La Justicia emitió un fallo en favor de la actriz y presentadora de televisión argentina, Susana Giménez, en una causa que enfrentaba con la AFIP. En esta disputa legal, el ente fiscal le reclamaba a Giménez más de 50 millones de pesos, bajo el supuesto de evasión fiscal por el pago del impuesto a los Bienes Personales correspondiente al ejercicio fiscal de 2019.
El litigio se originó cuando la AFIP llevó el caso ante la Justicia en lo penal económico para exigir el pago de esta supuesta deuda. Sin embargo, el fiscal a cargo determinó que no existía un delito, una decisión que fue respaldada por el juez a cargo del Juzgado en lo Penal Económico N° 5, Diego Amarante.
Ante esta resolución, la AFIP decidió apelar ante la Cámara en lo Penal Económico, pero los jueces de la sala B del tribunal rechazaron nuevamente las pretensiones del organismo fiscal. Incluso, tras un recurso de Casación interpuesto por la AFIP, este fue igualmente desestimado, consolidando así el fallo inicial que desestimaba la existencia de un delito.
Los jueces de la Cámara de Casación, Javier Carbajo y Carlos Mahiques, rechazaron una vez más el recurso de la AFIP, manteniendo así firme la decisión inicial que descartaba cualquier irregularidad por parte de Susana Giménez.
En este contexto, cabe mencionar que se aceptó la excusación del juez Gustavo Hornos debido a la vinculación de su hermano Roberto con la Cámara en lo Penal Económico. Carbajo subrayó que los argumentos presentados por la AFIP eran simplemente discrepancias con el fallo de la Cámara, insuficientes para revertir la sentencia.
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- Acuerdos. El oficialismo modificó el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional enviado por Milei para asegurar el respaldo de bloques dialoguistas y dictaminar este martes pasadas las 17. "Es nuestra prioridad", mencionaron del bloque de Diputados.
- Límites a las sanciones. Se acotaron las prohibiciones dirigidas a proveedores y accionistas de empresas que exploten recursos naturales en las islas sin autorización del Estado argentino.
- Control parlamentario. El Congreso sumará facultades de supervisión y se creará una Comisión Bicameral de Seguimiento (cuatro diputados y cuatro senadores) a la que el Consejo de Seguridad Nacional deberá reportar sus medidas en un plazo de 48 horas.
- Cambios en el artículo 111. El mismo reprime con cárcel ciertos actos contra el Estado; se cambió la figura de "desinformación masiva" por la de "campaña de injerencia extranjera", explicitando que no afectará el trabajo periodístico, académico ni diplomático, aunque mantendrá penas de 5 a 12 años de prisión.
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