El último cambio de mando en Argentina, entre Alberto Fernández y Javier Milei.
En 2027 puede volver a producirse una alternancia presidencial. Argentina necesita una ley que ordene los mecanismos para la transferencia de información, equipos y responsabilidades.
Argentina atravesó tres transiciones presidenciales en la última década. Mientras a nivel nacional todavía no existe una ley general que regule el proceso, CABA, Neuquén y Entre Ríos desarrollaron mecanismos para ordenar la transferencia de información, equipos y responsabilidades. Con 2027 en el horizonte, revisar esas experiencias permite pensar qué debería institucionalizarse.
En 2015, la transición entre Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri estuvo atravesada por una disputa sobre el lugar y el momento de la entrega de los atributos de mando. En 2019, el traspaso entre Mauricio Macri y Alberto Fernández tuvo un clima diferente, con reuniones y equipos de funcionarios salientes y entrantes. En 2023, la transición entre Alberto Fernández y Javier Milei volvió a organizarse mediante reuniones y equipos de trabajo. Tres experiencias distintas, pero una constante: el procedimiento dependió en buena medida de la voluntad política de los protagonistas.
La Argentina no cuenta con una ley nacional general de transición presidencial. La Constitución establece los mecanismos para la elección y asunción, pero no regula la transferencia administrativa ni el traspaso de mando. Si bien hay proyectos para crear un régimen de transición, ninguno se convirtió en ley.
Algunas jurisdicciones avanzaron. CABA sancionó en 2016 la Ley 5.640 de Proceso de Transición Republicana, que creó un equipo de transición y estableció informes de gestión. Neuquén cuenta desde 2010 con la Ley 2.720, que obliga a entregar información sobre la administración. Entre Ríos sancionó en 2024 la Ley 11.179, que además incorpora restricciones sobre determinadas decisiones del gobierno saliente durante el último tramo de la gestión.
Brasil ofrece un antecedente cercano: desde 2002 permite al presidente electo conformar un equipo de transición y desde 2010 obliga a la administración a facilitar información al nuevo gobierno.
Sin embargo, existe otra dimensión: la continuidad de las capacidades estatales. En Estados Unidos, la transición presidencial cuenta con recursos y procedimientos institucionalizados, mientras buena parte del conocimiento permanece en agencias y funcionarios de carrera. En el Reino Unido, los gobiernos cambian, pero los funcionarios permanentes sostienen la memoria administrativa y capacidades de gestión. La transición no parte de cero porque parte de sus profesionales e instituciones sobreviven al cambio político.
Una buena transición entonces requiere capacidades estatales capaces de producir, ordenar y transmitir información. Sin burocracias profesionales y equipos técnicos que permanezcan, cada cambio de gobierno corre el riesgo de convertirse en una reconstrucción desde cero.
Se hace necesaria una ley nacional que establezca un equipo de transición con acceso a la información, informes estandarizados, plazos y responsabilidades, reglas para proteger información reservada y mecanismos que eviten decisiones difíciles de revertir. También debería apoyarse en una administración pública profesional que preserve conocimientos más allá de los ciclos electorales.
En 2027 puede volver a producirse una alternancia presidencial. Argentina ya tiene experiencias propias y modelos comparados para discutir cómo prepararse. La pregunta es cómo garantizar que el Estado siga funcionando cuando el gobierno cambia.
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