El Poder Ejecutivo implementó un cambio significativo en su política de reconocimiento y protección a refugiados.
Cómo es el nuevo decreto en Argentina: el Gobierno cambió la ley de refugiados para retirar la protección a delincuentes internacionales
El Poder Ejecutivo encabezado por Javier Milei implementó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que excluye del estatus de refugiado a extranjeros con antecedentes de delitos graves o internacionales. La medida busca fortalecer el sistema de asilo y evitar abusos en las solicitudes.
Lo que importa
El Poder Ejecutivo argentino implementó un cambio significativo en su política de reconocimiento y protección a refugiados mediante el DNU 942/2024.
A partir de ahora, se excluirá del estatus de refugiado a extranjeros que hayan cometido delitos internacionales, delitos graves previos, así como a aquellos que realicen actos contrarios a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) o inciten y participen en delitos.
Esta modificación busca reforzar el marco legal y garantizar que el refugio se otorgue solo a quienes realmente lo necesiten, en lugar de a aquellos que infringen gravemente la ley.
Contexto
La Ley General de Reconocimiento y Protección al Refugiado (Ley N°26.165) fue objeto de críticas debido al uso inadecuado del sistema por parte de algunos migrantes. Actualmente, un número significativo de solicitudes de refugio ante la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE) proviene de personas cuyos motivos no se alinean con la definición establecida por la ley. Esto generó un congestionamiento en los trámites y provocó que quienes verdaderamente requieren protección enfrenten demoras innecesarias en el reconocimiento de su estatus.
Además, el decreto establece que la condición de refugiado puede cesar por varias razones, tales como el acogimiento a la protección del país de nacionalidad, la recuperación de la nacionalidad perdida, la adquisición de una nueva nacionalidad con protección, o la residencia en otro país tras la desaparición de las circunstancias que justificaron su condición de refugiado, a menos que mantengan un temor fundado de persecución.
Cómo sigue
Con la implementación de este nuevo decreto, la CONARE será la encargada de decidir sobre la cesación del estatus de refugiado. Este organismo otorgará un plazo para que aquellos que pierdan su condición regularicen su situación migratoria o abandonen el país.
A medida que se desarrollen los próximos meses, se espera que este ajuste en la política de asilo permita una gestión más eficiente y efectiva de las solicitudes de refugio en Argentina, garantizando así la protección adecuada a quienes realmente la necesiten y desincentivando el abuso del sistema por parte de aquellos que cometieron delitos internacionales.
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Con esta medida, el Gobierno pretende dar ayuda a Gendarmería nacional y dar un marco legal para que las Fuerzas Armadas realicen tareas de "control y vigilancia" en las zonas limítrofes.
Debate. El juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces comienza abrirá el tercer proceso judicial por corrupción contra la expresidenta Cristina Kirchner, además de tener por primera vez en el banquillo de los acusados al diputado Máximo Kirchner.
Inicio. La primera audiencia está prevista para este viernes en la Sala AMIA de los tribunales de Comodoro Py, a la que ambos asistirán de manera virtual.
Lavado de dinero y asociación ilícita. La investigación se centra en un mecanismo que habría usado la firma hotelera e inmobiliaria para blanquear retornos provenientes de la obra pública.
Acusados y testigos. Las causas tienen 19 acusados, entre ellos Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián de Sousa. En total, ambas causas reunían más de 300 testigos, pero las partes acordaron reducir la lista para darle celeridad al debate.
Indagatorias y bienes inhibidos. A pedido de los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, el juez Ariel Lijo citó para el 29 de octubre a los hermanos Jonathan y Emanuel Kovalivker. En total convocó a 36 imputados, que declararán hasta el 26 de noviembre, y decretó la inhibición general de bienes de todos los involucrados para evitar que los activos se vuelvan inalcanzables para el Estado.
Una droguería que actuaba como “dueña” de la agencia. Según los fiscales, la Suizo Argentina recibía información anticipada, controlaba las compulsas, fijaba precios con sobreprecios y usaba a Génesis S.A. como firma interpuesta. También habría dado órdenes sobre a qué firmas pagar y a quién designar o despedir dentro de la ANDIS.
Más de $137.000 millones en compras. Entre mayo de 2024 y agosto de 2025, la droguería obtuvo órdenes de compra por esa cifra, que los fiscales atribuyen a competencias simuladas y valores arbitrarios. Lijo también amplió la indagatoria de tres ya procesados por asociación ilícita: Atchabahian, Calvete y Arnaudo.
La versión de la empresa. Suizo Argentina rechazó las imputaciones y los sobreprecios y cuestionó las pruebas incorporadas a la causa, que calificó como un relato armado con mensajes y audios de personas que, según la compañía, en algunos casos nunca tuvieron vínculo con ella. Sostuvo que la ANDIS era uno de más de 10.000 clientes y que el 95% de su facturación proviene del sector privado, y afirmó que “la inocencia es total”.
Ley de Fortalecimiento al Sistema de Discapacidad. Tuvo media sanción con un consenso prácticamente unánime, un punto central del debate en medio de las discusiones por la situación de los prestadores y el financiamiento de las prestaciones. Se trata del proyecto de LLA, PRO, UCR, posteriormente empujado por el MID y Argentina Federal.
Inviolabilidad de la Propiedad Privada. El proyecto volvió al Senado tras ser modificado en Diputados por un margen ajustado (124 a 119), ya que incluyó la restitución de los límites a la titularidad extranjera de tierras rurales.
Vandalismo rural. Obtuvo media sanción el proyecto del PRO que pena con hasta 10 años de prisión los daños a la producción agropecuaria, silobolsas e instalaciones rurales.
Trazabilidad de medicamentos. Tras la crisis del fentanilo contaminado, se dio media sanción con respaldo transversal al sistema SNATECS para monitorear medicamentos de alto riesgo e insumos críticos. La iniciativa es empujada por la libertaria Giudici.
Endeudamiento familiar. Tras más de 15 horas de sesión y por falta de apoyo a su dictamen, La Libertad Avanza logró postergar el debate por morosidad crediticia y que así no se trate la iniciativa opositora.
Transferencia de un inmueble nacional. Se le dio media sanción al proyecto radical para pasar a título gratuito a la provincia del Chaco un inmueble de 6,2 hectáreas de Nación, donde funciona el Centro de Acopio y Embarque Barranqueras (CAEB).
Cártel de Sinaloa (México). Es una organización criminal transnacional dedicada al narcotráfico, contrabando, secuestros extorsivos y otras actividades delictivas, que ya ha sido designada como organización terrorista por múltiples países, incluido Estados Unidos.
La Nueva Familia Michoacana (México). Es una organización criminal mexicana que se especializa en el tráfico internacional de drogas y la minería ilegal, con una alarmante expansión regional.
Los Tiguerones (Ecuador). Es un cártel de origen ecuatoriano que se especializa en actividades de narcotráfico y sicariato, siendo una de las organizaciones criminales más violentas de la región.
FARC-EP y EL (Colombia). Son organizaciones guerrilleras insurgentes de extrema izquierda, basadas en la ideología y los principios del marxismo-leninismo y la revolución armada.
