Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti durante la ceremonia de toma de protesta de Javier Milei en el Congreso Nacional, en Buenos Aires, Argentina, el 10 de diciembre de 2023.
Cambios en la selección de jueces de la Corte Suprema: el Gobierno eliminó etapas y flexibilizó requisitos
Entre las principales actualizaciones, se destaca la eliminación de algunas instancias de participación ciudadana y la reducción de los plazos administrativos que debían cumplirse antes de enviar los pliegos al Senado.
El Gobierno nacional oficializó este martes nuevas reformas en el proceso de selección de jueces de la Corte Suprema de Justicia, el Procurador General y el Defensor General de la Nación. La medida, efectivizada a través del Decreto 467/2026, modifica el procedimiento que regía desde 2003 y busca acelerar la cobertura de vacantes en el máximo tribunal.
Entre los principales cambios, se destaca la eliminación de algunas instancias de participación ciudadana y la reducción de los plazos administrativos que debían cumplirse antes de enviar los pliegos al Senado. Desde el Ejecutivo sostienen que el esquema anterior generaba demoras y duplicaba mecanismos que ya existen en el Congreso.
"La duplicación de las instancias aludidas no solo ralentiza el proceso de cobertura de vacantes, sino que la introducción en sede administrativa de mecanismos que ya se encuentran previstos y se cumplen en la etapa de tratamiento de la solicitud de acuerdo ante el Honorable Senado de la Nación desnaturaliza la etapa de nominación presidencial", reseña el texto en un tramo del Considerando.
Corte Suprema de Justicia de la Nación
¿Qué cambia en el procedimiento de designación de los jueces de la Corte Suprema?
Hasta ahora, el proceso estaba regulado principalmente por el Decreto 222/03, que establecía una etapa de publicidad y consulta pública sobre los antecedentes de los candidatos. Durante ese período, organizaciones civiles, instituciones y ciudadanos podían presentar observaciones o impugnaciones antes de que el Poder Ejecutivo remitiera los pliegos al Senado.
Con la flamante normativa, esa instancia deja de realizarse dentro de la órbita del Ministerio de Justicia. El Gobierno argumentó que el reglamento de la Cámara Alta ya contempla procedimientos de publicidad y participación, por lo que mantener ambas representaba una "superposición administrativa".
"La presente medida no implica la supresión de mecanismos de publicidad, transparencia o participación ciudadana en el proceso de designación de magistrados, los cuales continuarán plenamente garantizados mediante el procedimiento constitucional y reglamentario desarrollado ante el Honorable Senado de la Nación y concentrados ante este, para el tratamiento de los Acuerdos respectivos", puntualiza el Decreto 467/2026.
La reforma también acorta los tiempos previstos para avanzar con las postulaciones y simplifica algunos requisitos formales vinculados con la presentación de antecedentes de los candidatos.
Otro de los cambios relevantes es la eliminación de la recomendación para que el Poder Ejecutivo considere criterios de diversidad de género, especialidad jurídica y procedencia regional al momento de seleccionar a los candidatos para la Corte Suprema. Estos lineamientos habían sido incorporados en el decreto de 2003 con el objetivo de promover una integración más representativa del máximo tribunal.
A través de una serie de decretos firmados por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, se formalizó la nominalización de los magistrados, la mayoría correspondientes a la Ciudad de Buenos Aires.
Ampliación del proyecto de sanciones. En el marco de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que se enviará al Congreso, la Casa Rosada analiza extender el esquema de sanciones —hoy centrado en las petroleras— a la actividad pesquera vinculada a licencias británicas en Malvinas.
Un reclamo que viene del sector. La Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera y el peronismo piden aplicar a la pesca el mismo criterio que se usa contra las empresas que operan en la exploración de hidrocarburos sin autorización argentina.
Una herramienta legal que ya existe. Desde 2008, el artículo 27 bis de la Ley Federal de Pesca exige a quienes tienen cuotas o licencias en el país declarar que no tienen vínculos con buques que pesquen sin permiso argentino en Malvinas, bajo pena de perder esos permisos.
El antecedente con las petroleras. Tras la cadena nacional del 3 de septiembre, Cancillería denunció a 60 empresas y personas vinculadas a proyectos petroleros como Sea Lion, alcanzando también a accionistas, directores y proveedores.
Presentación en Diputados. El proyecto ingresará el próximo lunes por la Cámara baja, con Presti (Defensa) y Quirno (Cancillería) como posibles expositores; el oficialismo espera que el tratamiento comience entre fines de septiembre y principios de octubre.
Nuevo centro comercial en Recoleta. Prevé abrir sus puertas en los próximos meses en el predio del ex Buenos Aires Design, contando con 30.000 metros cuadrados, 110 locales y 30 propuestas gastronómicas.
Llegada de etiquetas inéditas al país. Firmas internacionales como Stella McCartney, Off-White, Golden Goose, Palm Angels, Scotch & Soda, Dsquared2 y Mandarina Duck tendrán por primera vez locales en la Argentina.
Moda automotriz y un esperado regreso. Maserati estrenará un espacio exclusivo destinado a su línea de indumentaria y accesorios, mientras que la firma francesa de trajes de baño Vilebrequin volverá a operar en el país.
Impulso importador y capitales nacionales. La llegada de estas grandes marcas globales se da en el marco de la reciente apertura de importaciones, dentro de un proyecto financiado por el grupo argentino Hatzlaja.
