El escándalo de los intermediaros de seguros en la gestión del ex presidente Alberto Fernández suma nuevas aristas cada día. Esta semana se conoció que el broker Héctor Martínez Sosa, esposo de la secretaria de Fernández, apareció en otra repartición estatal: gracias a un requerimiento del juez Julián Ercolini, la Secretaría de Turismo de la Nación le informó a la Justicia que ese broker actuó como asesor en varias pólizas durante la gestión de Matías Lammens como ministro, antes de que la repartición fuese transformada en Secretaría por la nueva gestión.
El organismo que hoy está en cabeza de Yanina Martínez respondió el requerimiento con un detalle de varias planillas con los números de pólizas, los montos asegurados, y el productor involucrado. Según esos documentos, Martínez Sosa aparece asociado a otro productor, Norberto Matías Garrido, que habría tenido el monopolio de los seguros en esa cartera. La dupla Martínez Sosa/Garrido obtuvo más de veinte pólizas, una de ellas de casi 60 millones de pesos. Garrido en forma individual aparece en más de 50 pólizas otorgadas por la Secretaría de Turismo.
Ercolini había pedido a 45 organismos del Estado que informaran los convenios, las pólizas y los intermediaros de seguros que contrataron durante los cuatro años de Alberto Fernández al mando del Gobierno Nacional, en el marco de la causa principal por el escándalo de los seguros.
La Secretaría de Turismo informó que “se desconoce el monto de la comisión pactada en casa caso”, uno de los datos que reclamaba la Justicia, así como tampoco se hallaron registros de cuál fue el proceso interno para la seleccionar a los productores, ni existe registro sobre pagos realizados en forma directa.
Hasta ahora, Martínez Sosa fue asociado a contratos con Gendarmería Nacional, el Servicio Penitenciario Federal, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, la Casa de la Moneda y el Ministerio de Seguridad, que denunció a la empresa Bachellier, asociada al broker cercano a Alberto Fernández.
En la causa también está imputado el broker Pablo Torres García, con vínculos en el PRO y en el massismo.
El juez también pidió información sobre otros 27 intermediarios entre los que figuran Castello Mercuri SA (una de las firmas que monopolizaba los contratos con el Estado), Aon Risk Services Argentina SA, Marsh SA, Aspen Brokers, Bri Brokers, y las dos firmas que aparecen en una nota enviada por el ex titular del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS), Federico D’Angelo Campos, a Nación Seguros por el contrato para los créditos de los jubilados: San Ignacio Sociedad de Productores Asesores de Seguros SA y TG Broker SA.
Otro broker que fue allanado por la Justicia, Fernando “El Turco” Salim, ligado a Martínez Sosa, también acaba de aparecer en las pólizas contratadas por la Secretaría de Medio Ambiente, durante la gestión de Juan Cabandié.
Según informó la cartera de Ambiente, Salim no cobraba por sus gestiones. “Se hace saber que la actividad desarrollada por personal que se identificada con el GRUPO SALIM, se limitaba al intercambio de datos de los procedimientos contractuales gestionados y validación del contenido de los convenios, con las áreas de Compras, del Organismo, en ocasión de desarrollar la labor habitual que impone la gestión regular de un trámite de seguros”, explicaron en la respuesta al requerimiento.
Salim estuvo en la quinta de Olivos el 8 de enero de 2020 junto a Martínez Sosa y otro productor de seguros, según surge de los registros públicos. “Conmigo no se reunieron, en Olivos trabajan más 70 personas”, dijo Alberto Fernández cuando trascendió el encuentro.
Ercolini hallanó las oficinas de Salim porque tenía mismo domicilio que Martínez Sosa y “podría presentar algún tipo de vinculación societaria con el mismo”. Según informó Infobae, “El Turco Salim le prestaba su matrícula a Martínez Sosa para que no sea tan abultada la facturación. En su momento Martínez Sosa le salvó una cuenta grande”.
En Medio Ambiente, Salim tuvo una póliza de más de $38 millones y en agosto de 2023 firmó la póliza 2234703 para asegurar una flota de autos por más de $200 millones. Ese contrato estaría vigente hasta agosto de este año.
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