Cómo será el sistema de cárceles privadas que ya fue utilizado en Uruguay y Javier Milei quiere implementar
Fuentes del Servicio Penitenciario Federal informaron que una de estas cárceles proyectadas estará en Ezeiza y la otra en la zona del Litoral.
En las últimas semanas, la ministra Patricia Bullrich anunció un ambicioso proyecto para reformular el sistema de las cárceles en Argentina, con el objetivo de solucionar la superpoblación y abordar los altos costos diarios de mantener a miles de presos.
“Estamos planificando la construcción de dos cárceles privadas, que están ya en proceso de comienzo de licitación”, declaró la ministra de Seguridad durante un acto del gobierno porteño, donde se discutió el problema del hacinamiento en comisarías y alcaidías de CABA.
Fuentes del Servicio Penitenciario Federal informaron que una de estas cárceles estará en Ezeiza, con capacidad para 3200 internos, y la otra en la zona del litoral, para 1800 reclusos.
El modelo de gestión privada propuesto difiere del sistema de privatización total adoptado en Estados Unidos, donde las empresas tienen control absoluto de las prisiones, explicó una fuente. En Argentina, la propuesta es de gestión mixta: el Servicio Penitenciario Federal (SPF) mantendría la vigilancia y seguridad de los presos, mientras que las empresas privadas invertirían en la construcción, mantenimiento, servicios médicos, alimentación, higiene y tratamiento de residuos.
El sector privado administraría las cárceles y el proceso de resocialización de los internos. Una de las innovaciones de esta propuesta es que las empresas invertirían en la construcción y mantenimiento de los penales, y el Estado pagaría por cada preso alojado en estas prisiones. “Pasaríamos a ser un usuario de esa empresa prestataria que tendría a cargo una especie de concesión”, explicó la misma fuente.
Los informes sobre el comportamiento de los presos, que influyen en los beneficios judiciales, seguirán bajo la supervisión del SPF. Este modelo ya se ha utilizado en otros países de la región como Chile, Brasil y Uruguay, generando debates sobre la efectividad y ética de privatizar parte del sistema penitenciario.
Las empresas involucradas buscan recuperar su inversión y obtener ganancias mediante la construcción y gestión de los servicios, lo que plantea preguntas sobre la calidad y humanidad del trato a los internos.
El sistema penitenciario argentino enfrenta problemas graves, como sobrecostos en la alimentación y mantenimiento de los reclusos, y condiciones inadecuadas en algunas instalaciones, como la contaminación del agua en Marcos Paz, denunciada por el Gobierno en los últimos meses.
El nuevo proyecto busca reducir costos y mejorar las condiciones de vida de los internos, delegando parte del control a privados.
La licitación de estas cárceles privadas comenzará en un mes y medio, coordinada por la Secretaría de Concesiones del Ministerio de Economía, el Ministerio de Seguridad y la cartera de Justicia y Derechos Humanos. Aunque hay muchos intereses en juego, el Gobierno de Javier Milei priorizará las propuestas que ofrezcan las mejores condiciones y costos para el Estado.
“Hay muchos interesados que ya se comunicaron para formar parte del proyecto, tanto a nivel nacional como internacional, pero se hará de manera transparente por medio de licitación y saldrá elegida la empresa que tenga la mejor oferta”, aseguró otra fuente del SPF.
Cónclave clave. Kicillof, Massa, Máximo Kirchner y los gobernadores fueron convocados por los jefes legislativos del PJ.
Defensa electoral. El principal objetivo del encuentro es bloquear cualquier intento del oficialismo de suspender las PASO.
Presupuesto 2027. Buscan consensuar una postura común frente al proyecto de Javier Milei para resguardar los intereses provinciales.
Interna abierta. La reunión pone a prueba la unidad del espacio en medio de las fuertes disputas por las candidaturas presidenciales.
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