La fiscalía solicitó una pena de seis años de prisión para Lázaro Báez y Leonardo Fariña por el delito de lavado agravado en relación con la adquisición de un campo de 152 hectáreas y otro terreno en una zona exclusiva del barrio José Ignacio, en Punta del Este, Uruguay.
Según la investigación, Báez habría manejado la compra de estos terrenos a través de testaferros y empresas, lo que constituiría un acto de lavado de dinero. En el caso de Fariña, aunque el pedido inicial era de cuatro años de condena, se ha decidido unificarlo con otras causas en las que está involucrado, solicitando así una pena total de seis años.
Los demás acusados en el caso son señalados como cómplices de Báez y Fariña en la adquisición de los terrenos, por lo que la fiscalía ha pedido penas que oscilan entre los 4 y 5 años de cárcel para ellos.
La defensa de Báez había solicitado la suspensión de la causa argumentando que se trataba de un desprendimiento de la investigación conocida como "La Ruta del dinero K", en la cual Báez ya había sido juzgado y condenado por hechos similares.
El presente proceso judicial contra Lázaro Báez y Leonardo Fariña se centra en presuntas actividades de lavado de activos vinculadas a la adquisición del campo "El Entrevero", situado entre los balnearios de José Ignacio y La Barra.
De acuerdo con la documentación del caso, Fariña estableció contacto con la inmobiliaria encargada de una porción del terreno con la intención de desarrollar un proyecto inmobiliario. En 2011, esta transacción se materializó a través de la empresa Traline S.A., con sede en Uruguay y dirigida inicialmente por Maximiliano Acosta, sucedido posteriormente por Maximiliano Goff Dávila, ambos implicados en la causa.
Con el tiempo, la propiedad del campo pasó a manos de otra entidad, Jumey S.A., presidida por el contador Daniel Pérez Gadín, antiguo propietario de la financiera "La Rosadita".
Acosta, Goff Dávila y Pérez Gadín figuran como cómplices de Báez en este proceso, al igual que Jorge Oscar Chueco y Osvaldo Ghutux.
La etapa preliminar del litigio fue dirigida por el tribunal compuesto por los jueces Néstor Costabel, María Gabriela López Iñíguez y Jorge Gorini, quienes, en distintas instancias, participaron en el proceso que llevó a la condena previa de Báez, quien actualmente cumple una sentencia de doce años de prisión.
El entendimiento fue firmado por el secretario general de la entidad gremial, Armando Cavalieri, y representantes de las tres cámaras empresariales.
