Finalmente, a casi dos meses de que se cayera el primer proyecto de Ley de Bases -más conocida como Ley Ómnibus- en la Cámara de Diputados, el Gobierno de Javier Milei envió el nuevo borrador para su discusión, que incluye la privatización de 18 empresas estatales, menos de la mitad de las 41 presentadas en el original.
A diferencia de la primera Ley Ómnibus que contaba con más de 600 artículos, el borrador contiene 270. El capítulo 2, que ocupa casi cuatro páginas y ocho artículos, agrupa a las empresas públicas en tres categorías en función del destino que tendrán.
Las compañías estatales que el gobierno de Javier Milei quiere dejar en manos privadas en su totalidad son Aerolíneas Argentinas SA, Energía Argentina SA (Enarsa), Radio y Televisión Argentina SE (RTA) e Intercargo SAU. Esta última es la que se agregó a la lista de las que no figuraban en la versión anterior.
El segundo grupo tiene que ver con cinco empresas y sociedades de propiedad total o mayoritaria del Estado que, de acuerdo a la propuesta, serían traspasadas a concesionarias privadas: allí se enlistan Agua y Saneamientos Argentinos SA (Aysa), Correo Oficial de la República Argentina SA (Correo Argentino), Belgrano Cargas y Logística SA, Sociedad Operadora Ferroviaria SE (SOFSE) y Corredores Viales SA.
El último grupo de empresas estatales “sólo podrán ser privatizadas parcialmente debiendo el Estado Nacional mantener la participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias”. Entre estas se encuentran Nucleoeléctrica Argentina SA, la cual tiene a su cargo a Atucha I y II y la Central de Embalse; el Banco de la Nación Argentina, Nación Seguros SA, Nación Reaseguros SA, Nación Seguros de Retiro SA, Nación Servicios SA, Nación Bursatil SA, Pellegrini SA y Yacimientos Carboníferos Río Turbio SA (YCRT).
A diferencia del proyecto de Ley Ómnibus previo, el borrador quita de la lista a algunas de las empresas que más controversias generaron para su aprobación, tales como YPF, Empresa Argentina de Soluciones Satelitales SA (ARSAT), Dioxitek SA, Ferrocarriles Argentinos SE y Administración General de Puertos SE.
Desconocida para el gran público, Dioxitek tiene un carácter estratégico en el procesamiento del uranio concentrado para abastecer los reactores nucleares. La tecnología para la fabricación de polvo de uranio y cobalto escasea en el mundo. Sólo dos países poseen tecnología similar: Brasil y Suecia.
La agencia estatal de noticias Télam se encontraba sujeta a privatización en el primer proyecto pero finalmente fue cerrada cuando su edificio amaneció vallado el 4 de marzo pasado. El gobierno justificó el cierre en que esta tenía pérdidas por $20 mil millones anuales.
La Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones, creada por la misma Ley Bases, intervendrá en las privatizaciones en colaboración con la Sindicatura General de la Nación y la Auditoría General de la Nación.
El artículo 11 de la ley de Bases establece que “el proceso de privatización deberá desarrollarse de conformidad con los principios de transparencia, competencia, máxima concurrencia, gobierno abierto, eficiencia y eficacia en la utilización de los recursos, publicidad y difusión”.
El artículo 12, en tanto, define que “la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones, creada por el artículo 14 de la Ley N° 23.696, intervendrá en las privatizaciones que se lleven adelante en virtud de las disposiciones de la presente ley”.
El artículo 13 dispone que “la Auditoría General de la Nación deberá realizar un examen respecto del proceso de privatización de cada una de las empresas, evaluando el cumplimiento de los aspectos legales y financieros, una vez finalizado el mismo y dentro de un plazo de treinta (30) días hábiles”.
“Este examen deberá ser presentado ante la Comisión Bicameral prevista en el artículo 14 de la Ley N° 23.696”, se indica.
También intervendrá la Sindicatura General de la Nación, según prevé el artículo 14, en la elaboración de “un informe integral sobre la empresa pública en cuestión, que contendrá información detallada sobre sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos, debiendo formular las observaciones y sugerencias que estime pertinentes”.
"El plazo para la emisión del informe será de quince (15) días hábiles a contar desde la recepción de las actuaciones remitidas por el Poder Ejecutivo nacional. Las observaciones o sugerencias formuladas deberán ser expresamente consideradas por el Poder Ejecutivo nacional y remitidas a la Comisión Bicameral creada por el artículo 14 de la presente ley”, se agrega.
VMOS exportaría petróleo desde marzo de 2027. Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, anticipó que el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur comenzaría a exportar en marzo, luego de las tareas de llenado previstas para enero y febrero.
Argentina LNG iniciaría sus obras en febrero. El proyecto de gas natural licuado impulsado por YPF junto con la italiana Eni y la emiratí XRG prevé comenzar su etapa de construcción en febrero de 2027, según el cronograma anunciado por Marín durante la AOG Patagonia 2026.
La decisión final de inversión se espera para noviembre. Marín anticipó que la firma del FID (Final Investment Decision) está prevista para el 26 de noviembre de 2026. Según lo informado, los 28 contratos del proyecto están terminados y los socios trabajan en los últimos ajustes.
Dos proyectos para ampliar la capacidad exportadora. VMOS busca aumentar el transporte de petróleo desde Vaca Muerta hasta la costa atlántica, mientras que Argentina LNG contempla el desarrollo de pozos, plantas de tratamiento, gasoductos, poliductos e instalaciones para exportar gas natural licuado. Ambos proyectos forman parte de la estrategia para ampliar las exportaciones energéticas argentinas.
Fallo. La jueza Loretta Preska cerró formalmente el expediente en primera instancia y dejó sin efecto su fallo de 2023, que condenaba a la Argentina a pagar más de U$S 16.000 millones por la expropiación de YPF.
Esperable. La decisión cumple con el fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, que en marzo revocó la condena y falló a favor del Estado argentino.
Lo próximo. Ahora, la Corte Suprema de Estados Unidos deberá decidir si acepta el pedido de Burford Capital para revisar el fallo. No está obligada a tratar el caso y no hay plazos definidos.
Otro reclamo. En paralelo, Burford inició acciones ante el CIADI, dependiente del Banco Mundial, por el reclamo vinculado a la expropiación de 2012.
Historiador
