Economía

Paro en los puertos: con nombres y DNI, Prefectura intimó a más de 500 trabajadores a levantar la medida de fuerza

A través de un Edicto, se les ordena retomar "de inmediato" la prestación del servicio bajo apercibimiento de eventuales sanciones administrativas y denuncias penales.

La Prefectura Naval Argentina (PNA) notificó de manera individual a más de 500 prácticos, pilotos y baqueanos para que cesen el paro que mantiene paralizada la actividad portuaria en distintos puntos del país.

En las intimaciones, que incluyen el nombre completo y el número de DNI de cada profesional habilitado, se les ordena retomar "de inmediato" la prestación del servicio bajo apercibimiento de eventuales sanciones administrativas y denuncias penales.

"A todo evento se le hace saber que frente al incumplimiento de la presente intimación será objeto de las sanciones disciplinarias contenidas en el Anexo I del Decreto N° 690/26 por ser considerada falta grave la negativa a prestar el servicio, y el juzgamiento de su conducta en la faz administrativa quedará encuadrada en las previsiones del citado Anexo I y del Decreto Nº 37/2025 (REGINAVE), punible con las sanciones previstas en los artículos 599.0101 y 599.0102 de este último", enfatizó la PNA en el Edicto publicado este martes en la edición matutina del Boletín Oficial (BORA).

El argumento oficial es que el practicaje constituye un servicio público regulado por la Ley de Navegación y que su interrupción afecta una actividad considerada esencial para el funcionamiento del sistema portuario.

Desde el Gobierno nacional sostienen que la paralización impide el normal funcionamiento del comercio exterior y genera consecuencias sobre las exportaciones, las importaciones y distintos proyectos energéticos que dependen del ingreso y egreso de buques.

¿Por qué hay paro en todos los puertos del país?

La protesta fue lanzada por los prácticos, pilotos y baqueanos luego de la publicación del Decreto 690/2026, que modifica el régimen del servicio de practicaje y pilotaje con el objetivo de introducir mayor competencia y reducir costos logísticos.

Entre los principales cambios, la norma crea un registro abierto de profesionales habilitados administrado por la Prefectura Naval, elimina restricciones para el ingreso de nuevos prestadores, permite la contratación directa por parte de los usuarios y establece que la Agencia Nacional de Puertos y Navegación fijará tarifas máximas para el servicio. También elimina parte de la segmentación geográfica que obligaba a cambiar de práctico durante un mismo recorrido y amplía los casos en los que algunos buques quedan exceptuados de contratar el servicio obligatorio.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió la reforma al afirmar que "la Argentina necesita que sus ríos sean una autopista para el desarrollo, no un kiosco regulatorio", al presentar los cambios impulsados por el Ejecutivo.

En cambio, los profesionales que llevan adelante la medida de fuerza sostienen que la nueva reglamentación modifica aspectos vinculados con la seguridad de la navegación y anticiparon que impulsarán acciones judiciales contra el decreto.

El paro provocó la paralización de operaciones en puertos de todo el país y afectó el movimiento de embarcaciones destinadas a la exportación de granos, combustibles y otras cargas.

Entre las operaciones demoradas figura el ingreso del buque White Marlin, previsto para tareas vinculadas al proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), que permaneció fondeado sin poder ingresar al puerto por la ausencia de un práctico disponible. También se registraron demoras en la operatoria comercial y en la logística del comercio exterior.

Financiamiento universitario: la Justicia multa a Diego Santilli con $100.000 por día por incumplir la cautelar

Financiamiento universitario: la Justicia multa a Diego Santilli con $100.000 por día por incumplir la cautelar
  • Multa de $100.000 por día. El juez Martín Cormick hizo efectivo el apercibimiento del 30 de septiembre y aplicó multas diarias a la Jefatura de Gabinete por no cumplir la cautelar que obliga a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, firme desde un fallo de la Corte en junio. El expediente está en consideración de la Cámara de Apelaciones.
  • La defensa oficial. El Gobierno sostuvo que no estaba claro qué se incumplió y que los aumentos entre diciembre de 2023 y agosto de 2026 superaron el 226,46% del IPC. Mencionó una recomposición en junio, una oferta paritaria del 3% en septiembre y becas Manuel Belgrano de $187.495, y rechazó incluir otros programas.
  • Por qué el juez vio desobediencia. Cormick calculó una inflación acumulada de 312,19% hasta junio de 2026 y concluyó que no está respaldado que los salarios docentes y no docentes se hayan ajustado como manda la ley. Sobre las becas, dijo que la norma exige recomponer todos los programas (Progresar, Enfermería y otros), no solo el Manuel Belgrano.

El proyecto de Malvinas se demora por tres críticas clave de la oposición

El proyecto de Malvinas se demora por tres críticas clave de la oposición
  • Polémica con la "Ley Malvinas". En el artículo 111, se busca penalizar con cinco a 12 años de prisión (y hasta 15 con agravantes) a quienes ejecuten campañas masivas de desinformación o sabotaje con financiamiento o respaldo de agentes extranjeros.
  • Resistencia opositora. La oposición y sectores de la prensa califican como una amenaza directa a la libertad de expresión y piden corregir la redacción (para que sea más específica) o eliminar el artículo.
  • Control legislativo. Para destrabar el tratamiento, diputados de La Libertad Avanza además contemplan crear una comisión bicameral en el Congreso que supervise al Consejo de Seguridad Nacional propuesto por Javier Milei.
  • Tensión por la infraestructura crítica. El proyecto le otorga al Estado la potestad de auditar, custodiar o intervenir redes estratégicas de energía, minería y telecomunicaciones; AmCham solicitó un esquema de cooperación voluntario, pero la iniciativa propone un control de seguridad e inteligencia centralizado.