El fiscal rechazó nuevamente la apelación presentada por Aníbal Lotocki contra la condena a ocho años de prisión
El cirujano presentó un recurso de casación horizontal, solicitando la revisión de la condena por otra sala de la Cámara de Casación porteña, el cual fue parcialmente admitido y está actualmente en proceso
El fiscal general Sandro Abraldes rechazó otra vez la apelación presentada por Aníbal Lotocki, quien actualmente se encuentra detenido, con el objetivo de revertir una condena a ocho años de prisión por lesiones graves a sus pacientes.
Este recurso se centra en el delito de "estafa" en perjuicio de una de sus pacientes, Gabriela Trenchi. Además, la defensa del médico presentó un "recurso extraordinario federal" con la intención de llevar la cuestión directamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El fiscal Abraldes se opuso a esta petición, argumentando: “el recurrente no ha logrado introducir la cuestión federal a debatir, pues la relación directa del problema con las garantías constitucionales que se afirman violentadas no ha sido demostrada”. “La parte no ha logrado demostrar la arbitrariedad invocada, en tanto sólo se ha limitado a reiterar los argumentos ya analizados por la Sala III de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional al momento de dictar la resolución que pretende impugnar, sin lograr introducir argumentos de peso que demuestren graves deficiencias lógicas del razonamiento que conduzcan a invalidarlo como acto de gobierno”, añadió.
En este contexto, el fiscal sostuvo que “sólo se trata de un mero juicio discrepante con el criterio adoptado”, ya que el “el pronunciamiento judicial impugnado cuenta con fundamentos jurídicos suficientes que le otorgan plena validez”. Argumentó que la defensa oculta su verdadera intención detrás de una simple disconformidad con la decisión, ya que la sentencia recurrida aborda detalladamente todos los puntos controvertidos presentados por las partes.
Acuerdos. El oficialismo modificó el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional enviado por Milei para asegurar el respaldo de bloques dialoguistas y dictaminar este martes pasadas las 17. "Es nuestra prioridad", mencionaron del bloque de Diputados.
Límites a las sanciones. Se acotaron las prohibiciones dirigidas a proveedores y accionistas de empresas que exploten recursos naturales en las islas sin autorización del Estado argentino.
Control parlamentario. El Congreso sumará facultades de supervisión y se creará una Comisión Bicameral de Seguimiento (cuatro diputados y cuatro senadores) a la que el Consejo de Seguridad Nacional deberá reportar sus medidas en un plazo de 48 horas.
Cambios en el artículo 111. El mismo reprime con cárcel ciertos actos contra el Estado; se cambió la figura de "desinformación masiva" por la de "campaña de injerencia extranjera", explicitando que no afectará el trabajo periodístico, académico ni diplomático, aunque mantendrá penas de 5 a 12 años de prisión.
