Ordenan el desalojo de un campo usurpado por mapuches ubicado entre Bariloche y El Bolsón

La Justicia en la provincia de Río Negro emitió un dictamen para proceder con el desalojo de un extenso terreno de siete hectáreas, situado en una zona rural entre Bariloche y El Bolsón. Este terreno fue ocupado en abril del año pasado por una comunidad mapuche, quienes ingresaron alegando una supuesta conexión ancestral con el lugar.

Durante el proceso judicial, el juez a cargo intentó diversos mecanismos de diálogo para buscar una solución alternativa al conflicto. Sin embargo, estas instancias de negociación fracasaron debido a la ausencia de los líderes mapuches, pertenecientes a la lof Coronado Inalef, en las distintas convocatorias.

El magistrado Juan Pablo Laurence, además, otorgó un plazo para que los ocupantes abandonaran voluntariamente el terreno, pero los miembros de la comunidad optaron por quedarse, declarando su intención de resistir, como lo han hecho en el pasado.

El plazo de tregua concedido para el retiro voluntario de los mapuches venció este viernes. Posteriormente, el fiscal de El Bolsón, Francisco Arrien, junto con agentes de la Policía provincial, se presentaron en el lugar en conflicto. No obstante, el fiscal solo llevó a cabo una inspección in situ para evaluar la situación y determinar la cantidad de familias presentes antes de proceder con el desalojo.

En respuesta a la orden de desalojo, la comunidad expresó su rechazo y solicitó una prórroga hasta el próximo lunes, día en el cual se comprometieron a retirarse voluntariamente de las tierras. El juez de Garantías afirmó que la orden es restituir el inmueble a los legítimos propietarios antes de dictar la resolución definitiva sobre el desalojo.

El conflicto se desencadenó el 23 de abril de 2023, cuando varias familias, argumentando una supuesta reivindicación de tierras ancestrales, ingresaron a la propiedad, derribando cercas y causando daños. Aunque alegan que sus antepasados ocuparon esas tierras hace un siglo, durante el proceso judicial no pudieron demostrar la titularidad del terreno.

El juez que emitió la orden, posteriormente ratificada por el juez de Juicio Juan Martín Arroyo, señaló en la última audiencia de primera instancia que solo existen registros verbales de la presencia previa de la comunidad en el predio, basados en el testimonio de los imputados, pero que no hay informes técnicos disponibles en el expediente para contrastarlos con los presentados por la parte acusadora.