Se identificaron más de 19 sociedades comerciales donde Lázaro Báez tenía participación directa o a través de testaferros.
La Justicia ordenó e inició la ejecución del decomiso de los bienes de Lázaro Báez y su hijo Martín, condenados por lavado de activos.
La medida alcanzó los bienes de Lázaro Báez, de su hijo Martín y del entramado empresarial y familiar que ambos condenados encabezaron entre 2003 y 2015 e involucró más de 440 inmuebles, 972 vehículos y maquinaria, estancias, sociedades comerciales y cuentas millonarias en el extranjero.
Según informó la revista Quorum, la tasación a noviembre de 2017 arrojó un total de 3.058.871.300 millones de pesos equivalente a 205.134.525 dólares al cambio de la época. La titularidad pertenece, en su mayoría, a Lázaro Báez, su entorno familiar y empresarial.
Los embargos pedidos por la fiscalía y ordenados en ese momento permiten en la actualidad concretar los decomisos.
El caso se centró en el lavado de activos provenientes de la obra pública y maniobras financieras complejas. La sentencia condenatoria quedó firme en mayo último, luego de que la Corte Suprema rechazara los recursos extraordinarios de las defensas.
Quedó así habilitada la fase de ejecución del decomiso, además de iniciarse el cumplimiento de condenas a prisión por lavado de activos: diez años en el caso de Lázaro Báez.
La investigación patrimonial tuvo un punto de inflexión en 2016, cuando un equipo de la fiscalía encabezado por el fiscal federal porteño Guillermo Marijuán viajó a Santa Cruz.
La fiscalía de instrucción quedó a cargo del aspecto de la investigación vinculado al patrimonio de los Báez, el legajo 109.
El equipo del Ministerio Público Fiscal, acompañado por el Cuerpo de Tasadores de la Nación, recorrió durante meses cada punto donde podía existir un bien registrado a nombre de Báez, de sus familiares o de sociedades vinculadas.
En paralelo, se identificaron más de 19 sociedades comerciales donde Báez tenía participación directa o a través de testaferros. Durante los allanamientos, que sumaron más de 300 procedimientos, no solo se hallaron inmuebles y vehículos de colección, sino también libros incunables, autos de colección en un galpón, maquinaria pesada y objetos de alto valor histórico y cultural.
Fue un trabajo de hormiga inédito para la época -casi una década atrás- y los investigadores tienen anécdotas de todo tipo. Cómo la manera en que se sorteó la reticencia inicial a dar información en Santa Cruz.
Por ejemplo, por parte de la entonces titular de la Dirección Provincial de Catastro e Inmuebles. El fiscal citó a declarar como testigo a la titular del organismo, y a partir de allí comenzó a fluir la información clave. “Se iba propiedad por propiedad; llegaba mucha información, alguna era verídica, otra no”, recuerda un funcionario de la pesquisa.
Este relevamiento abarcó Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Tierra del Fuego, Santiago del Estero, Capital Federal y la provincia de Buenos Aires, incluyendo el conurbano y zonas turísticas como Pinamar.
Fue un trabajo de campo. El equipo fiscal iba propiedad por propiedad y chequeaba cada información que recibía, alguna verídica y otra no.
Con las condenas firmes, el juez del Tribunal Oral Federal 4 Néstor Costabel ordenó la inscripción bajo titularidad de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de la totalidad de los bienes cautelados.
Entre ellos figuran propiedades en El Calafate, Río Gallegos, Lago Puelo, Comodoro Rivadavia, estancias de miles de hectáreas como “Coronel Cuarumba”, “La Irenita” y “Los Gurises”. También departamentos y cocheras en la localidad de Olivos, norte del conurbano bonaerense.
En el exterior, la Justicia dispuso el decomiso de cuentas en Suiza y en Bahamas. Solo en el Banco Lombard Odier de la Confederación Suiza, a nombre de la sociedad Tyndall Inc. Ltd., se incautaron 907.202 dólares en inversiones de renta fija, más las ganancias acumuladas desde 2011. En el CBH Bank de Bahamas, a nombre de Eastern Shoreline Limited, se ordenó repatriar 2,98 millones de euros y otros 1,009 millones de euros adicionales.
La sentencia también dispuso la adjudicación definitiva a la Corte Suprema de los fondos obtenidos por la subasta de dos aeronaves: un Rockwell Commander (LV–MBY) y un Learjet (LV–BPL), por un total de $4,3 millones depositados en el Banco Nación.
El procedimiento aplicado incluyó herramientas de decomiso anticipado, recomendadas por organismos como el GAFI para casos de lavado de activos y crimen organizado. La estrategia permitió preservar el valor de los bienes mientras avanzaba el juicio, evitando que se deterioraran o se ocultaran durante los años que duró la causa.
Según fuentes judiciales, la experiencia deja un precedente clave: la importancia de un relevamiento exhaustivo del patrimonio desde las primeras etapas, el uso de medidas cautelares amplias y la colaboración entre fiscalías, cuerpos de tasación y registros provinciales.
Hoy, los inmuebles y activos decomisados forman parte de la Base General de Datos de Bienes Secuestrados y Comisados de la Justicia Nacional y Federal, a disposición de la Corte Suprema para su administración o disposición según la ley. En palabras de un funcionario judicial que siguió el caso desde el inicio: “La magnitud de lo que se recuperó demuestra que el lavado de activos puede rastrearse, congelarse y devolverse al Estado, por más que pasen los años”.
El entendimiento fue firmado por el secretario general de la entidad gremial, Armando Cavalieri, y representantes de las tres cámaras empresariales.
