PRO, MID y radicales reclaman mayor protección a las PyMEs regionales en medio del debate por los Biocombustibles.
El proyecto de biocombustibles, con autoría de Patricia Bullrich y que ya tiene media sanción del Senado, sigue siendo negociando en Diputados.
La reforma de la Ley de Biocombustibles volvió a quedar trabada en Diputados. La Libertad Avanza buscaba avanzar este miércoles con el dictamen en un plenario de las comisiones de Energía y Combustibles, Presupuesto y Hacienda y Agricultura, pero el PRO reclamó modificaciones para evitar que las pymes productoras de biodiésel pierdan participación en el mercado interno.
El bloque que conduce Cristian Ritondo propuso elevar el corte obligatorio de biodiésel del 10% al 11% (para que no afecte el precio final) y mantener luego una participación del 6% para las pymes regionales. La UCR, MID y Adelante Buenos Aires (de Karina Banfi) apoyarían este pedido de modificación o incluso exigirían porcentajes mayores.
La falta de acuerdo impidió que el oficialismo consiguiera el dictamen hoy. Los bloques aliados buscan introducir cambios antes de acompañar la iniciativa, con especial preocupación por el impacto que podría tener sobre las plantas radicadas en las provincias productoras.
El proyecto aprobado por el Senado establece reglas para la producción, el almacenamiento, la comercialización y la mezcla de biocombustibles, con una vigencia de 15 años. Plantea un mercado más desregulado, con acuerdos entre privados y menos intervención administrativa en la comercialización. También eleva la proporción de biocombustibles que deben mezclarse con combustibles fósiles. Y plantea una mayor libertad comercial, ya que permite celebrar contratos a término y comercializar mezclas con porcentajes superiores a los mínimos obligatorios.
El punto que genera mayor debate es aquel que sube el corte obligatorio de biodiésel en el gasoil del 7,5% al 10% a los 12 meses de la sanción de la ley. Ese porcentaje se mantendría durante el resto del esquema previsto en la iniciativa.
Sin embargo, el texto incorpora un período de transición hasta enero de 2036 que modifica la distribución del mercado entre las empresas integradas -aquellas de mayor escala y vinculadas con la producción de aceites vegetales y harinas proteicas- y las no integradas -entre las que se encuentran las pymes regionales-.
El artículo 38 establece que la participación asignada a las empresas no integradas será de 6,5 puntos porcentuales del corte obligatorio hasta fines de 2028. Luego bajará a 5,5 puntos en 2029, a 5 en 2030 y a 4 puntos desde 2031. En paralelo, el segmento de negociación libre crecerá hasta representar seis puntos del corte total.
Frente a ese esquema, y como ya se comentó, el PRO planteó elevar el corte obligatorio al 11% y reservar un 6% para las PyMEs, en vez de que baje al 4%. De acuerdo con las posiciones transmitidas durante la negociación, la propuesta busca sostener esa participación durante un período más prolongado, en lugar de permitir que disminuya progresivamente como establece el proyecto del Senado.
El argumento del bloque es que una mayor mezcla obligatoria permitiría ampliar la demanda de biodiésel y, al mismo tiempo, preservar un volumen de actividad para las plantas regionales sin generar presiones adicionales sobre los precios de los combustibles.
Karina Banfi, la radical del monobloque Adelante Buenos Aires, se sumó a este reclamo y denunció que este proyecto -así como está- afectaría puestos de trabajos de las empresas más pequeñas. Así también fue la postura de Eduardo Falcone, en representación del MID, quien aseguró que "esta competencia va a destruir las pymes"; solicitó un corte de alrededor del 12% aunque apuntó a crear una propuesta unificada con los miembros de su interbloque.
Desde Unión por la Patria pidieron subir el corte de biodiesel al 12,5%. Por el otro lado, la jefa del bloque Provincias Unidas, la santafesina Gisela Scaglia, solicitó ratificar este proyecto tal como está, ya que para ella la iniciativa posible es la mejor. “Me encantaría un corte mayor, pero estamos limitados. Yo prefiero esta ley a nada”, dijo este miércoles en comisión.
El conflicto tiene un fuerte componente bonaerense. La Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB), que reúne a firmas de Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos y San Luis, sostiene que esas provincias producen alrededor del 65% del biodiésel destinado al mercado interno.
Este proyecto de Bullrich busca abrir el mercado a la competencia y garantizar condiciones para que las PyMEs puedan competir; es decir, que las empresas integradas (las grandes aceiteras, que producen su propio insumo y biodiésel) puedan competir también por el mercado interno, generando más competitividad, eficiencia y menores precios.
Sin embargo, eso no garantiza que las pymes puedan trabajar en igualdad de condiciones. Deben comprar sus insumos, no tienen tanta previsibilidad y se vuelven menos competitivas. Por ello cuestionan que el nuevo esquema las desprotege: las obligaría a competir progresivamente con compañías integradas que cuentan con acceso directo a la materia prima.
Durante la reunión informativa de la Comisión de Energía de Diputados, representantes de CEPREB reclamaron elevar el corte obligatorio al 12% o incluso al 12,5% y modificar el sistema de distribución de los volúmenes para preservar la participación de las plantas regionales. Dicha cámara reúne a 25 empresas y advierte que la reducción de los cupos podría comprometer la continuidad de establecimientos productivos y puestos de trabajo en las provincias involucradas.
La reforma fue aprobada por el Senado en septiembre, después de una negociación que tuvo al biodiésel como uno de los principales puntos de conflicto. El oficialismo defiende la apertura del mercado como una vía para incrementar la competencia y atraer inversiones.
Sin embargo, el esquema de transición para el biodiésel generó objeciones entre los representantes de las pymes y ahora también condiciona el respaldo de sus aliados en Diputados. La discusión ya no se limita al porcentaje de mezcla obligatoria; también gira en torno a cómo se distribuirá ese mercado y qué garantías tendrán las empresas regionales frente a los grandes grupos industriales.
Sin un acuerdo sobre esos puntos, el bloque de diputados de La Libertad Avanza no logró avanzar con el dictamen y deberá continuar las negociaciones para intentar destrabar el proyecto en la Cámara baja.
Coparticipación porteña. El PRO volvió a reclamar para el Presupuesto 2027 que Nación salde la deuda por transferencias con la Ciudad de Buenos Aires; el oficialismo confía en que se podrá resolver este conflicto entre gobiernos, aunque ya lleva tiempo en puja y no ve resoluciones.
Alivio impositivo. El bloque de Cristian Ritondo también pidió por la baja del impuesto a los combustibles y una reducción de la alícuota del IVA al huevo, pasando del 21% al 10,5%, tal como piden sectores de la industria avícola.
Transparencia en obras. Reclaman la publicación detallada de inversiones, plazos, tarifas e informes trimestrales sobre el avance de obras -con foco en rutas nacionales- y el costo fiscal de las concesiones.
Freno al dictamen y fechas en duda. El PRO advirtió que no acompañará el proyecto oficialista hasta no destrabar estos puntos; la sesión, prevista inicialmente para el 18 de noviembre, podría postergarse al 25 debido a las negociaciones y la visita del papa León XIV.
Presidente de la Fundación Educando, presidente del CICyP y embajadora Marca País
