Javier Milei firmó el DNU para el acuerdo con el FMI: el Congreso deberá definir su validez
El decreto busca evitar la aprobación legislativa completa. La oposición denuncia que es inconstitucional y presentó una denuncia penal contra el presidente
Lo que importa sobre la firma del DNU del acuerdo con el FMI
- El presidente Javier Milei firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que habilita el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sin necesidad de una ley aprobada por ambas cámaras del Congreso.
- El Gobierno sostiene que el acuerdo no implica más deuda, sino una reestructuración de compromisos anteriores, y que los desembolsos fortalecerán el balance del Banco Central.
- La oposición y varios economistas cuestionan la legalidad del DNU, argumentando que la “ley Guzmán” exige que el Congreso apruebe cualquier acuerdo de financiamiento con el FMI.
- Diputados de Unión por la Patria presentaron una denuncia penal contra Milei por presunta violación de la Constitución y abuso de autoridad.
- El Congreso tiene diez días para analizar el decreto, que quedará firme si al menos una de las dos cámaras no lo rechaza.
Contexto
¿Por qué el Gobierno recurrió a un DNU para aprobar el acuerdo con el FMI?
El presidente Javier Milei decidió firmar un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para sellar el nuevo acuerdo con el FMI sin pasar por un debate legislativo completo.
El oficialismo argumenta que el acuerdo no implica un aumento en la deuda del país, sino que se trata de una reorganización de pasivos, donde el Tesoro Nacional usará los nuevos desembolsos del FMI para cancelar deuda con el Banco Central y obligaciones previas con el organismo internacional.
El Gobierno sostiene que el acuerdo tiene un objetivo clave: fortalecer el balance del BCRA. En una columna publicada en La Nación, Milei explicó que los fondos del FMI se utilizarán para pagar pasivos y que "la inflación será solo un mal recuerdo del pasado" gracias a esta estrategia.
A su vez, el DNU le permite al Ejecutivo avanzar sin enfrentar la resistencia de la oposición en el Senado, donde el oficialismo tiene menos margen de maniobra. En Diputados, en cambio, el Gobierno confía en contar con los votos necesarios para evitar que el decreto sea rechazado.
¿Qué establece el acuerdo con el FMI?
El texto del DNU especifica que las operaciones de crédito público dentro del nuevo Programa de Facilidades Extendidas tendrán un plazo de amortización de diez años, con un período de gracia de cuatro años y seis meses.
Los fondos se destinarán a:
- Cancelar letras intransferibles en dólares en poder del Banco Central.
- Cubrir vencimientos del acuerdo de 2022 con el FMI dentro de los próximos cuatro años.
- Pagar intereses y cargos del programa bajo las condiciones del FMI.
El Gobierno asegura que mantendrá su política de déficit cero y que los fondos no se usarán para gasto público, sino exclusivamente para cancelar deuda existente.
A esto se sumarán aportes adicionales: USD 6.000 millones del Banco Mundial y USD 4.000 millones del BID, lo que elevaría el total del financiamiento a unos USD 20.000 millones.
¿Qué dice la oposición y por qué denuncian que el DNU es inconstitucional?
Varios sectores de la oposición cuestionan la legalidad del DNU, argumentando que la Constitución establece que cualquier operación de financiamiento con organismos internacionales debe ser aprobada por el Congreso.
En particular, se amparan en la "ley Guzmán", aprobada en 2021, que establece en su artículo 2 que “todo programa de financiamiento u operación de crédito público con el FMI requerirá de una ley del Congreso”.
Diputados de Unión por la Patria (UP) presentaron una denuncia penal contra Milei, alegando que el decreto viola los artículos 75 y 76 de la Constitución Nacional y que constituye un acto de usurpación de funciones del Poder Legislativo.
Según los legisladores denunciantes, el DNU configura un abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, tipificados en los artículos 248 y 249 del Código Penal.
El Gobierno sostiene, en cambio, que el decreto tiene fuerza de ley y que el Congreso solo debe aprobar la operación de crédito público, no los términos del acuerdo con el FMI.
¿Cuál es el procedimiento legislativo para un DNU?
El DNU firmado por Milei deberá ser analizado por la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, presidida por el senador libertario Juan Carlos Pagotto.
El Ejecutivo tiene diez días para enviar el decreto al Congreso, y la comisión tiene otros diez días para emitir dictamen. Si la comisión no se pronuncia en ese plazo, el debate pasará a los recintos de Diputados y el Senado.
Para que el DNU quede sin efecto, ambas cámaras deben rechazarlo. Sin embargo, si una sola lo aprueba o no lo trata, el decreto quedará vigente.
El oficialismo confía en que tiene los votos para sostenerlo en Diputados, mientras que en el Senado la situación es más incierta, debido a la oposición del bloque kirchnerista.
¿Cuáles son las posibles consecuencias del acuerdo con el FMI?
El Gobierno espera que la aprobación del acuerdo tenga tres impactos clave:
- Fortalecer el balance del Banco Central, lo que permitiría avanzar en la salida del cepo cambiario.
- Reducir la volatilidad financiera, evitando presiones sobre el tipo de cambio y el riesgo país.
- Consolidar el proceso de desinflación, al asegurar estabilidad monetaria y credibilidad en el programa económico.
Sin embargo, algunos economistas advierten que el uso de los fondos solo para pagar deuda no garantiza un alivio inmediato para la economía real y que la salida del cepo aún dependerá de la acumulación de reservas y de la capacidad del Banco Central para sostener el crawling peg del 1% mensual.
Desde la oposición, insisten en que el FMI podría exigir nuevas condiciones fiscales y monetarias, que podrían afectar el nivel de actividad económica y el empleo.
Cómo sigue
El debate sobre la legalidad del DNU y el acuerdo con el FMI será uno de los ejes políticos y económicos de las próximas semanas.
- Publicación del DNU: El decreto se publicará en el Boletín Oficial y entrará en vigencia de inmediato.
- Análisis en el Congreso: La Comisión Bicameral de Trámite Legislativo deberá expedirse en un plazo de diez días. Si no lo hace, el debate se trasladará a las cámaras.
- Definición legislativa: Si el Senado y Diputados lo rechazan, el DNU quedará sin efecto. Si una de las dos cámaras lo aprueba o no lo trata, quedará vigente.
- Reacción del FMI: El organismo deberá ratificar el acuerdo y definir los desembolsos previstos.
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Hotesur - Los Sauces: empieza el juicio por lavado de dinero contra Cristina y Máximo Kirchner
- Debate. El juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces comienza abrirá el tercer proceso judicial por corrupción contra la expresidenta Cristina Kirchner, además de tener por primera vez en el banquillo de los acusados al diputado Máximo Kirchner.
- Inicio. La primera audiencia está prevista para este viernes en la Sala AMIA de los tribunales de Comodoro Py, a la que ambos asistirán de manera virtual.
- Lavado de dinero y asociación ilícita. La investigación se centra en un mecanismo que habría usado la firma hotelera e inmobiliaria para blanquear retornos provenientes de la obra pública.
- Acusados y testigos. Las causas tienen 19 acusados, entre ellos Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián de Sousa. En total, ambas causas reunían más de 300 testigos, pero las partes acordaron reducir la lista para darle celeridad al debate.
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ANDIS: Lijo citó a indagatoria a directivos de la Droguería Suizo Argentina y decretó la inhibición de sus bienes
- Indagatorias y bienes inhibidos. A pedido de los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, el juez Ariel Lijo citó para el 29 de octubre a los hermanos Jonathan y Emanuel Kovalivker. En total convocó a 36 imputados, que declararán hasta el 26 de noviembre, y decretó la inhibición general de bienes de todos los involucrados para evitar que los activos se vuelvan inalcanzables para el Estado.
- Una droguería que actuaba como “dueña” de la agencia. Según los fiscales, la Suizo Argentina recibía información anticipada, controlaba las compulsas, fijaba precios con sobreprecios y usaba a Génesis S.A. como firma interpuesta. También habría dado órdenes sobre a qué firmas pagar y a quién designar o despedir dentro de la ANDIS.
- Más de $137.000 millones en compras. Entre mayo de 2024 y agosto de 2025, la droguería obtuvo órdenes de compra por esa cifra, que los fiscales atribuyen a competencias simuladas y valores arbitrarios. Lijo también amplió la indagatoria de tres ya procesados por asociación ilícita: Atchabahian, Calvete y Arnaudo.
- La versión de la empresa. Suizo Argentina rechazó las imputaciones y los sobreprecios y cuestionó las pruebas incorporadas a la causa, que calificó como un relato armado con mensajes y audios de personas que, según la compañía, en algunos casos nunca tuvieron vínculo con ella. Sostuvo que la ANDIS era uno de más de 10.000 clientes y que el 95% de su facturación proviene del sector privado, y afirmó que “la inocencia es total”.
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- Ley de Fortalecimiento al Sistema de Discapacidad. Tuvo media sanción con un consenso prácticamente unánime, un punto central del debate en medio de las discusiones por la situación de los prestadores y el financiamiento de las prestaciones. Se trata del proyecto de LLA, PRO, UCR, posteriormente empujado por el MID y Argentina Federal.
- Inviolabilidad de la Propiedad Privada. El proyecto volvió al Senado tras ser modificado en Diputados por un margen ajustado (124 a 119), ya que incluyó la restitución de los límites a la titularidad extranjera de tierras rurales.
- Vandalismo rural. Obtuvo media sanción el proyecto del PRO que pena con hasta 10 años de prisión los daños a la producción agropecuaria, silobolsas e instalaciones rurales.
- Trazabilidad de medicamentos. Tras la crisis del fentanilo contaminado, se dio media sanción con respaldo transversal al sistema SNATECS para monitorear medicamentos de alto riesgo e insumos críticos. La iniciativa es empujada por la libertaria Giudici.
- Endeudamiento familiar. Tras más de 15 horas de sesión y por falta de apoyo a su dictamen, La Libertad Avanza logró postergar el debate por morosidad crediticia y que así no se trate la iniciativa opositora.
- Transferencia de un inmueble nacional. Se le dio media sanción al proyecto radical para pasar a título gratuito a la provincia del Chaco un inmueble de 6,2 hectáreas de Nación, donde funciona el Centro de Acopio y Embarque Barranqueras (CAEB).
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- Cártel de Sinaloa (México). Es una organización criminal transnacional dedicada al narcotráfico, contrabando, secuestros extorsivos y otras actividades delictivas, que ya ha sido designada como organización terrorista por múltiples países, incluido Estados Unidos.
- La Nueva Familia Michoacana (México). Es una organización criminal mexicana que se especializa en el tráfico internacional de drogas y la minería ilegal, con una alarmante expansión regional.
- Los Tiguerones (Ecuador). Es un cártel de origen ecuatoriano que se especializa en actividades de narcotráfico y sicariato, siendo una de las organizaciones criminales más violentas de la región.
- FARC-EP y EL (Colombia). Son organizaciones guerrilleras insurgentes de extrema izquierda, basadas en la ideología y los principios del marxismo-leninismo y la revolución armada.
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