Delcy Rodríguez y el sectetario de Energía de EEUU Chris Wright
La presidenta interina se ha convertido en una pieza funcional para los intereses de Washington, un pragmatismo que, según analistas, crea incentivos para postergar el proceso electoral.
Donald Trump presentó su acuerdo petrolero con Venezuela como una victoria histórica para la seguridad energética de Washington. Delcy Rodríguez, por su parte, exhibió el respaldo pragmático de la Casa Blanca para alimentar la promesa de un giro definitivo hacia la prosperidad. Sin embargo, las consecuencias del trato trascienden lo económico: esta alianza sobre el barril abre la interrogante de si se trata de un pacto que refuerza al régimen y debilita el retorno a la democracia.
La captura y traslado de Nicolás Maduro a Nueva York por fuerzas estadounidenses dejó a Rodríguez al frente de un gobierno tutelado por Washington. Aunque la administración Trump delineó una hoja de ruta en tres fases —estabilización, recuperación económica y una eventual transición democrática—, la realidad sobre el terreno muestra dos vías: mientras los acuerdos energéticos marchan a toda velocidad, las reformas políticas avanzan con lentitud y un proceso electoral que respete el voto de los venezolanos luce lejano y difuso.
El pacto con el que la administración Trump implementa su estrategia de control de los recursos naturales del hemisferio occidental le asegura a Estados Unidos el 20% del petróleo que extraiga North American Blue Energy Partners (NABEP) a precio de costo, muy por debajo del mercado. La empresa, dirigida por el venezolano Alejandro Betancourt, operará 17 campos que concentran la quinta parte de las reservas del país, mientras que el Pentágono asumirá el 35% de las acciones de la compañía.
Betancourt es una figura controvertida que ha enfrentado investigaciones por corrupción y presunto lavado de dinero en Venezuela, España y Suiza. Según la ONG Transparencia Venezuela, una de sus empresas, Derwick Associates, se benefició con sobreprecios millonarios en contratos asignados durante el gobierno de Hugo Chávez para la construcción de plantas eléctricas. Ahora, a través de NABEP, recibió estos yacimientos en la Faja del Orinoco y el Lago de Maracaibo sin licitación pública.
En Caracas, empresarios que prefieren reservar su identidad por temor a represalias indican que el acuerdo ha hecho de Betancourt un “barón del petróleo” conectado al interés de que Delcy Rodríguez se mantenga en el poder. “Se sabe de grupos que hicieron su fortuna durante estos años que trabajan activamente para que no haya un retorno a la democracia. A esos grupos añade ahora un hombre asociado con el Pentágono y repleto de petrodólares”, dice un industrial.
Si bien Washington ha insistido en que habrá supervisión y control sobre el flujo del dinero, está por verse si el pacto petrolero no terminará funcionando como un nuevo canal de distribución de rentas hacia los centros neurálgicos del poder civil y militar, replicando la fórmula con la que Nicolás Maduro garantizó su permanencia durante años.
Delcy Rodríguez ha saciado el interés de Washington por asegurarse el acceso al petróleo y a los minerales críticos. En tiempo récord reformó la legislación para hacer más atractiva la inversión privada y redirigió hacia Estados Unidos e India los cargamentos que antes partían a China.
Los petrodólares, además, se depositan ahora en cuentas bajo supervisión directa del Departamento del Tesoro. En paralelo, compañías mineras estadounidenses se preparan para ingresar al país, mientras la Casa Blanca flexibiliza sanciones y promueve la “normalización de la economía”.
En lo que respecta a las negociaciones para avanzar hacia unas elecciones presidenciales, delegados de una fracción de la oposición y el chavismo acordaron iniciar el nombramiento de un comité de postulaciones para renovar a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Está previsto que las conversaciones se reanuden la próxima semana.
El secretario de Estado, Marco Rubio, señaló durante su reciente visita a Colombia que los comicios requieren un proceso previo de refundación democrática: “Hay que tener una Corte Suprema, tienen que tener un comité electoral nacional, tienen que tener maquinaria de votación, tienen que tener partidos políticos, tienen que tener una prensa libre y abierta para que los candidatos puedan aspirar y expresarse”.
Agregó que, a la par de la recuperación económica, el país demanda una “reconstrucción cívica”, proceso que, si bien dijo que en su opinión debe ser “lo más pronto posible”, marcha a cuentagotas.
En un contexto donde un eventual gobierno democrático podría impugnar la legalidad del acuerdo petrolero firmado por Delcy Rodríguez, quien carece de legitimidad, y mientras persisten dudas sobre aspectos clave, como la fórmula exacta con la que el Pentágono se asoció con Betancourt, analistas advierten que Washington tiene incentivos para postergar el llamado a elecciones.
María Isabel Puerta, profesora de Ciencia Política en la Universidad de Colorado, considera que “el pacto petrolero pone en suspenso cualquier intento por democratizar el régimen político venezolano”, en vista de que Delcy Rodríguez es “una ficha indispensable” para los objetivos económicos de Estados Unidos.
Para Puerta, Rodríguez no solo garantiza el control interno frente a la preocupación de Washington por contener nuevas olas migratorias, sino que resulta “muy diligente para operacionalizar los negocios de Trump en Venezuela”. Destaca que el régimen ha mostrado una rápida disposición para aprobar reformas legales en hidrocarburos mientras desatiende urgencias sociales, una celeridad transaccional que “ningún gobierno opositor” podría garantizarle a la Casa Blanca en este momento.
Agrega que esto no significa que no se busque alentar la negociación entre la oposición y el gobierno, “porque para Trump eso también es necesario, aparentar que está trabajando en ese frente, cuando sabemos que no es su prioridad”.
Juan Manuel Trak, doctor en procesos políticos contemporáneos, considera que este tipo de acuerdos con un gobierno venezolano “dispuesto a firmar lo que sea, en las condiciones que sea, para evitar consecuencias como las que sufrió Maduro y para mantenerse en el poder el mayor tiempo posible”, no hace sino retrasar la construcción de un gobierno democrático.
Subraya que en la postura de Estados Unidos hay un juego entre dos intereses. Por un lado, el Departamento de Estado, presionado por un sector del Partido Republicano que se opuso a Maduro y respalda a María Corina Machado, la principal líder de la oposición, tiene la necesidad de “mostrar que se democratiza Venezuela”. Al mismo tiempo, Washington, como parte de su estrategia geopolítica, busca asegurarse acceso al petróleo “en condiciones que sean favorables para ellos, no necesariamente para Venezuela”.
El pasado 2 de septiembre, al ser consultado sobre Venezuela, Trump dejó en claro su postura: “Delcy, como saben, está haciendo un trabajo muy, muy bueno. Es muy respetada y nosotros queremos eso (elecciones) y ellos también lo quieren. Delcy lo quiere, pero todavía no están preparados”.
La visita del secretario del Interior, Doug Burgum, sienta las bases para el desembarco de empresas estadounidenses en los yacimientos estratégicos. El reto será operar en territorios dominados por grupos armados.
Washington se asegura una participación de 35% en la empresa North American Blue Energy Partners (NABEP), que recibió concesiones por 100 años para explotar 17 yacimientos.
Washington apuesta por una figura controvertida para controlar y explotar una significativa porción de las reservas petroleras venezolanas.
El acuerdo no traerá alivio inmediato en el precio de la gasolina ni garantiza reponer las reservas estratégicas de EEUU; persisten la incertidumbre legal y la vulnerabilidad política.
Historiador
