Javier López Biscayart fue el que en el año 2007 ordenó allanar la empresa Skanska y encontró un audio clave para la investigación.
El Tribunal Oral Criminal Federal 4 condenó a los ex funcionarios involucrados en la presunta trama de sobornos para beneficiar a la empresa sueca en las obras de los gasoductos del norte y del sur y también a directivos de la compañía.
Este mediodía los jueces Jorge Gorini, María Gabriela López Iñíguez y Néstor Costabel condenaron a cinco años de cárcel al ex ministro de Planificación Federal, Julio de Vido; al ex secretario de Obras Públicas, José López, y al ex gerente general de Nación Fideicomisos, Néstor Ulloa, por "administración fraudulenta y cohecho", al haber realizado maniobras en beneficio de Skanska en las obras de los gasoductos Transportadora Gas del Sur y Transportadora Gas del Norte.
Tal como lo informó la Revista Quorum, el fallo fue suscripto por mayoría, con la disidencia de la jueza López Iñíguez, quien discrepó con sus colegas con respecto a la calificación y al monto de las condenas. Ella entendió que los funcionarios eran responsables por negociaciones incompatibles con la función pública pero no por cohecho, y también consideró que no hubo sobreprecios en las negociaciones, porque así lo estableció una pericia contable de la Corte Suprema. Las razones de los votos de los tres jueces se conocerán cuando se lean los fundamentos del veredicto.
Los fiscales Abel Córdoba y Joaquín Gasset también solicitaron en su alegato condenas de cuatro años y medio de prisión por cohecho activo para los responsables de la empresa escandinava y de Infinity Group, una empresa fantasma que funcionó como una "usina" de facturas truchas, que proveyó la documentación falsa necesaria para blanquear el dinero destinado al pago de coimas y sobornos a funcionarios públicos.
Fueron condenados a cuatro años de prisión Mario Piantoni, el gerente comercial Javier Azcárate y Gustavo Vago, presidente de Skanska Argentina por entonces. Los directivos Eduardo Varni, Héctor Obregón, Juan Carlos Bos, Alejandro Gerlero, Roberto Zareba y Alfredo Norberto Greco, quienes según la fiscalía adoptaron prácticas corruptas y adoptaron el soborno como sistema para conseguir licitaciones de obra pública, recibieron penas de tres años de prisión en suspenso.
El expediente, que fue calificado por el entonces presidente Néstor Kirchner como "un caso de corrupción entre privados", tuvo un momento culminante cuando el juez Javier López Biscayart allanó en 2007 la empresa Skanska y encontró en una computadora un audio entre directivos de la compañía donde aludían sin disimulo al pago de sobornos a funcionarios del gobierno de entonces.
Como ha pasado después, por ejemplo en la causa ANDIS, comenzó un debate sobre la validez de los audios. La Cámara Federal los declaró "nulos", porque violaban la intimidad de Javier Azcárate, quien no habría sabido que estaba siendo grabado; la causa se archivó y los involucrados fueron sobreseídos hasta que en 2026 la Cámara de Casación Penal dio vuelta por completo la causa, declaró la validez de las cintas y la Corte Suprema ratificó ese criterio, con lo que la investigación por cohecho fue reabierta.
Esta es la quinta condena por causas de corrupción que recibe el ex ministro de Planificación Federal, aunque, por supuesto, no está firme y sin ninguna duda será apelada apenas se conozcan los fundamentos del Tribunal Oral Criminal Federal 4.
El ex funcionario está gozando del beneficio de la prisión domiciliaria en el marco de su única condena firme: la de su participación en la "Tragedia de Once", por la que recibió 4 años de cárcel.
Otros 4 años le aplicaron por "defraudación a la administración pública", en virtud de la compra de los trenes "chatarra", comprados en 2005 a España y Portugal, que le habrían costado al Estado 100 millones de dólares, a cambio de un material que en su abrumadora mayoría era obsoleto e inutilizable.
Hace dos semanas fue condenado a tres años de cárcel en suspenso por "negociaciones incompatibles con la función pública" por su vinculación con la causa Odebrecht, y ya acumulaba otra, también por cuatro años, por "administración fraudulenta" en el marco de la importación de gas natural licuado.
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