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Sociedad

Una hora, a matar o morir: China impone plazo para reportar ciberataques a infraestructuras críticas

El gigante asiático endurece su defensa digital mientras el cibercrimen se consolida como amenaza global de la próxima década.

Gabriel Zurdo

La industria del cibercrimen se consolida como una amenaza global en constante evolución, con capacidad para generar daños significativos y de alcance mundial durante la próxima década. En este escenario, marcado por la confusión de una guerra comercial e ideológica que configura un nuevo y silencioso conflicto —una suerte de "guerra fría tecnológica"—, potencias como China imponen medidas extremas: un plazo de apenas una hora para reportar ciberincidentes relevantes o graves. Estas regulaciones evidencian el esfuerzo sistemático del país por fortalecer su infraestructura digital.

El World Economic Forum advertía ya en sus informes de 2024 y 2025 que los ciberataques —especialmente el ciberespionaje y la ciberguerra— constituyen uno de los principales riesgos globales a largo plazo. En el horizonte de diez años, ocupan el noveno puesto junto con la desinformación y la información errónea. Estos riesgos se ven amplificados por el uso de inteligencia artificial generativa en campañas de phishing, la inoculación de malware y la creación de deepfakes, incrementando las amenazas a la estabilidad financiera, las cadenas de suministro y la calidad de las democracias.

Desinformación, criptomonedas y espionaje

La desinformación y las noticias falsas se consolidan como riesgos crecientes, potenciados por la IA y vinculados a la polarización social. Los ciberataques, por su parte, aumentarán en intensidad y sofisticación, afectando a sectores como la industria manufacturera, los procesos productivos en general y, de forma creciente, a la salud y las finanzas, impulsados por la expansión de las billeteras digitales y las criptomonedas. Los ataques masivos y a gran escala proyectan un incremento del espionaje y de la guerra cibernética, con consecuencias directas sobre la estabilidad de los mercados, los gobiernos y las cadenas de suministro globales.

A partir del 1 de noviembre, los proveedores estratégicos chinos dispondrán de apenas 60 minutos para informar cualquier incidente de seguridad que afecte redes críticas. Según los requisitos publicados por la Administración del Ciberespacio de China, los operadores de red que construyan, gestionen o presten servicios en territorio de aquel país deberán notificar de inmediato a la autoridad competente, clasificando el incidente. Si este afecta a una "infraestructura clave", el plazo será de una hora; y si se trata de un "incidente de seguridad de red importante o particularmente grave", la notificación deberá realizarse en 30 minutos.

China define como "incidente de seguridad particularmente grave" aquellos casos que impliquen filtraciones de datos de gran magnitud o información sensible de ciudadanos, cuando representen un riesgo para la seguridad nacional o la estabilidad social, o provoquen interrupciones masivas en los sistemas. También se consideran graves los ataques a sitios web informativos o de noticias que difundan contenido no aprobado por el Estado durante más de seis horas, reciban más de un millón de visitas o sean compartidos más de 100.000 veces en redes sociales.

En contraste, en Europa y Estados Unidos los plazos de notificación oscilan entre 72 y 96 horas. Esa flexibilidad permite un margen para la investigación interna y el asesoramiento legal o forense, aunque no implica necesariamente una mayor robustez en la seguridad. Lo único cierto es que la tendencia irá más lejos, más profundo y más rápido que nunca. El nuevo paradigma nos advierte que el peor ciberataque no es el que ocurre, sino aquel del que no se tiene registro o del que se toma conciencia cuando ya es demasiado tarde.

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Malvinas: el Gobierno evalúa sumar la pesca al régimen de sanciones

Presidencia
  • Ampliación del proyecto de sanciones. En el marco de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que se enviará al Congreso, la Casa Rosada analiza extender el esquema de sanciones —hoy centrado en las petroleras— a la actividad pesquera vinculada a licencias británicas en Malvinas.
  • Un reclamo que viene del sector. La Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera y el peronismo piden aplicar a la pesca el mismo criterio que se usa contra las empresas que operan en la exploración de hidrocarburos sin autorización argentina.
  • Una herramienta legal que ya existe. Desde 2008, el artículo 27 bis de la Ley Federal de Pesca exige a quienes tienen cuotas o licencias en el país declarar que no tienen vínculos con buques que pesquen sin permiso argentino en Malvinas, bajo pena de perder esos permisos.
  • El antecedente con las petroleras. Tras la cadena nacional del 3 de septiembre, Cancillería denunció a 60 empresas y personas vinculadas a proyectos petroleros como Sea Lion, alcanzando también a accionistas, directores y proveedores.
  • Presentación en Diputados. El proyecto ingresará el próximo lunes por la Cámara baja, con Presti (Defensa) y Quirno (Cancillería) como posibles expositores; el oficialismo espera que el tratamiento comience entre fines de septiembre y principios de octubre.

Marc Jacobs, Michael Kors y otras marcas desembarcan en el nuevo shopping OH! Buenos Aires

  • Nuevo centro comercial en Recoleta. Prevé abrir sus puertas en los próximos meses en el predio del ex Buenos Aires Design, contando con 30.000 metros cuadrados, 110 locales y 30 propuestas gastronómicas.

  • Llegada de etiquetas inéditas al país. Firmas internacionales como Stella McCartney, Off-White, Golden Goose, Palm Angels, Scotch & Soda, Dsquared2 y Mandarina Duck tendrán por primera vez locales en la Argentina.

  • Moda automotriz y un esperado regreso. Maserati estrenará un espacio exclusivo destinado a su línea de indumentaria y accesorios, mientras que la firma francesa de trajes de baño Vilebrequin volverá a operar en el país.

  • Impulso importador y capitales nacionales. La llegada de estas grandes marcas globales se da en el marco de la reciente apertura de importaciones, dentro de un proyecto financiado por el grupo argentino Hatzlaja.