruguay le fuera concedida la excarcelación (4 de abril de ese mismo año) bajo la promesa juramentada de cumplir condiciones que luego incumplió.
El tribunal enfatizó que la naturaleza del delito y la pena impuesta generan una presunción negativa sobre su conducta procesal, agravada por:
En ese marco, los jueces concluyeron que “las restricciones menos gravosas aparecen insuficientes para contrarrestar los riesgos existentes”, por lo que confirmaron la resolución que mantiene la prisión preventiva.
El proceso de extradición sigue su curso bajo lo dispuesto por los artículos 316, 317 y 319 del Código Procesal Penal de la Nación y los artículos 210 y 221 del Código Procesal Penal Federal.
La causa tramita en el juzgado federal 5, a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti.
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