Ágora: sobre nueve consensos para avanzar en educación

Ágora es un espacio que conecta el pensamiento (think tank) con la acción (do tank) animado por el propósito de “poner en la agenda pública temas, acciones y personas que por su relevancia sean capaces de influir en la construcción de transformaciones”. Se busca generar espacios que, desde visiones plurales y propositivas ambientadas en la sociedad civil, fortalezcan las sinergias, tejan puentes y aporten ideas y propuestas, para forjar consensos sobre políticas públicas de largo aliento e involucrando diversidad de sensibilidades, voces y enfoques. A la luz de este propósito, Ágora coordinó un espacio de trabajo con el objetivo de colaborar en la formación de consensos sobre líneas de acción y objetivos prioritarios que informen una agenda de cambios en el sistema educativo. A través de la coordinación de un grupo de socios de Ágora, integrado por Pablo Menese Camargo, Renato Opertti y Rocío Schiappapietra, en agosto de 2024 se llevó adelante un Ágora cerrada sobre Educación en la sede del Banco de desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). Treinta personas vinculadas a la educación, incluyendo educadores, pedagogos, autoridades oficiales de organismos de la educación, educadores que ocuparon cargos en la administración de la educación, referentes educativos de partidos políticos con representación parlamentaria, referentes de sindicatos, académicos, investigadores, cientistas sociales y de disciplinas afines a la educación, participaron del evento. Como resultado de un intercambio componedor y propositivo entre los participantes, se elaboró el documento “Vestime despacio que tengo apuro. 9 consensos para mejorar los resultados en educación” disponible en línea. El documento fue presentado el pasado 18 de marzo en el acogedor Centro Cultural La Experimental localizado en el barrio Malvín de Montevideo La apertura del evento estuvo a cargo de la educadora, Adriana Troccoli, y contó con la entusiasta participación del Director Nacional de ANEP, Pablo Caggiani, y de la exdirectora ejecutiva de Políticas Educativas de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Adriana Aristimuño. Caggiani y Aristimuño realizaron una serie de sesudos comentarios que contribuyen a afinar la propuesta que presentamos, y poner un mayor foco en los asuntos que definen como los más prioritarios. Entendemos que el documento sienta bases sustantivas y realizables para ambicionar y plasmar un acuerdo en educación que involucre al sistema político, social y educativo en su conjunto, y que pueda cruzar a más de una administración de gobierno. Nos referiremos a desde donde parte el documento, los dos objetivos prioritarios de política educativa planteados, y los nueve consensos y líneas de acción identificados con base en el intercambio entre los participantes ya señalado. En primer lugar, el documento pone el foco en la debilidad estructural de aprendizajes deficitarios e inequitativos que se refleja en: (i) altas tasas de abandono o más bien expulsión de adolescentes y jóvenes de la educación media; (ii) que no se ha movido la aguja de los aprendizajes fundacionales – lengua, matemática y ciencia- en las dos últimas décadas, y que dan cuenta de un país estancado en los niveles de suficiencia de los aprendizajes en la educación primaria y media; (iii) que los resultados educativos trascienden el origen de los hogares y afectan a las clases bajas y medias, y por tanto, las insuficiencias en los aprendizajes revisten un carácter universal; y (iv) la necesidad de fortalecer los aprendizajes fundacionales, socioemocionales, ciudadanos y digitales como un todo entrelazado, y que es la base insoslayable de forjar una educación universal de calidad para las nuevas generaciones. En segundo lugar, se sugieren dos objetivos prioritarios de política educativa, a saber: (i) universalizar el egreso, en tiempo y forma, de la educación obligatoria – 14 años de escolaridad, desde la edad de 4 en educación inicial hasta la educación media superior -; y (ii) por lo menos 3 de cada 4 de las y los alumnos logren niveles de suficiencia en las alfabetizaciones fundacionales – lengua, matemática y ciencia. Se entiende que la consecución de dichos objetivos contribuirá a fortalecer a la educación como cimiento de democracia, igualdad, convivencia e inclusión. Asimismo, se plantea el desafío de conectar y alinear los cambios institucionales, de gestión, curriculares, pedagógicos, didácticos y docentes al logro de los dos objetivos prioritarios como eje vertebrador de la política educativa. En tercer lugar, se esbozan nueve consensos y líneas de acción que sumariamente mencionamos. El consenso 1 radica en lograr más y mejor inversión alineada a políticas públicas de largo aliento con foco en: (i) universalizar la educación inicial en el nivel de tres años; (ii) expandir y diversificar modalidades, espacios y tiempos extendidos en educación primaria y media orientado a apuntalar los aprendizajes: y (iii) asegurar mejoras de las condiciones de trabajo (ej. estabilidad en los centros educativos) y del salario docente. El consenso 2 alude a centros educativos liderados y gestionados como comunidades de aprendizaje que implique: (i) apuntalar el trabajo pedagógico colaborativo localizado en cada centro educativo; (ii) estimular el liderazgo de los directores de centro educativo orientado a la mejora de los aprendizajes de las y los alumnos; y (iii) fortalecer el trabajo de los centros educativos con apoyo de profesionales de diversas disciplinas a efectos de encarar la diversidad de necesidades de las y los alumnos. El consenso 3 pone foco en las trayectorias personales en el centro de la acción articulada del Estado. Esto supone: (i) entender a las y los alumnos como personas con acompañamientos y currículos personalizados; (ii) avanzar hacia una educación concebida por ciclos vitales – infancia, niñez, adolescencia y juventud – más que por niveles educativos (inicial, primaria, secundaria y técnico-profesional separadas); y (iii) fortalecer los programas, así como los mecanismos de coordinación y asignación de recursos de las políticas de infancia y adolescencia al interior del estado y con la sociedad civil – por ejemplo, clubes de niños y centros juveniles. El consenso 4 se sustenta en visualizar a las y los educadores como agentes claves en el proceso educativo, a saber: (i) recrear la confianza en la formación, profesionalidad y compromiso de las y los educadores; (ii) fortalecer la producción, intercambio y aprendizaje entre pares; (iii) promover espacios de formación continua con foco en los temas pedagógicos; (iv) reformar el estatuto docente orientado a jerarquizar el rol y la función del educador en la sociedad; y (v) establecer estándares y metodologías que coadyuven a la evaluación del ejercicio docente. El consenso 5 pone el foco en la extensión de los tiempos pedagógicos que implica: (i) aprovechar el bono demográfico acompañado de la racionalización de espacios, para expandir diversas modalidades de tiempo extendido para alumnos y educadores; (ii) que un mayor tiempo educativo constituye una ventana de oportunidades para avanzar en propuestas relativas a STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemática por sus siglas en inglés), tecnologías digitales, ciencias humanas, expresiones artísticas, deportes y recreación; (iii) estimular círculos virtuosos entre ANEP, Ceibal y otras instituciones para apuntalar propuestas educativas que respondan a desafíos y/o problemas vinculados a las expectativas y necesidades de las nuevas generaciones; y (iv) impulsar centros barriales de educación media, de escala intermedia, como focos de innovación en diálogos estrechos con las comunidades locales. El consenso 6 argumenta en torno a la perentoriedad un compromiso país en mejorar significativamente la concurrencia a los centros educativos ya que las tasas de asistencia en educación inicial, primaria y media verifican un descenso significativo pospandemia. Se propone realizar una campaña de bien público sobre el sentido de la obligatoriedad de la educación, el valor de la asistencia, las responsabilidades que le caben a familias y comunidades, y a actores públicos y privados. El consenso 7 se centra en fortalecer a la educación técnica como componente medular de las políticas de adolescencia y juventud. Esto implica: (i) promover formaciones complementarias con la educación secundaria compartiendo iniciativas, formaciones, espacios y recursos; (ii) mejorar su dotación de recursos a la luz de mercados laborales disruptivos, de ampliar horizontes profesionales y de fortalecer la libertad curricular de las y los alumnos; (iii) ahondar en las sinergias entre los sectores educativo y productivo; (iv) aprender de la UTEC como un caso exitoso de democratización de la educación en el territorio; y (v) transversalizar culturas de colaboración entre múltiples instituciones y actores por la vía de localizar las propuestas educativas en el territorio. El consenso 8 se refiere a la creación de la Universidad Pedagógica como espacio de producción y diseminación de conocimientos con foco en las mejoras de las prácticas en los centros educativos. Esto supone fortalecer: (i) la experimentación pedagógica orientada prioritariamente a mejorar los aprendizajes en las alfabetizaciones fundacionales, y en fortalecer las oportunidades y los procesos de aprendizaje de las y los alumnos con base en la triangulación de evidencias; y (ii) potenciar la red de centros de formación docente, así como los programas de posgrado que incentiven el desarrollo profesional. El consenso 9 se refiere a la necesidad de contar con información de calidad para evaluar y tomar decisiones a tiempo. Esto implica fortalecer: (i) sistemas de información interconectados, dinámicos y de uso amigable para diferentes tipos de usuarios; (ii) anticiparse a la exclusión y al bajo desempeño con apoyo de la inteligencia artificial generativa (IAG); (iii) a las unidades de datos y recursos humanos (generación y análisis) en el doble rol de prestar servicios a nivel central, y de facilitar la acción en el terreno; y (iv) círculos virtuosos entre la recopilación de datos, la formulación de políticas y la participación comunitaria. La consecución de las nuevas áreas de consenso y líneas de acción mencionadas se sustentan en acordar una agenda educativa de corto, mediano y largo plazo con base en una teoría del cambio potente e inclusiva. Esto implica poner foco en: (i) fortalecer la innovación pedagógica como palanca de mejoras significativas en los aprendizajes; (ii) garantizar que los recursos existentes y adicionales destinados a la educación impacten en la equidad y la calidad de los aprendizajes; (iii) alinear las acciones emprendidas a los dos objetivos priorizados de políticas educativa; (iv) enmarcar el cambio educativo en la necesidad de forjar futuros mejores y sostenibles para las nuevas generaciones; y (v) sellar un compromiso país en torno a que la educación sea motor de una sociedad más justa e inclusiva así como agendar su prioridad en la visión, en las políticas, en las prácticas y en los hechos. Gobierno y sistema político en su conjunto son mano.