El juez federal Julián Ercolini dispuso una serie de allanamientos en el marco de la investigación sobre presuntas irregularidades en la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) relacionadas con la contratación de seguros para jubilados que solicitan créditos, así como las considerables comisiones pagadas a intermediarios cercanos.
De acuerdo a fuentes judiciales, la División de Delitos Federales de la Policía Federal ha llevado a cabo registros en los domicilios particulares y comerciales de Alberto Pagliano, ex titular de Nación Seguros, Héctor Martínez Sosa, corredor vinculado a Alberto Fernández, y Pablo Torres García, intermediario, todos ellos imputados por el delito de administración fraudulenta.
Los operativos autorizados por el juez Ercolini tienen como objetivo obtener toda la documentación pertinente relacionada con la presunta maniobra bajo investigación.
En este caso, donde el principal implicado por administración fraudulenta es el ex presidente Alberto Fernández, el magistrado federal busca recabar "información, documentación y soportes electrónicos que puedan contribuir a la investigación".
El inicio de la presunta maniobra se remonta a finales de 2021, cuando el presidente Alberto Fernández dispuso que todos los seguros estatales debían canalizarse a través de Nación Seguros, entidad que a su vez subcontrataba a un corredor y a empresas privadas, según alega la denuncia presentada por la abogada Silvina Martínez que originó el expediente.
La causa penal examina la red de contrataciones opacas en el sector de seguros, revelando una estructura operativa dentro de la ANSES que movilizaba aproximadamente 20.000 millones de pesos anuales y 300 millones en comisiones mensuales por concepto de seguros.
Los 20.000 millones de pesos, según la denuncia, representan lo que "la ANSES paga a Nación por año para asegurar la vida de jubilados y pensionados que solicitan créditos: desde 2011 los otorgaba sin este seguro".
Nación Seguros subcontrató a otras aseguradoras y, como enlace entre las dos entidades estatales, la justicia está ahora investigando a un corredor que habría recibido comisiones tres veces superiores al estándar del mercado: 17%, aproximadamente 300 millones de pesos mensuales.
Con el fin de aclarar esta estructura, el juez Ercolini ha ordenado obtener más información a través de los allanamientos realizados en los domicilios particulares y en las respectivas sedes de las empresas.
Además de los elementos secuestrados, el juzgado espera que el Gobierno, a través de varios organismos, remita los informes, regulaciones, decretos y auditorías solicitados la semana pasada mediante orden de presentación.
Hasta el momento, el juzgado solo ha recibido de Seguros Nación la totalidad de contratos o convenios firmados con reparticiones públicas a partir del Decreto 823/202. También se han remitido las actuaciones administrativas de las entidades contratantes de las pólizas que se relacionan con las designaciones de productores asesores de seguros (directos u organizadores) en el marco de dichas contrataciones.
Se espera que la Jefatura de Gabinete y la Secretaría de Legal y Técnica proporcionen al juzgado los antecedentes, actuaciones y dictámenes jurídicos relacionados con la emisión del Decreto 823/2021, mediante el cual Fernández instituyó los servicios de Nación Seguros.
El juzgado busca recopilar todos los convenios o contrataciones realizadas desde las diferentes dependencias del Estado Nacional, que han suscrito contratos de seguro y se han regido por la normativa que permite la intervención de intermediarios.
Entre otros aspectos, la investigación busca determinar "cuál era la cuota de mercado para ese tipo de operaciones", según explicaron fuentes judiciales.
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