La TV Pública, emblema de los medios estatales que Milei prometió privatizar durante su campaña
El Gobierno interviene Télam, RTA, TV Pública, Encuentro, Pakapaka, DeporTV y Contar
Mediante el decreto 117/2024 el Gobierno nacional dispuso la intervención por un año, prorrogable por uno más, con el fin de “reformular y readecuar las sociedades” y “modificando las contrataciones y la estructura del personal”.
El gobierno de Javier Milei decretó, según lo publicado en el Boletín Oficial, la intervención de los medios públicos por un año, después de delegar el control de esas unidades en la Jefatura de Gabinete de Ministros, con el fin de allanar el camino hacia la posibilidad de una privatización, a tono con sus promesas de campaña y con la autorización que figura en la ley ómnibus que se está debatiendo en el Congreso de la Nación.
A través del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 111/2024, el Gobierno estableció que la medida abarca a Educ,ar, Télam, Radio y Televisión Argentina y Contenidos Públicos, que nuclea la TV Pública, Encuentro, Pakapaka, DeporTV y la plataforma Contar.
El interventor designado por el Ejecutivo es Diego Martín Chaher, mientras que el interventor adjunto será Diego Sebastián Marías, que funcionarán bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, al comando de Nicolás Posse, quien también podrá prorrogar la intervención por una sola vez, según establece la normativa.
Chaher fue administrador del Grupo América por casi dos décadas, y Marías es un exlegislador porteño de Pro y miembro del Consejo de la Magistratura
Los objetivos de la intervención, según el decreto, incluyen “reformular y readecuar las sociedades, evaluar o modificar el personal o aprobar un nuevo Estatuto, evaluar o modificar el régimen de administración de fondos, ampliando o reduciendo las partidas presupuestarias, modificar las contrataciones y la estructura de personal, y disponer de una auditoría integral sobre el estado de las instalaciones”.
Además, la intervención estará encargada de “presentar una rendición de cuentas, designar funcionarios y personal y encargarse de mantener la sustentabilidad de las empresas”.
Ampliación del proyecto de sanciones. En el marco de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que se enviará al Congreso, la Casa Rosada analiza extender el esquema de sanciones —hoy centrado en las petroleras— a la actividad pesquera vinculada a licencias británicas en Malvinas.
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