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Economía

El Gobierno suspendió a 196 cooperativas de trabajo por irregularidades

Se formaron entre 2021 y 2023, durante el gobierno de Alberto Fernández, y están dirigidas hacia líderes del Movimiento Evita

El Gobierno nacional inició un sumario administrativo que involucra a 196 cooperativas de trabajo formadas entre 2021 y 2023. La decisión fue tomada por el Ministerio de Capital Humano mediante el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES).

La razón detrás de esta resolución radica en que al menos uno de los socios fundadores ha establecido un mínimo de cuatro cooperativas de trabajo durante el mismo intervalo de tiempo.

El informe oficial establece que “las 196 cooperativas, 158 fueron conformadas con 3 ó 5 integrantes, cantidad mínima permitida desde 2021, situación que fue modificada en 2024 por el INAES que eliminó esa posibilidad”.

Capital Humano afirmó que “dos personas habían constituido 14 cooperativas”.

El movimiento Evita de Emilio Persico, apuntado por la creación de cooperativas

Los argumentos presentados por INAES señalaron que “la constitución de una cooperativa tiene por objeto brindar ocupación a sus asociados, quienes perciben por ese concepto una contraprestación, siendo su aporte principal la fuerza de trabajo”.

INAES afirma que “la constitución de múltiples cooperativas en diferentes lugares distantes entre sí, supone un alto grado de certeza, que fácticamente resultaran inviables”.

El informe de Capital Humano sugiere que, por esta razón, "las personas que constituyeron múltiples cooperativas de trabajo no lo hicieron a fin de tener trabajo sino que pudieron desvirtuar la figura de la cooperativa".

En este contexto, Capital Humano menciona a "Emilce Aguirre, cuyo hermano, Matías Aguirre se presenta en sus redes como Concejal de Berazategui".

“La estrecha vinculación del Movimiento Evita con estas cooperativas lo pone de manifiesto que 4 cooperativas fundadas por Emilce Aguirre tienen como domicilio social un local del Movimiento Evita ubicado en Berazategui”, indica el parte.

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Respuesta del Reino Unido: asegura tener "derecho" a explotar el petróleo de Malvinas

  • Rechazo británico a las sanciones. La subsecretaria Uma Kumaran afirmó que las Islas "son británicas" y que sus habitantes tienen derecho a explotar sus recursos naturales. Calificó los cargos argentinos contra empresas e individuos de "inaceptables" y "sin justificación legal", y ofreció respaldo pleno a quienes hacen negocios en el archipiélago.
  • Una guía previa que marcó la postura. Londres había publicado el 15 de septiembre el documento "Haciendo negocios con las Islas Malvinas", donde sostiene que Argentina no ejerce soberanía ni jurisdicción sobre las islas y que ningún tribunal extranjero tiene base jurídica para ejecutar las medidas argentinas. También ofreció asesoramiento legal a las empresas bajo presión.
  • Escalada y respuesta argentina. La Cancillería convocó a los embajadores británico e israelí para entregarles notas de protesta y rechazó la guía, mientras el Gobierno avanza con la Ley de Soberanía Nacional, que extiende las sanciones a cualquier explotación de recursos naturales en Malvinas y prevé penas de hasta 20 años de prisión.