Tarjeta SUBE
Su implementación se confirmó a través del Boletín Oficial. Este logro es el resultado de un arduo trabajo del sector privado, que duró meses
Después de un prolongado proceso de análisis, el Estado decidió eliminar la exclusividad del sistema SUBE para el pago de boletos de transporte público en todo el país. Aunque no se implementó todavía, esta medida pionera abre la puerta a la creación de métodos para pagar sin contacto en colectivos, subte y trenes.
La colaboración entre la Secretaría de Transporte y el Banco Central, dos actores clave en la materia, fue crucial para llegar a este punto. Desde abril de este año, estuvieron trabajando en una estrecha colaboración para acordar los detalles del proyecto.
Se oficializó a través de la publicación del decreto 698/2024: “Amplíase el sistema de percepción de tarifas establecido por el Decreto N° 84 del 4 de febrero de 2009 —norma que implementó el sistema SUBE— y sus modificatorios a otros medios de pago que permitan la interoperabilidad, para el acceso a la totalidad de los servicios de transporte público automotor, ferroviarios de superficie y subterráneo y fluvial de pasajeros y servicios de cablevía”.
El término "interoperabilidad de medios de pago" adquiere un nuevo significado. Se refiere a la capacidad para aceptar cualquier medio de pago electrónico sin contacto. Esto "fomentará especialmente el uso de tecnologías que permitan la comunicación inalámbrica, segura y ágil entre el dispositivo de pago y los terminales de cobro en el transporte público de pasajeros".
Además, la medida modificó el “convenio marco” que otorgaba a Nación Servicios el control monopólico del sistema. Esta normativa de 2009 fue firmada por Cristina Fernández de Kirchner, el entonces ministro de Planificación Julio De Vido, y el entonces jefe de Gabinete Sergio Massa. Se suponía que esta regulación solucionaría la "crisis de las monedas," ya que la escasez de dinero en efectivo causaba numerosos problemas a los pasajeros y daba lugar a prácticas turbias.
Dentro de este contexto, el Estado dio un giro significativo al convenio original, eliminando el requisito de que la SUBE fuera el “único modo de percepción de tarifa electrónico”. Ahora, “el Banco de la Nación Argentina será responsable del procesamiento de la totalidad de las transacciones y de la administración y mantenimiento del equipamiento embarcado y no embarcado, en las condiciones que a tal efecto establezca la Autoridad de Aplicación del presente y, de estimarlo necesario, podrá encomendarle el ejercicio de las funciones derivadas de su rol de Agente de Gestión y Administración -en forma total o parcial- a sus sociedades vinculadas en consideración de sus respectivas competencias”.
El decreto publicado esta mañana establece el marco legal necesario para iniciar la apertura a nuevos medios de pago, un proyecto en el que el gobierno estuvo trabajando durante varios meses. Sin embargo, todavía no se puede empezar a pagar el transporte con otros medios que no sea el habitual.
En las próximas semanas, el Gobierno comunicará las fechas, condiciones y características de la apertura del sistema, estableciendo las etapas en que se implementará en todos los modos de transporte del país. Se prevé que el sistema comience a operar en ciertas localidades del interior a partir de septiembre.
La tarjeta continuará operando como de costumbre, pero ahora será solo una de las opciones disponibles para pagar el transporte. El sistema SUBE seguirá desempeñando un papel crucial en la supervisión de los servicios proporcionados por las empresas de colectivos y en el control de sus gastos, además de servir como herramienta para subsidiar la demanda en el transporte público.
Según fuentes del Ministerio de Transporte, se espera que en las próximas semanas se realicen anuncios sobre nuevos productos de SUBE.
Los métodos de pago que se podrán usar para el transporte público incluirán, inicialmente, el uso de tarjetas de débito, ya que es la opción más sencilla y rápida. En fases posteriores, se añadirán tarjetas de crédito, billeteras virtuales y códigos QR. Estos cambios se anunciarán progresivamente a medida que avance el proceso de implementación.
La medida no conlleva gastos adicionales para el Estado Nacional, ya que el financiamiento para la implementación de los nuevos métodos de pago será asumido por el sector privado.
Las personas que tienen tarifa social y boleto estudiantil podrán realizar el pago solo a través de la tarjeta SUBE.
Las personas que ya tienen el beneficio no necesitarán hacer ningún trámite adicional y continuarán viajando como lo han hecho hasta ahora. Se está trabajando para que, en el futuro, este beneficio pueda ser extendido a otros métodos de pago.
De igual manera, el Boleto Estudiantil continuará gestionándose en los distritos correspondientes y se seguirá aplicando mediante la tarjeta SUBE.
La reforma busca modernizar el sistema SUBE, que sufrió por la falta de actualizaciones tecnológicas. Esto llevó a que la gente vuelva a hacer filas en las estaciones, no para obtener monedas, sino para registrar su tarjeta con su nombre.
El considerando de la norma expresa que “en función de la aparición de otros medios de pago vinculados a dispositivos móviles y/o a distintas modalidades de pago, se estima necesario dar a los usuarios la posibilidad de abonar la tarifa de los servicios de transporte público de carácter urbano y suburbano con diversos medios de pago, asegurando la interoperabilidad y la compatibilización del sistema actual con otras modalidades de pago, con el fin de promover la competencia entre distintos proveedores de servicios de pago, la innovación y la mejora en la experiencia de los usuarios de dicho servicio”.
El arribo del sector privado al sistema SUBE conlleva una apertura sin precedentes. A partir de ahora, los dispositivos que se instalarán en los colectivos y estaciones deberán ser compatibles con cualquier tarjeta, ya sea bancaria, de fintech, de débito, crédito o prepagada, sin discriminación alguna. No habrá excepciones ni exclusividades, temporalmente o de manera permanente.
En este sentido, el gobierno destacó, “resulta necesario que aquellos medios de pago que se integren al sistema de transporte público de pasajeros garanticen, como mínimo, iguales niveles de seguridad que aquellos que actualmente soporta el sistema, con mecanismos de autenticación y encriptación para proteger los datos de los usuarios”.
Dado que existen múltiples empresas de transporte (solo en el AMBA, la red SUBE cubre más de 340 líneas de colectivos), se espera que varias compañías ofrezcan servicios de provisión de lectores de tarjetas y procesamiento de pagos. El Gobierno no intervendrá en este asunto, dejando "Que haya contratos entre privados, que los transportistas acuerden con las empresas financieras", según indicaron fuentes hace meses. Este último sector incluye adquirentes (empresas que facilitan a los comercios el cobro mediante métodos electrónicos), emisoras de tarjetas y otras compañías con la capacidad tecnológica para manejar el gran volumen de pagos. Además, los bancos gestionarán una parte de los fondos que actualmente administra exclusivamente el Banco Nación. Las entidades de capital local, agrupadas en ADEBA, habían solicitado abiertamente el año pasado "la universalización de los medios de pago del transporte público" en un documento publicado.
El nuevo plan de modernización del sistema SUBE busca unificar la experiencia del usuario, eliminando la necesidad de agregar tarjetas personales y reducir la espera en las estaciones. En lugar de eso, los nuevos medios de pago se integrarán directamente al sistema SUBE, sin la necesidad de "poner la tarjeta a su nombre" y eliminar el estrés asociado.
Además, gracias a la tecnología actual, las tarjetas de débito o crédito ya vienen identificadas con su dueño, lo que facilitará la implementación de tarifas especiales y promociones. Esta simplificación beneficiará a ambos, el usuario y el sistema.
En términos financieros, el sistema SUBE es un negocio en constante crecimiento. En enero, el sistema administró 340 millones de viajes por un monto de 22.000 millones de pesos. A medida que disminuyen los subsidios en el transporte, se espera que el volumen de dinero aumente exponencialmente. El boleto promedio en enero fue de 65 pesos, y aunque el tráfico disminuye en el verano, se prevé un aumento sostenido en las ganancias.
En términos tecnológicos, el decreto se enfoca en la implementación de tarjetas contactless, que permiten realizar pagos simplemente acercándolas al lector. Esto incluye tanto las tarjetas físicas como los teléfonos móviles que las almacenan, utilizando billeteras digitales como Google Pay o Apple Pay.
El considerando manifiesta, “Los organismos privados vinculados a favorecer el mayor alcance de conexión a internet realizaron distintas mesas de trabajo a efectos de evaluar la posibilidad de ampliar los medios de pago actualmente vigentes y garantizar su correcto funcionamiento operativo, así como también las distintas posibilidades de inversión privada para su implementación”.
Aunque el objetivo inicial era ofrecer una amplia variedad de opciones de pago, los QR podrían no ser una opción viable. La razón radica en la "latencia" inherente a este método, que requiere varios segundos para procesar el pago. Esto sería inaceptable en entornos de alta demanda, como las estaciones de transporte público, donde las personas esperan con impaciencia para subir a un colectivo o cruzar un cruce de líneas.
En contraste, los pagos contactless se realizan en menos de un segundo, lo que garantiza una experiencia más fluida y eficiente para los usuarios. En este sentido, se puede considerar que el uso de QR no es compatible con la naturaleza del servicio público, donde la velocidad y la eficiencia son fundamentales.
Argentina iniciará en 2029. El país se comprometió a implementar el Marco de Reporte sobre Criptoactivos (CARF) y a iniciar el intercambio automático de información sobre transacciones con criptoactivos entre autoridades tributarias.
Foco en operaciones realizadas en el extranjero. El sistema permitirá que las autoridades fiscales argentinas reciban información sobre transacciones con criptoactivos efectuadas fuera del país, uno de los puntos considerados de mayor riesgo para la ocultación de ingresos y patrimonio.
Se suma a 76 jurisdicciones. Con su incorporación, ya son 77 los países y jurisdicciones que se comprometieron a implementar el CARF y comenzar a intercambiar información de manera automática entre 2027 y 2029.
El objetivo es combatir la evasión y la elusión fiscal. El CARF fue desarrollado por la OCDE junto con los países del G20 para extender al universo cripto los mecanismos internacionales de intercambio de información tributaria.
Periodista y director de El Observador 107.9
