Una jueza porteña ordenó suspender el aumento del pasaje de subte hasta el 10 de julio
Accedió a lo planteado en la cautelar de dirigentes del Frente de Izquierda (FIT), que calificaron el incremento de "ilegal y fraudulento"
La Justicia porteña ordenó suspender el aumento del pasaje del subte hasta el 10 de julio, cuando se volverá a evaluar la situación tarifaria. La medida responde a una cautelar presentada por dirigentes del Frente de Izquierda (FIT), quienes calificaron el incremento como "ilegal y fraudulento".
La resolución dictada por la jueza Elena Liberatori establece: "Hacer lugar a la medida cautelar solicitada y suspender los efectos de la resolución 5/SBASE/24. Dicha suspensión entrará en vigencia a partir del 5to día de notificada la presente y se extenderá hasta el 10 de julio de 2024 inclusive, fecha en que se volverá a evaluar la situación". Durante los primeros cinco días hábiles administrativos, SBASE deberá presentar una readecuación tarifaria basada en criterios de tarifa justa y razonable conforme a la Ley 4472.
Si SBASE no cumple con la readecuación dentro del plazo estipulado, "se procederá sin más a la suspensión lisa y llana de la Resolución 5/SBASE/24", anulando así el aumento.
La suspensión del aumento fue celebrada por el metrodelegado y dirigente del FIT, Claudio Dellacarbonara: “Logramos la suspensión del tarifazo del subte. En el amparo que iniciamos la jueza [Elena] Liberatori resolvió la cautelar a favor ordenando readecuar la tarifa de manera justa y razonable”.
El esquema de aumentos publicado en el Boletín Oficial preveía un incremento escalonado: el pasaje había subido de 125 a 574 pesos el 17 de mayo, con futuros incrementos a 650 pesos a partir del 1 de junio y a 757 pesos en agosto.
A pesar de la suspensión del aumento, se mantienen los beneficios para jubilados, pensionados, personas con discapacidad, personas trasplantadas y estudiantes primarios y secundarios, quienes seguirán viajando gratis. La tarifa social y los descuentos para pasajeros frecuentes también continúan vigentes.
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- Un reclamo que viene del sector. La Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera y el peronismo piden aplicar a la pesca el mismo criterio que se usa contra las empresas que operan en la exploración de hidrocarburos sin autorización argentina.
- Una herramienta legal que ya existe. Desde 2008, el artículo 27 bis de la Ley Federal de Pesca exige a quienes tienen cuotas o licencias en el país declarar que no tienen vínculos con buques que pesquen sin permiso argentino en Malvinas, bajo pena de perder esos permisos.
- El antecedente con las petroleras. Tras la cadena nacional del 3 de septiembre, Cancillería denunció a 60 empresas y personas vinculadas a proyectos petroleros como Sea Lion, alcanzando también a accionistas, directores y proveedores.
- Presentación en Diputados. El proyecto ingresará el próximo lunes por la Cámara baja, con Presti (Defensa) y Quirno (Cancillería) como posibles expositores; el oficialismo espera que el tratamiento comience entre fines de septiembre y principios de octubre.
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