Desde hace más de veinte años se anuncia el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur como un símbolo de cooperación entre regiones que comparten valores democráticos y vínculos históricos. Esa es la versión oficial, sin embargo la realidad es distinta: no se trata de afinidades culturales ni de una visión común del mundo, sino de pura necesidad geopolítica. Europa, debilitada, busca abastecerse de alimentos, energía y minerales estratégicos, mientras América del Sur ofrece recursos y mercados en un momento donde las grandes potencias reconfiguran el tablero global.
La Unión Europea enfrenta una pérdida de poder sin disimulo. La guerra en Ucrania dejó al descubierto su dependencia energética y militar. Su relación comercial con China está bajo tensión, y Estados Unidos, dominado por la lógica del "America First", es un socio imprevisible. En ese contexto, Bruselas necesita aliados estables que garanticen suministros y oportunidades para sus exportaciones industriales. El Mercosur aparece como una opción práctica, es un proveedor confiable de granos, carne, litio y hierro, con gobiernos dispuestos a negociar. El lenguaje diplomático habla de "diversificación" y "sostenibilidad", pero lo que realmente impulsa el acuerdo es la urgencia europea de reducir vulnerabilidades y mantener influencia en una región donde China ya avanzó demasiado.
El bloque sudamericano llega al acuerdo desde posiciones muy dispares. Brasil, bajo el liderazgo de Lula da Silva, busca el centro del escenario global con una agenda ideológica que lo ha alejado del mundo occidental. Lula defendió posiciones favorables a regímenes autoritarios, evitó condenar a Rusia por la invasión de Ucrania y mantuvo una postura ambigua frente a los ataques terroristas de Hamás. Su acercamiento al eje China-Rusia le resta credibilidad ante Estados Unidos y Europa, y el acuerdo con la Unión Europea funciona para él como un modo de mantener una puerta abierta hacia Occidente, sin alterar su rumbo político.
Argentina, en cambio, atraviesa un momento diferente. El gobierno de Javier Milei no necesita validación externa ni reconocimiento simbólico, cuenta con legitimidad interna por resultados económicos concretos, como reducir la inflación y el ordenamiento fiscal. Desde su perspectiva, el acuerdo con la Unión Europea es una herramienta económica más, una vía para ampliar exportaciones, atraer inversiones y acelerar la apertura comercial; no es un gesto político.
El relato oficial de Bruselas sobre cooperación verde, digitalización y estándares sostenibles es una máscara. Europa conservará el control sobre las normas y restringirá las importaciones cuando le convenga. El Mercosur abrirá sus mercados y Europa venderá tecnología, autos y farmacéuticos. No es un acuerdo entre iguales, sino un intercambio entre la necesidad europea y la oportunidad sudamericana. Lo que se presenta como integración económica es, en realidad, una operación de supervivencia estratégica: Europa debe garantizar su acceso a los recursos del hemisferio sur antes de que sea demasiado tarde.
Las cosas como son
Mookie Tenembaum aborda temas internacionales como este todas las semanas junto a Horacio Cabak en su podcast El Observador Internacional, disponible en Spotify, Apple, YouTube y todas las plataformas.
Debate. El juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces comienza abrirá el tercer proceso judicial por corrupción contra la expresidenta Cristina Kirchner, además de tener por primera vez en el banquillo de los acusados al diputado Máximo Kirchner.
Inicio. La primera audiencia está prevista para este viernes en la Sala AMIA de los tribunales de Comodoro Py, a la que ambos asistirán de manera virtual.
Lavado de dinero y asociación ilícita. La investigación se centra en un mecanismo que habría usado la firma hotelera e inmobiliaria para blanquear retornos provenientes de la obra pública.
Acusados y testigos. Las causas tienen 19 acusados, entre ellos Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián de Sousa. En total, ambas causas reunían más de 300 testigos, pero las partes acordaron reducir la lista para darle celeridad al debate.
Indagatorias y bienes inhibidos. A pedido de los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, el juez Ariel Lijo citó para el 29 de octubre a los hermanos Jonathan y Emanuel Kovalivker. En total convocó a 36 imputados, que declararán hasta el 26 de noviembre, y decretó la inhibición general de bienes de todos los involucrados para evitar que los activos se vuelvan inalcanzables para el Estado.
Una droguería que actuaba como “dueña” de la agencia. Según los fiscales, la Suizo Argentina recibía información anticipada, controlaba las compulsas, fijaba precios con sobreprecios y usaba a Génesis S.A. como firma interpuesta. También habría dado órdenes sobre a qué firmas pagar y a quién designar o despedir dentro de la ANDIS.
Más de $137.000 millones en compras. Entre mayo de 2024 y agosto de 2025, la droguería obtuvo órdenes de compra por esa cifra, que los fiscales atribuyen a competencias simuladas y valores arbitrarios. Lijo también amplió la indagatoria de tres ya procesados por asociación ilícita: Atchabahian, Calvete y Arnaudo.
La versión de la empresa. Suizo Argentina rechazó las imputaciones y los sobreprecios y cuestionó las pruebas incorporadas a la causa, que calificó como un relato armado con mensajes y audios de personas que, según la compañía, en algunos casos nunca tuvieron vínculo con ella. Sostuvo que la ANDIS era uno de más de 10.000 clientes y que el 95% de su facturación proviene del sector privado, y afirmó que “la inocencia es total”.