Una megabanda de presos y penitenciaros operaban de esta cárcel operaban un "Call Center"
El núcleo de la organización criminal se encontraba en la prisión de Villa María. El total de detenidos en el caso asciende a 34 personas, incluyendo tres altos funcionarios de la carcel
Una red de estafadores virtuales, compuesta por presos, funcionarios penitenciarios y civiles, fue desmantelada ayer en la ciudad de Córdoba. En una operación coordinada entre el Departamento de Delitos Complejos y la Dirección General de Investigaciones Criminales de la Policía de la Provincia de Córdoba, ocho personas fueron detenidas y acusadas de ser parte de la organización que realizaba estafas virtuales desde la cárcel de Villa María. Estas reunían a seis mujeres y dos hombres, lo que eleva a 34 el número de miembros que ya estaban detenidos y procesados.
El comisario Pablo Vivas, jefe de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos de la provincia, reveló detalles sobre la investigación que llevó a los arrestos. Según él, los arrestos fueron en la ciudad de Bell Ville y se inició en septiembre del año pasado bajo la dirección del fiscal Enrique Gavier.
En un operativo de gran envergadura, un equipo de agentes del Departamento de Delitos Complejos, apoyado por la Dirección General de Investigaciones Criminales, llevó a cabo nueve allanamientos en diferentes puntos de la ciudad, desvelando material relacionado a la causa, como también varias armas de fuego.
Ocho personas fueron arrestadas y acusadas de proporcionar apoyo externo a los presos que se encargaban de las estafas. Según el comisario, “los sospechosos lograban la obtención de códigos de WhatsApp para apoderarse de las líneas telefónicas y de esa manera pedir algún tipo de colaboración, simulando ser la persona que no eran. Obtenían números de tarjetas de crédito y demás maniobras que permitían obtener dinero o sacar un rédito económico de esa modalidad”. El comisario no dio detalles sobre el monto total de dinero obtenido, pero admitió que "fueron muchos los damnificados" en este caso.
La crisis se desató en la provincia de Córdoba en septiembre pasado cuando se arrestó a tres altos funcionarios de la cárcel de Villa María, acusados de formar parte de la organización y de prestar colaboración con los presos que generaban las estafas virtuales. Andrés Américo Aciar, director de la prisión; Edgar Ezequiel Arroyo, subjefe de Operaciones, y Néstor Gómez, jefe de Seguridad, son los que se vieron involucrados en la trama y fueron detenidos.
Investigaciones posteriores revelaron que la organización funcionaba de manera sutil. Algunos miembros otorgaban permisos y “derecho de explotación” del centro de llamadas a los reclusos, mientras que otros gestionaban el tráfico de teléfonos celulares dentro de la prisión y coordinaban a los estafadores que operaban con total impunidad.
La investigación reveló que los autores del fraude habían establecido un centro de llamadas "tumbero", donde disponían de una oficina equipada con computadoras, teléfonos y tecnología de vanguardia. Con total libertad y sin ningún control, los estafadores manejaban la operación.
A medida que la investigación avanzaba, se descubrió que las estafas no se limitaron a la provincia de Córdoba, sino que alcanzaron a víctimas en diferentes partes del país. Según el responsable de la investigación, "en principio las estafas eran realizadas por el grupo de internos. Lo que se relaciona al personal del servicio jerárquico es con esta posibilidad que han tenido esos internos de continuar con la maniobra”.
Después de casi un año de investigación, la Policía de Córdoba logró importantes avances en la lucha contra la organización criminal. Al margen de los tres altos funcionarios penitenciarios, se arrestaron a 26 personas más que se vieron involucradas en las estafas. La investigación también llevó a la detención de dos agentes de policía en Bell Ville.
Aunque se lograron importantes progresos y todavía se están realizando diversas medidas, la investigación sigue en curso y no se descarta que haya otras personas involucradas. “Por ende podría haber otra medidas judiciales a llevar a cabo”, explicó Vivas.
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