La fiscalía pidió 6 años de prisión para Lázaro Báez y Leonardo Fariña por la compra de un campo en Uruguay
Se los acusa de ambos de "lavado" agravado. Para el resto de los acusados en esta causa paralela a la ruta del dinero K, la pena solicitada es de entre 4 y 5 años
La fiscalía solicitó una pena de seis años de prisión para Lázaro Báez y Leonardo Fariña por el delito de lavado agravado en relación con la adquisición de un campo de 152 hectáreas y otro terreno en una zona exclusiva del barrio José Ignacio, en Punta del Este, Uruguay.
Según la investigación, Báez habría manejado la compra de estos terrenos a través de testaferros y empresas, lo que constituiría un acto de lavado de dinero. En el caso de Fariña, aunque el pedido inicial era de cuatro años de condena, se ha decidido unificarlo con otras causas en las que está involucrado, solicitando así una pena total de seis años.
Los demás acusados en el caso son señalados como cómplices de Báez y Fariña en la adquisición de los terrenos, por lo que la fiscalía ha pedido penas que oscilan entre los 4 y 5 años de cárcel para ellos.
La defensa de Báez había solicitado la suspensión de la causa argumentando que se trataba de un desprendimiento de la investigación conocida como "La Ruta del dinero K", en la cual Báez ya había sido juzgado y condenado por hechos similares.
Cómo es la causa
El presente proceso judicial contra Lázaro Báez y Leonardo Fariña se centra en presuntas actividades de lavado de activos vinculadas a la adquisición del campo "El Entrevero", situado entre los balnearios de José Ignacio y La Barra.
De acuerdo con la documentación del caso, Fariña estableció contacto con la inmobiliaria encargada de una porción del terreno con la intención de desarrollar un proyecto inmobiliario. En 2011, esta transacción se materializó a través de la empresa Traline S.A., con sede en Uruguay y dirigida inicialmente por Maximiliano Acosta, sucedido posteriormente por Maximiliano Goff Dávila, ambos implicados en la causa.
Con el tiempo, la propiedad del campo pasó a manos de otra entidad, Jumey S.A., presidida por el contador Daniel Pérez Gadín, antiguo propietario de la financiera "La Rosadita".
Acosta, Goff Dávila y Pérez Gadín figuran como cómplices de Báez en este proceso, al igual que Jorge Oscar Chueco y Osvaldo Ghutux.
La etapa preliminar del litigio fue dirigida por el tribunal compuesto por los jueces Néstor Costabel, María Gabriela López Iñíguez y Jorge Gorini, quienes, en distintas instancias, participaron en el proceso que llevó a la condena previa de Báez, quien actualmente cumple una sentencia de doce años de prisión.
Debate. El juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces comienza abrirá el tercer proceso judicial por corrupción contra la expresidenta Cristina Kirchner, además de tener por primera vez en el banquillo de los acusados al diputado Máximo Kirchner.
Inicio. La primera audiencia está prevista para este viernes en la Sala AMIA de los tribunales de Comodoro Py, a la que ambos asistirán de manera virtual.
Lavado de dinero y asociación ilícita. La investigación se centra en un mecanismo que habría usado la firma hotelera e inmobiliaria para blanquear retornos provenientes de la obra pública.
Acusados y testigos. Las causas tienen 19 acusados, entre ellos Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián de Sousa. En total, ambas causas reunían más de 300 testigos, pero las partes acordaron reducir la lista para darle celeridad al debate.
Indagatorias y bienes inhibidos. A pedido de los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, el juez Ariel Lijo citó para el 29 de octubre a los hermanos Jonathan y Emanuel Kovalivker. En total convocó a 36 imputados, que declararán hasta el 26 de noviembre, y decretó la inhibición general de bienes de todos los involucrados para evitar que los activos se vuelvan inalcanzables para el Estado.
Una droguería que actuaba como “dueña” de la agencia. Según los fiscales, la Suizo Argentina recibía información anticipada, controlaba las compulsas, fijaba precios con sobreprecios y usaba a Génesis S.A. como firma interpuesta. También habría dado órdenes sobre a qué firmas pagar y a quién designar o despedir dentro de la ANDIS.
Más de $137.000 millones en compras. Entre mayo de 2024 y agosto de 2025, la droguería obtuvo órdenes de compra por esa cifra, que los fiscales atribuyen a competencias simuladas y valores arbitrarios. Lijo también amplió la indagatoria de tres ya procesados por asociación ilícita: Atchabahian, Calvete y Arnaudo.
La versión de la empresa. Suizo Argentina rechazó las imputaciones y los sobreprecios y cuestionó las pruebas incorporadas a la causa, que calificó como un relato armado con mensajes y audios de personas que, según la compañía, en algunos casos nunca tuvieron vínculo con ella. Sostuvo que la ANDIS era uno de más de 10.000 clientes y que el 95% de su facturación proviene del sector privado, y afirmó que “la inocencia es total”.
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Trazabilidad de medicamentos. Tras la crisis del fentanilo contaminado, se dio media sanción con respaldo transversal al sistema SNATECS para monitorear medicamentos de alto riesgo e insumos críticos. La iniciativa es empujada por la libertaria Giudici.
Endeudamiento familiar. Tras más de 15 horas de sesión y por falta de apoyo a su dictamen, La Libertad Avanza logró postergar el debate por morosidad crediticia y que así no se trate la iniciativa opositora.
Transferencia de un inmueble nacional. Se le dio media sanción al proyecto radical para pasar a título gratuito a la provincia del Chaco un inmueble de 6,2 hectáreas de Nación, donde funciona el Centro de Acopio y Embarque Barranqueras (CAEB).
Cártel de Sinaloa (México). Es una organización criminal transnacional dedicada al narcotráfico, contrabando, secuestros extorsivos y otras actividades delictivas, que ya ha sido designada como organización terrorista por múltiples países, incluido Estados Unidos.
La Nueva Familia Michoacana (México). Es una organización criminal mexicana que se especializa en el tráfico internacional de drogas y la minería ilegal, con una alarmante expansión regional.
Los Tiguerones (Ecuador). Es un cártel de origen ecuatoriano que se especializa en actividades de narcotráfico y sicariato, siendo una de las organizaciones criminales más violentas de la región.
FARC-EP y EL (Colombia). Son organizaciones guerrilleras insurgentes de extrema izquierda, basadas en la ideología y los principios del marxismo-leninismo y la revolución armada.
