El fiscal federal Ramiro González impulsó una investigación penal contra el ex presidente Alberto Fernández debido a la presunta contratación irregular de los seguros del Banco Nación para la administración pública. Esta contratación se habría realizado a través de un gestor privado, quien resulta ser el esposo de una de las secretarias de Fernández.
En respuesta a la consulta del juez federal Julián Ercolini, el fiscal González afirmó: “Tenga por efectuado el correspondiente requerimiento de instrucción e impulsada la acción penal por parte de este Ministerio Público, en orden al hecho descripto”.
La abogada Silvina Martínez presentó la denuncia en la víspera, acusando a Alberto Fernández y al ex titular de Nación Seguros, Alberto Pagliano, de llevar a cabo la presunta contratación irregular de seguros de vida para los créditos otorgados por la ANSES a sus afiliados.
La denunciante solicita que se investigue “la presunta comisión de los delitos de violación a los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y malversación de caudales públicos”.
El escrito se basa en una investigación periodística que revela una supuesta “trama de contrataciones opacas en el rubro de seguros”, actividad que Alberto Fernández conoce bien, ya que allí inició su carrera política.
Según la denuncia, dentro de la ANSES se descubrió un negocio anual de 20.000 millones de pesos y comisiones mensuales por 300 millones de pesos relacionadas con los seguros y las comisiones de intermediarios. Además, Nación Seguros subcontrató a otras aseguradoras y utilizó a un broker como puente entre los dos organismos estatales, con una comisión tres veces mayor que la del mercado: 17% o aproximadamente 300 millones de pesos al mes.
La denuncia señala a Pablo Torres García, un empresario y bróker financiero, como presunto intermediario que habría cobrado una comisión considerablemente mayor a la del mercado. Además, involucra a otro bróker, Héctor Martínez Sosa, quien está casado con una secretaria del presidente Alberto Fernández, María Cantero.
El fiscal González solicitó como medidas de prueba que se requiera a la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y a la Secretaría de Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación que proporcionen los antecedentes relacionados con el dictado del Decreto n° 823/2021, que autorizó la contratación de los seguros.
“Puede resultar de interés para el desarrollo de la investigación contar con todos los convenios o contrataciones realizadas desde las distintas reparticiones del Estado Nacional que suscribieron contratos de seguro bajo los términos señalados en dicha normativa y a través de intermediarios”, añadió.
Según el fiscal, “la Superintendencia de Seguros de la Nación puede aportar datos relevantes en ese sentido, al tiempo que puede develar el interrogante sobre cuál era el porcentaje de mercado para ese tipo de operaciones”.
En ese contexto, reclamó que “se solicite a Seguros Nación que acompañe la totalidad de contratos o convenios firmados con reparticiones públicas a partir del Decreto, aportando todos los datos que se posean respecto a la participación de intermediarios entre ese organismo y la entidad gubernamental contratante”.
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