Alberto Fernández le pide a la Justicia que prohíba la difusión de sus videos íntimos y que le devuelvan el teléfono y todo lo secuestrado en su departamento
El ex presidente hizo una presentación en el fuero civil y comercial federal, argumentando que las imágenes, cuya existencia confirmó Fabiola Yáñez, violan su honor y afectan los derechos de sus hijos.
El expresidente Alberto Fernández hizo una presentación judicial en el fuero civil y comercial federal exigiendo la prohibición de digundir fotos y videos íntimos tanto en medios de comunicación como en redes sociales y buscadores. En paralelo, en la causa por violencia de género iniciada por la ex primera dama Fabiola Yañez, que investigan el juez Julián Ercolini y el fiscal Ramiro González, el ex mandatario pidió que le sea devuelto su teléfono celular y todo lo que fue incautado el viernes 9 por la noche por orden del fiscal
En la presentación civil., Fernández argumenta que las imágenes que se publicaron -una serie de videos de la panelista Tamara Pettinato en el despacho presidencial de la Casa Rosada, bebiendo alcohol y manteniendo conversaciones en tono seductor con el ex mandatario, a quien sin embargo no se lo ve, sólo se lo escucha- y las que eventualmente se podrían difundirafectan su honor e imagen y dañan a sus hijos, Estanislao Fernández Luchetti y Francisco Fernández. El ex presidente le pide a la Justicia una medida cautelar ante lo que para él es una situación de “urgencia extrema”, para la cual impulsó una “acción preventiva de daños” contra el Ente Regulador de las Telecomunicaciones (Enacom) y las empresas Google, Facebook, X y Yahoo.
Luego de que se conociera la denuncia de Yañez contra Fernández y fueran difundidos los videos del ex presidente junto a la panelista Tamara Pettinato, la ex primera dama sugirió, en una entrevista, que habría más videos, más explícitos. Para el ex presidente, la eventual difusión de esas imágenes es “una flagrante amenaza" que "tienen como única finalidad ofender, agredir, vulnerar, menoscabar y afectar” su “nombre, honor, imagen, intimidad y/o integridad”, que dijo que afectan “directamente” a sus hijos y familiares.
“Recientemente se vienen publicando y difundiendo fotos y videos que falazmente se me atribuyen por parte de diversos medios y figuras públicas. Estas cuestiones que desde ya son falsas y maliciosas, solo buscan afectar la estabilidad familiar y salud psicofísica de mis hijos”, dice el ex presidente, en alusión a diversas imágenes apócrifas, manipuladas con inteligencia artificial, que circularon en las redes sociales en los últimos días.
El último llamado de Alberto Fernández a Fabiola Yañez no habría violado la orden judicial y el ex presidente pide que le devuelvan el teléfono
El último contacto telefónico entre el ex presidente Alberto Fernández y su ex pareja Fabiola Yañez se registró el martes 6 de agosto a las 17:09 (hora de Argentina), poco más de dos horas y media antes de que Fernández fuera notificado en el departamento de Puerto Madero en el que vive de la orden firmada por el juez Julián Ercolini que le prohibia tomar contacto con la denunciante. La supuesta violación de la restricción, que entró en vigencia al momento de ser notificado a las 19:47, fue el motivo por el cual los fiscales habían secuestrado el teléfono del ex presidente, el viernes 9 de agosto por la noche.
Las abogadas que representan a Yañez confirmaron que la última llamada fue a las 17:09 del martes 6, por lo que Fernández no habría infringido la orden de Ercolinio de evitar “todo tipo de contacto fisico, telefonico -por linea fija y/o celular-, por correo electronico, sistema de mensajeria de texto y/o voz a traves de cualquier plataforma, por via de terceras personas y/o por cualquier otro medio que signifique intromision injustificada con relacion a la persona nombrada”. Por eso, se espera que el teléfono sea restituido a Alberto Fernández, sin necesidad de ser abierto, una posibilidad que tenía en vilo a funcionarios, empresarios y jueces que mantuvieron contacto con el ex presidente.
Por eso, en la mañana del martes el ex presidente Fernández pidió al juez federal Julián Ercolini la devolución de los teléfonos y los demás aparatos electrónicos que le secuestraron de su domicilio ya que, su opinión, fue “abstracto el motivo del allanamiento”.
Junto al celular de Fernández, la Policía Federal se llevó 22 pendrives, dos teléfonos, un iPad, y 2 memorias del departamento que el empresario Enrique "Pepe" Albistur le presta en Puerto Madero.
Las cámaras de seguridad de la Quinta de Olivos no podrán ser utilizadas como prueba
Mientas la Justicia se prepara para comenzar con las declaraciones a los testigos, este lunes se conoció la noticia de que las cámaras de seguridad de la Quinta Presidencial de Olivos no estarán disponibles, pues la Casa Militar, responsable de la seguridad presidencial, solo guarda un mes de grabación debido al poco espacio de almacenamiento. De acuerdo con la denuncia de Fabiola Yañez, los episodios de violencia se habrían dado entre 2021 y 2023, mientras que el almacenamiento alcanza a los 35 días como máximo.
La ex primera dama sumará más pruebas en la causa contra el ex presidente por lesiones graves doblemente agravadas y amenazas que investiga el fiscal Ramiro González
Ampliación del proyecto de sanciones. En el marco de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que se enviará al Congreso, la Casa Rosada analiza extender el esquema de sanciones —hoy centrado en las petroleras— a la actividad pesquera vinculada a licencias británicas en Malvinas.
Un reclamo que viene del sector. La Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera y el peronismo piden aplicar a la pesca el mismo criterio que se usa contra las empresas que operan en la exploración de hidrocarburos sin autorización argentina.
Una herramienta legal que ya existe. Desde 2008, el artículo 27 bis de la Ley Federal de Pesca exige a quienes tienen cuotas o licencias en el país declarar que no tienen vínculos con buques que pesquen sin permiso argentino en Malvinas, bajo pena de perder esos permisos.
El antecedente con las petroleras. Tras la cadena nacional del 3 de septiembre, Cancillería denunció a 60 empresas y personas vinculadas a proyectos petroleros como Sea Lion, alcanzando también a accionistas, directores y proveedores.
Presentación en Diputados. El proyecto ingresará el próximo lunes por la Cámara baja, con Presti (Defensa) y Quirno (Cancillería) como posibles expositores; el oficialismo espera que el tratamiento comience entre fines de septiembre y principios de octubre.