El juicio del Caso Cuadernos comienza a las 9.30 del 6 de noviembre.
Caso Cuadernos: comienza el megajuicio que pone a prueba al sistema judicial argentino
Siete años después del inicio de la investigación que sacudió al poder político y empresario, el Caso Cuadernos llega a juicio oral. Cristina Kirchner vuelve a enfrentar a un tribunal junto a ex funcionarios, empresarios y financistas. Un proceso inédito por su magnitud, su virtualidad y las tensiones que anticipa entre garantías procesales y demanda de justicia.
Un secreto a voces corría en Comodoro Py 2002 en los primeros días de agosto de 2018: en el quinto piso, sede de la fiscalía de Carlos Stornelli, había “unos cuadernos”. Nadie sabía muy bien de qué se trataba, pero sí que prometían revolucionar lo que hasta entonces era un año judicial sin grandes sobresaltos. "Son unos cuadernos, los están leyendo, veremos", comentaban en los pasillos.
Resultaron ser los manuscritos del ex remisero del Ministerio de Planificación Federal en el kirchnerismo, más precisamente chofer del ex funcionario Roberto Baratta, Oscar Centeno. El origen del “caso Cuadernos”.
Siete años después, el juicio oral está a la vuelta de la esquina: desde el 6 de noviembre se sienta en el banquillo de los acusados por segunda vez Cristina Kirchner. No está sola. En un hecho inédito para el fuero hay medio centenar de empresarios de la obra pública ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 7.
Esta vez sin desfile para la foto. Ni de la ex Presidenta -procesada como presunta jefa de una asociación ilícita- ni de ninguno de los acusados, “arrepentidos” o no. Nadie sube cabizbajo las escalinatas de Comodoro Py 2002, como ocurrió en 2018. El megajuicio se desarrolla, casi por completo, en formato virtual.
Y si esta regla se deja de lado por algún caso excepcional, habrá que ver si la sala de audiencias elegida será en Comodoro Py o en el Palacio de Justicia de Talcahuano 550, sede del Tribunal Oral Federal 7 desde su creación.
Los jueces se ubicarán frente al acusado o testigo que declare de manera presencial. Tal vez algún abogado o la fiscalía. El resto lo seguirá a la distancia, por Zoom.
La decisión de total virtualidad ha generado objeciones de la Cámara Federal de Casación Penal. El máximo tribunal penal federal del país señaló que la virtualidad absoluta puede afectar derechos fundamentales como el de defensa, el derecho a estar presente ante el tribunal oral, la inmediación, la publicidad del debate y el dinamismo procesal. A esto se suman planteos concretos ya hechos por parte de defensas y fiscalía para que ciertas etapas sean presenciales.
Según informó la revista Quorum, Cristina Kirchner -condenada y detenida en la causa Vialidad- comparte proceso con ex funcionarios, empresarios, financistas -arrepentidos y no arrepentidos- y con el ex remisero e imputado colaborador, Oscar Centeno.
La causa central -9608- y conexas; más de 600 testigos si no hay acuerdo para que sean menos; y un centenar de acusados. Todos frente a los jueces del TOF 7 Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero. Una fiscal al frente de la acusación, Fabiana León. Y una querella, la Unidad de Información Financiera (UIF).
A la hora de las cuestiones operativas, el tribunal pidió que acusado y defensa se sumen al Zoom desde un único punto de conexión, por lo cual todos los jueves los abogados de la ex Presidenta deberían trasladarse a San José 1111, donde cumple arresto domiciliario.
¿Qué se juega en el Caso Cuadernos? ¿Quiénes definirán el futuro de un megajuicio histórico?
Como dijo un abogado defensor en la audiencia virtual en la que se concretaron medio centenar de pedidos de reparaciones económicas para evitar el juicio que finalmente no prosperaron: se trata de un veredicto que podría tardar años, sumado a la instancia de apelación en la Cámara Federal de Casación y luego la Corte Suprema. Hasta entonces -de haber condenas- nadie irá preso.
En los últimos meses, se aceleraron los movimientos en torno a las estrategias de todas las partes, las decisiones procesales clave y las condiciones para que se lleve adelante el debate. Comenzó a vislumbrarse el futuro del juicio con inicio desde las 9:30 del jueves 6 de noviembre: qué pruebas habrá en juego, a qué apuntarán las defensas, cuál será el eje de la discusión legal.
“La fiscalía está muy tranquila esperando el juicio”, anticipó poco antes del comienzo del debate a Quorum la fiscal León. “No fue un camino fácil llegar hasta acá”, enfatizó.
Lo que se sabe
Con planteos de “cuestiones preliminares” apenas iniciado el debate y luego de la lectura de los requerimientos de elevación de manera íntegra, salvo partes repetidas, se comienza a percibir lo que se guarda bajo siete llaves, la estrategia defensiva.
Leer la acusación de manera íntegra, después de años, es la única manera de que la sociedad tenga a su alcance conocer lo qué pasó. “La gente tiene que saber qué pasó en esos 12 años”, explican fuentes del caso.
Se descuenta que la estrategia pasará por volver a cuestionar la autenticidad de los cuadernos-ratificada ya en un peritaje durante la instrucción suplementaria-, la validez de la forma en que se inició la causa -“fórum shopping” incluido- y la supuesta coacción que alegan haber sufrido muchos de quienes aceptaron convertirse en imputados colaboradores.
De hecho, a menos de un mes del comienzo del juicio, el arrepentido Centeno concretó sin éxito un último intento por ser sobreseído: argumentó que se probó que sus escritos son verdaderos y por ende él no participó de ninguna asociación ilícita, cargo por el que llega procesado. Primero lo rechazó la fiscalía y después el Tribunal.
La primera etapa del juicio llevará varios jueves de noviembre y diciembre, en jornadas de cuatro horas. En enero habrá feria judicial y desde marzo se agregará un día de audiencias.
Terminado el análisis de las cuestiones preliminares será el turno de las declaraciones indagatorias. Aquí también, en un intento por organizar la realidad virtual, el TOF 7 pidió a los abogados que adelanten estrategia e informen por escrito con anterioridad si sus defendidos van a hablar ante los jueces y si responderán preguntas de las partes.
Y ya en 2026 comenzará el desfile de testigos.
Un tribunal con historial de juicios por corrupción
Muchos de los juicios por delitos de corrupción en el kirchnerismo han sido juzgados en los últimos años por este mismo tribunal y esta misma fiscal. El TOF 7 no tiene sede en Comodoro Py y, gracias a la rápida adaptación a las nuevas tecnologías por parte de sus integrantes, no han pisado el edificio en ningún debate oral. Cuando ha sido necesario, convocaron a su territorio, el Palacio de Justicia de Talcahuano 550, en audiencias celebradas en la mítica sala donde se juzgó a los comandantes de la última dictadura militar. Es decir, no coexisten con los jueces “de la casa”: no se cruzan en los pasillos, ni en los ascensores, ni en los baños comunes del edificio de Retiro. Tampoco padecen los problemas edilicios y tecnológicos del edificio.
De muy bajo perfil mediático, los tres magistrados han juzgado casos de corrupción que tramitaron en Comodoro Py. Los dos más recientes tuvieron como protagonistas a ex funcionarios del kirchnerismo que ahora volverán a verse en el caso Cuadernos: Julio De Vido y Roberto Baratta.
El tribunal también juzgó y emitió veredicto condenatorio en la causa conocida como la “avenida de los Mineros”, un camino no realizado en Río Turbio. Este último debate, por ejemplo, tuvo jornadas presenciales en el Palacio de Justicia.
Delitos y acusados
Oscar Centeno registró durante los gobiernos kirchneristas (2003-2015) entregas de bolsos con dinero, viajes y destinatarios: aparatosos sobornos de empresarios a funcionarios para conseguir contratos de obra pública. Con los años, la causa creció con decenas de imputados, múltiples peritajes, declaraciones de arrepentidos y embargos millonarios, al compás de una alta expectativa pública.
La investigación incluye acusaciones de asociación ilícita, cohecho, lavado y otros delitos conexos.
Los jueces del TOF 7 Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero
Uno de los hitos recientes fue un peritaje clave realizado por la Gendarmería Nacional que estableció que los escritos digitales corresponden a copias fieles de los cuadernos originales en poder del tribunal, y que la autoría de los manuscritos es de Centeno. Se cotejaron características como la inclinación de letras, grafías, uso de signos, relación de espacios, etc.
También se detectaron correcciones, tachaduras, enmiendas, fragmentos cuya autoría no pudo determinarse con certeza. Estos puntos serán objeto de disputa en el juicio.
Este dictamen pericial refuerza la estructura probatoria de la fiscalía, ya que muchas defensas habían cuestionado la veracidad de las copias digitales y su correspondencia con los originales. Ahora buena parte del debate sobre autenticidad pasa a segundo plano.
Lo que ahora se discutirá es el contenido de esos cuadernos y su correlato con otras pruebas: declaraciones, registros de ingreso a la Casa Rosada, entrecruzamientos telefónicos y movimientos patrimoniales.
La investigación encabezada por el fallecido juez Claudio Bonadío y el fiscal Carlos Stornelli con colaboración inicial del fiscal Carlos Rívolo, tuvo un rasgo distintivo: puso sobre el tapete judicial el debate sobre la figura del arrepentido. Empresarios de peso como Ángelo Calcaterra, Aldo Roggio, Juan Carlos de Goycoechea o Carlos Wagner reconocieron pagos indebidos y brindaron detalles sobre el circuito de la recaudación.
Y ex funcionarios como Claudio Uberti o José López -el de los bolsos con dólares en el convento en 2016- sumaron lo suyo. Sin contar a Centeno y al financista Ernesto Clarens, quien directamente entregó un listado que resultó esclarecedor para los investigadores. Del total de acusados, 25 son arrepentidos.
El Tribunal aceptó incorporar sus legajos al juicio, incluido el del fallecido empresario Juan Chediak. Se admitieron sus dichos como prueba y será el juicio el lugar donde se discutirá su validez, uno de los ejes centrales del asunto.
Habrá que ver si de cara a los jueces ratifican esos dichos que datan del 2018.
El juicio pone a prueba la solidez de la acusación, la independencia de los jueces y la capacidad de los tribunales argentinos a la hora de procesar causas de enorme complejidad.
Debate. El juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces comienza abrirá el tercer proceso judicial por corrupción contra la expresidenta Cristina Kirchner, además de tener por primera vez en el banquillo de los acusados al diputado Máximo Kirchner.
Inicio. La primera audiencia está prevista para este viernes en la Sala AMIA de los tribunales de Comodoro Py, a la que ambos asistirán de manera virtual.
Lavado de dinero y asociación ilícita. La investigación se centra en un mecanismo que habría usado la firma hotelera e inmobiliaria para blanquear retornos provenientes de la obra pública.
Acusados y testigos. Las causas tienen 19 acusados, entre ellos Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián de Sousa. En total, ambas causas reunían más de 300 testigos, pero las partes acordaron reducir la lista para darle celeridad al debate.
Indagatorias y bienes inhibidos. A pedido de los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, el juez Ariel Lijo citó para el 29 de octubre a los hermanos Jonathan y Emanuel Kovalivker. En total convocó a 36 imputados, que declararán hasta el 26 de noviembre, y decretó la inhibición general de bienes de todos los involucrados para evitar que los activos se vuelvan inalcanzables para el Estado.
Una droguería que actuaba como “dueña” de la agencia. Según los fiscales, la Suizo Argentina recibía información anticipada, controlaba las compulsas, fijaba precios con sobreprecios y usaba a Génesis S.A. como firma interpuesta. También habría dado órdenes sobre a qué firmas pagar y a quién designar o despedir dentro de la ANDIS.
Más de $137.000 millones en compras. Entre mayo de 2024 y agosto de 2025, la droguería obtuvo órdenes de compra por esa cifra, que los fiscales atribuyen a competencias simuladas y valores arbitrarios. Lijo también amplió la indagatoria de tres ya procesados por asociación ilícita: Atchabahian, Calvete y Arnaudo.
La versión de la empresa. Suizo Argentina rechazó las imputaciones y los sobreprecios y cuestionó las pruebas incorporadas a la causa, que calificó como un relato armado con mensajes y audios de personas que, según la compañía, en algunos casos nunca tuvieron vínculo con ella. Sostuvo que la ANDIS era uno de más de 10.000 clientes y que el 95% de su facturación proviene del sector privado, y afirmó que “la inocencia es total”.
Debate. El juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces comienza abrirá el tercer proceso judicial por corrupción contra la expresidenta Cristina Kirchner, además de tener por primera vez en el banquillo de los acusados al diputado Máximo Kirchner.
Inicio. La primera audiencia está prevista para este viernes en la Sala AMIA de los tribunales de Comodoro Py, a la que ambos asistirán de manera virtual.
Lavado de dinero y asociación ilícita. La investigación se centra en un mecanismo que habría usado la firma hotelera e inmobiliaria para blanquear retornos provenientes de la obra pública.
Acusados y testigos. Las causas tienen 19 acusados, entre ellos Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián de Sousa. En total, ambas causas reunían más de 300 testigos, pero las partes acordaron reducir la lista para darle celeridad al debate.
Indagatorias y bienes inhibidos. A pedido de los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, el juez Ariel Lijo citó para el 29 de octubre a los hermanos Jonathan y Emanuel Kovalivker. En total convocó a 36 imputados, que declararán hasta el 26 de noviembre, y decretó la inhibición general de bienes de todos los involucrados para evitar que los activos se vuelvan inalcanzables para el Estado.
Una droguería que actuaba como “dueña” de la agencia. Según los fiscales, la Suizo Argentina recibía información anticipada, controlaba las compulsas, fijaba precios con sobreprecios y usaba a Génesis S.A. como firma interpuesta. También habría dado órdenes sobre a qué firmas pagar y a quién designar o despedir dentro de la ANDIS.
Más de $137.000 millones en compras. Entre mayo de 2024 y agosto de 2025, la droguería obtuvo órdenes de compra por esa cifra, que los fiscales atribuyen a competencias simuladas y valores arbitrarios. Lijo también amplió la indagatoria de tres ya procesados por asociación ilícita: Atchabahian, Calvete y Arnaudo.
La versión de la empresa. Suizo Argentina rechazó las imputaciones y los sobreprecios y cuestionó las pruebas incorporadas a la causa, que calificó como un relato armado con mensajes y audios de personas que, según la compañía, en algunos casos nunca tuvieron vínculo con ella. Sostuvo que la ANDIS era uno de más de 10.000 clientes y que el 95% de su facturación proviene del sector privado, y afirmó que “la inocencia es total”.
Ley de Fortalecimiento al Sistema de Discapacidad. Tuvo media sanción con un consenso prácticamente unánime, un punto central del debate en medio de las discusiones por la situación de los prestadores y el financiamiento de las prestaciones. Se trata del proyecto de LLA, PRO, UCR, posteriormente empujado por el MID y Argentina Federal.
Inviolabilidad de la Propiedad Privada. El proyecto volvió al Senado tras ser modificado en Diputados por un margen ajustado (124 a 119), ya que incluyó la restitución de los límites a la titularidad extranjera de tierras rurales.
Vandalismo rural. Obtuvo media sanción el proyecto del PRO que pena con hasta 10 años de prisión los daños a la producción agropecuaria, silobolsas e instalaciones rurales.
Trazabilidad de medicamentos. Tras la crisis del fentanilo contaminado, se dio media sanción con respaldo transversal al sistema SNATECS para monitorear medicamentos de alto riesgo e insumos críticos. La iniciativa es empujada por la libertaria Giudici.
Endeudamiento familiar. Tras más de 15 horas de sesión y por falta de apoyo a su dictamen, La Libertad Avanza logró postergar el debate por morosidad crediticia y que así no se trate la iniciativa opositora.
Transferencia de un inmueble nacional. Se le dio media sanción al proyecto radical para pasar a título gratuito a la provincia del Chaco un inmueble de 6,2 hectáreas de Nación, donde funciona el Centro de Acopio y Embarque Barranqueras (CAEB).
Cártel de Sinaloa (México). Es una organización criminal transnacional dedicada al narcotráfico, contrabando, secuestros extorsivos y otras actividades delictivas, que ya ha sido designada como organización terrorista por múltiples países, incluido Estados Unidos.
La Nueva Familia Michoacana (México). Es una organización criminal mexicana que se especializa en el tráfico internacional de drogas y la minería ilegal, con una alarmante expansión regional.
Los Tiguerones (Ecuador). Es un cártel de origen ecuatoriano que se especializa en actividades de narcotráfico y sicariato, siendo una de las organizaciones criminales más violentas de la región.
FARC-EP y EL (Colombia). Son organizaciones guerrilleras insurgentes de extrema izquierda, basadas en la ideología y los principios del marxismo-leninismo y la revolución armada.
