La investigación sobre el presunto abuso sexual que involucra a los jugadores de Vélez Abiel Osorio, José Florentín, Braian Cufré y Sebastián Sosa sigue su curso. De este grupo, Sosa es el único en libertad y está dispuesto a regresar a los entrenamientos del club.
Después de la audiencia de imputaciones a fines de marzo, donde Sosa fue señalado como "partícipe secundario", logró obtener la libertad bajo fianza tras abonar $50 millones. Mientras tanto, los demás implicados cumplen prisión domiciliaria en Tucumán por 90 días.
La posibilidad de que Sosa vuelva a jugar para Vélez plantea varias incógnitas legales. Según Mariano Santi, abogado especialista en derecho laboral, la Ley de Contrato de Trabajo suspende todos los efectos hasta que haya una condena firme, lo que significa que el club no está obligado a pagar el sueldo ni el jugador a presentarse a entrenar.
Aunque el hecho ocurrió durante una concentración del equipo, el club no correría el riesgo de ser denunciado por el incidente. Santi señala que, en caso de que aparezcan pruebas nuevas, la libertad de Sosa podría revocarse, lo que afectaría tanto a sus intereses deportivos como a la imagen del club.
La Ley 20.160, conocida como el Estatuto del jugador de fútbol profesional, también proporciona pautas en estos casos. Esta ley establece que un contrato puede terminarse por faltas graves, lo que implica la inhabilitación del jugador hasta el 31 de diciembre del año siguiente.
Además, contempla sanciones como amonestaciones, multas que no superen el 20% del sueldo mensual y suspensión del jugador sin salario por un máximo de 60 días, con la obligación de continuar entrenando. También es posible rescindir el contrato.
Vélez suspendió contractualmente a los cuatro jugadores denunciados apenas días después de la acusación. Sin embargo, Sosa, en libertad, podría solicitar su reintegración al equipo. Fabián Berlanga, presidente del club, indicó que la Comisión Directiva decidirá sobre este tema una vez que Sosa regrese y se complete el sumario interno.
Según Santi, la decisión final recae en el club, que puede optar por diversas medidas disciplinarias, como la suspensión del jugador por incumplimiento de obligaciones o aplicar sanciones disciplinarias internas. En cualquier caso, el club debe pagar el sueldo, pero no garantizar la titularidad del jugador.
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