La UIA alerta sobre la presión fiscal sobre la economía formal: "La más alta del mundo"
El Departamento de Política Tributaria de la entidad fabril comparó ocho tributos en 30 países y encontró una brecha de 28 puntos frente al índice tradicional de recaudación.
La Unión Industrial Argentina (UIA) presentó este miércoles un informe que compara la carga tributaria sobre el sector formal de la economía en 30 países y concluyó que la Argentina encabeza ese ranking, con una presión del 56% sobre las empresas que cumplen con sus obligaciones fiscales. El dato contrasta con otro que aparece en el mismo estudio: si se mide la recaudación total como porcentaje del Producto Bruto Interno (PBI), sin ajustar por informalidad, el país ocupa el puesto 12 entre esas mismas 30 economías, con el 28%. La distancia entre ambos números, 28 puntos porcentuales, es el eje central del trabajo elaborado por el Departamento de Política Tributaria de la entidad fabril.
El informe, denominado "Carga Fiscal sobre el Sector Formal", analiza ocho tributos -impuesto a las ganancias societarias, IVA, débitos y créditos bancarios, bienes personales, ingresos brutos, tasas municipales, sellos y derechos de exportación- en un grupo de países que incluye a los integrantes del G20, las naciones sudamericanas y se completa con Países Bajos, España y Suiza. Según el documento, esa muestra representa el 81% del producto bruto mundial. La comparación se hizo en dólares estadounidenses y no incorpora el efecto de la inflación sobre la carga fiscal de cada país.
La clave metodológica que explica el salto del puesto 12 al primero es un ajuste que el propio informe detalla: para calcular la "presión fiscal formal", el equipo de la UIA restó del PBI total una proporción equivalente al porcentaje de empleo que queda fuera del sector formal, según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El mismo nivel de recaudación se reparte entonces sobre una base económica más chica cuando se excluye a la economía informal, lo que eleva la presión relativa sobre quienes están registrados. El documento lo resume así: "Argentina ocupa el primer lugar entre los países con mayor presión fiscal sobre el sector formal".
Los cinco primeros puestos
Del total de ocho impuestos relevados, la Argentina lidera cinco: débitos y créditos bancarios -el llamado impuesto al cheque-, bienes personales, ingresos brutos junto con las tasas municipales, sellos y derechos de exportación. En ganancias societarias ocupa el segundo lugar, detrás de Colombia, y en IVA el cuarto, detrás de Brasil, Uruguay e Italia.
El impuesto al cheque, creado en 2001 con carácter transitorio, sigue vigente con una alícuota del 0,6% sobre débitos y créditos bancarios, la más alta entre los cuatro países de la muestra que aplican un tributo de ese tipo. En bienes personales, la UIA ubica a la Argentina en el primer puesto no por tener la alícuota más alta -es del 0,75%, muy por debajo del 3,5% de España-, sino porque es el único país que aplica la base imponible bruta, sin deducción de deudas, combinada con un mínimo no imponible bajo.
Ingresos brutos y las tasas municipales aparecen como el capítulo con mayor carga acumulada. La provincia grava en cascada toda la cadena de producción con una alícuota promedio del 1,5% para la industria, y el municipio suma otra tasa sobre la misma base imponible, con un promedio del 3%. El informe describe esa superposición como "doble imposición" y señala que solo Italia y Canadá tienen impuestos comparables, aunque con menor presión. Los derechos de exportación, por su parte, tienen apenas otro país que los replique entre los 30 relevados: Rusia, con una alícuota del 3,9% contra el 8,68% de la Argentina.
Cambios y propuestas
En comparación con el informe anterior de la UIA, de 2023, la presión fiscal sobre el sector formal subió seis puntos porcentuales. Hubo, sin embargo, un movimiento en sentido contrario en ganancias societarias: la Argentina cedió el primer lugar a Colombia, que en 2022 llevó su alícuota del 31% al 35% y sumó una retención del 20% sobre dividendos. En la Argentina, la carga efectiva sobre la renta empresaria -sumando el 35% societario y el 7% de retención a dividendos- llega al 39,5%.
El otro cambio relevante ocurrió en derechos de exportación. El informe cita el Decreto 566/2026, que avanzó en la eliminación de retenciones para 5.154 posiciones arancelarias del sector industrial. Según el texto, ese universo representa el 97% de los productos industriales que ya no pagan el tributo o llegarán a alícuota cero en 2027, y explica cerca del 85% del valor total de las exportaciones de manufacturas de origen industrial. Pese a esa reducción, el documento aclara que a julio de 2026 "aún persisten gravámenes de derechos de exportación en el sector industrial", motivo por el cual la Argentina retiene el primer puesto en ese rubro.
El informe cierra con un paquete de diez propuestas dirigidas a bajar lo que la entidad denomina "costo laboral no salarial" y la carga sobre el llamado sector transable, es decir, el que compite con importaciones o exporta. Entre los principales pedidos figuran una alícuota única del 25% para ganancias societarias, la devolución automática de saldos a favor de IVA, la eliminación de los derechos de exportación para manufacturas de origen industrial y alimentos elaborados, y el cómputo del impuesto al cheque como pago a cuenta de otros tributos hasta su eliminación gradual. También reclama que las provincias reduzcan las alícuotas de ingresos brutos "hasta llegar a 0% en un período cierto", en el marco del Consenso Fiscal 2026, y propone un régimen de estabilidad fiscal y jurídica por 30 años, similar al del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
La baja participación del tren en el transporte de cargas, el déficit de material rodante y la falta de integración logística condicionan el crecimiento proyectado de la minería, la energía y la industria.
Un informe de Ibope analiza a los fans en 36 países y presenta datos sobre nivel de interés, género, nivel socioeconómico, intereses y planes de gasto.
Indagatorias y bienes inhibidos. A pedido de los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, el juez Ariel Lijo citó para el 29 de octubre a los hermanos Jonathan y Emanuel Kovalivker. En total convocó a 36 imputados, que declararán hasta el 26 de noviembre, y decretó la inhibición general de bienes de todos los involucrados para evitar que los activos se vuelvan inalcanzables para el Estado.
Una droguería que actuaba como “dueña” de la agencia. Según los fiscales, la Suizo Argentina recibía información anticipada, controlaba las compulsas, fijaba precios con sobreprecios y usaba a Génesis S.A. como firma interpuesta. También habría dado órdenes sobre a qué firmas pagar y a quién designar o despedir dentro de la ANDIS.
Más de $137.000 millones en compras. Entre mayo de 2024 y agosto de 2025, la droguería obtuvo órdenes de compra por esa cifra, que los fiscales atribuyen a competencias simuladas y valores arbitrarios. Lijo también amplió la indagatoria de tres ya procesados por asociación ilícita: Atchabahian, Calvete y Arnaudo.
La versión de la empresa. Suizo Argentina rechazó las imputaciones y los sobreprecios y cuestionó las pruebas incorporadas a la causa, que calificó como un relato armado con mensajes y audios de personas que, según la compañía, en algunos casos nunca tuvieron vínculo con ella. Sostuvo que la ANDIS era uno de más de 10.000 clientes y que el 95% de su facturación proviene del sector privado, y afirmó que “la inocencia es total”.
Ley de Fortalecimiento al Sistema de Discapacidad. Tuvo media sanción con un consenso prácticamente unánime, un punto central del debate en medio de las discusiones por la situación de los prestadores y el financiamiento de las prestaciones. Se trata del proyecto de LLA, PRO, UCR, posteriormente empujado por el MID y Argentina Federal.
Inviolabilidad de la Propiedad Privada. El proyecto volvió al Senado tras ser modificado en Diputados por un margen ajustado (124 a 119), ya que incluyó la restitución de los límites a la titularidad extranjera de tierras rurales.
Vandalismo rural. Obtuvo media sanción el proyecto del PRO que pena con hasta 10 años de prisión los daños a la producción agropecuaria, silobolsas e instalaciones rurales.
Trazabilidad de medicamentos. Tras la crisis del fentanilo contaminado, se dio media sanción con respaldo transversal al sistema SNATECS para monitorear medicamentos de alto riesgo e insumos críticos. La iniciativa es empujada por la libertaria Giudici.
Endeudamiento familiar. Tras más de 15 horas de sesión y por falta de apoyo a su dictamen, La Libertad Avanza logró postergar el debate por morosidad crediticia y que así no se trate la iniciativa opositora.
Transferencia de un inmueble nacional. Se le dio media sanción al proyecto radical para pasar a título gratuito a la provincia del Chaco un inmueble de 6,2 hectáreas de Nación, donde funciona el Centro de Acopio y Embarque Barranqueras (CAEB).