Venezuela: cuando el silencio deja de ser neutral

Hay silencios que no expresan prudencia ni equilibrio. Expresan una toma de posición. En Uruguay, el Frente Amplio evitó deliberadamente calificar con claridad al régimen de Nicolás Maduro. Ese silencio —y la negativa explícita a definirlo como dictadura— no fue neutro. Fue una decisión política: revela que, para algunos, los atropellos solo merecen condena cuando provienen del adversario ideológico. El silencio deja entonces de ser omisión y pasa a ser mensaje. Un mensaje que relativiza, que jerarquiza víctimas según conveniencia política. Ahí es donde la ética se degrada. Los derechos humanos no admiten doble vara. No se suspenden por afinidad partidaria ni se negocian por pertenencia ideológica. Cerrar los ojos ante una dictadura no es neutralidad: es tomar partido. Y hay silencios que, por su persistencia y oportunidad, son silencios cómplices. La ambigüedad no responde a cautela diplomática ni a desconocimiento. Responde a una lógica de alineamiento. En nombre de una mal entendida “solidaridad ideológica”, se eligió mirar hacia otro lado frente a un régimen que encarcela opositores, censura la prensa, desmantela las instituciones republicanas y ha provocado una de las crisis humanitarias más graves del continente. Los informes internacionales son claros: presos políticos, persecución sistemática, exilio forzado y supresión de garantías electorales. Frente a esa evidencia, persiste una coartada ideológica que desplaza el foco: se habla más de Estados Unidos que de Venezuela; más de intenciones externas que de violaciones concretas. Nada de esto implica avalar intervenciones extranjeras. Precisamente por respeto al derecho internacional y a la autodeterminación de los pueblos, la condena a una dictadura no puede relativizarse ni silenciarse. Además, resulta incoherente denunciar unas intervenciones y callar otras que operan desde hace años en Venezuela. Tampoco implica aceptar lecturas simplistas sobre la acción estadounidense. Toda intervención abre interrogantes legítimos: intereses estratégicos, recursos energéticos, reposicionamiento geopolítico. Pero ese debate no puede funcionar como coartada moral. La autodeterminación de los pueblos —asignatura pendiente en Venezuela— empieza por el respeto a sus derechos fundamentales. El eje está en Caracas. Y en el pueblo venezolano: privado de elegir libremente, de expresarse sin miedo y de vivir sin persecución ni exilio. Cuando la defensa de los derechos humanos se vuelve selectiva, deja de ser defensa. Los derechos humanos no admiten doble vara. Cuando la ética se subordina a la ideología, deja de orientar y empieza a encubrir. El objetivo debería ser inequívoco: paz, respeto efectivo de los derechos humanos y democracia plena —real, con garantías, alternancia y control institucional—. En ese punto, el problema ya no es solo Maduro. Es también quienes, sabiendo lo que ocurría, eligieron mirar para otro lado.

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