El Congreso retomará su actividad el 4 de agosto.
La oposición y el oficialismo calentarán el Congreso al ritmo del calendario electoral. Los libertarios quieren paralizar la Comisión de Presupuesto.
El fin del receso invernal en el Congreso y el acelerado paso rumbo a los picos más altos del calendario electoral tendrán sus repercusiones en ambas Cámaras. La oposición buscará evitar los vetos presidenciales sobre el paquete de leyes previsionales, la emergencia en discapacidad y la ayuda a los inundados de Bahía Blanca.
El oficialismo, por su parte, tratará de cerrar bajo llave la Comisión de Presupuesto de Diputados para que los proyectos enviados por los gobernadores para modificar el reparto de la coparticipación no avancen.
El epicentro de la confrontación reside en la intención del presidente Javier Milei de vetar varias leyes sensibles. El Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ratificó ante distintos medios que el mandatario vetará los proyectos que incluyen un aumento del 7.2% para las jubilaciones, la suba de un bono de $70.000 a $110.000, la reactivación de la moratoria previsional y la ley de emergencia en discapacidad. El plazo para que el Ejecutivo ejerza estos vetos vence el 4 de agosto, fecha en que el Congreso retomaría su actividad.
La oposición, por ahora, se muestra unificada en defensa de estas normas. Pero todo puede cambiar en un año electoral y más cuando las listas nacionales de todas las provincias aún están sin definición. En ese marco, el diputado Miguel Ángel Pichetto, referente del bloque Encuentro Federal, consideró que la propuesta del Congreso es “razonable”, y destacó que los jubilados fueron las principales “víctimas del ajuste”. En cuanto a la emergencia en discapacidad, el rionegrino advirtió que al Gobierno “le va a resultar difícil sostener el veto”.
Antes de abordar estas leyes de alto impacto social, el Congreso enfrentará una prueba inicial con la ley de Emergencia para Bahía Blanca, que Milei ya vetó. Esta iniciativa, ya ratificada por el Senado, ahora será el turno de los Diputados. La votación pondrá en una posición incómoda a los 15 diputados del PRO que respaldaron la ley vetada, a pesar de haber sellado acuerdos electorales con La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.
En ese marco, el titular del bloque PRO, Cristián Ritondo, uno de los articuladores de la unidad con LLA, dejó en claro que su bloque respaldará la decisión del Presidente.
Por estas horas, en los pasillos del Congreso, nadie se anima a vaticinar un resultado respecto de lo que puede pasar con cada norma una vez que se abra el recinto. Según pudo recoger El Observador todo lo que suceda en ambas Cámaras tendrá que ver en buena parte con las alianzas electorales que pueda construir el oficialismo en el interior del país.
Un frente de batalla adicional se abre con los proyectos que la totalidad de los gobernadores impulsan. Los textos que ya se encuentra en la Cámara de Diputados y que cuentan con la aprobación del Senado buscan modificar el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la tasa vial del impuesto a los combustibles, con el objetivo de limitar la discrecionalidad en la distribución de fondos por parte del Ejecutivo.
En ese contexto, la influencia de los gobernadores sobre muchos diputados será un factor determinante en esta contienda. El oficialismo busca “desactivar el reclamo” de los gobernadores mientras procura conseguir otra vez a “los 87 héroes” necesarios en Diputados para sostener los vetos presidenciales. El Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, jugará nuevamente un papel central en las negociaciones con los gobernadores, mientras que Martín Menem lo hará con los diputados.
En esta estrategia oficialista, un actor clave es el diputado libertario José Luis Espert, presidente de la estratégica Comisión de Presupuesto y Hacienda. El economista libertario es una de las espadas centrales del oficialismo, no por su rol en la discusión pública, sino por su disciplina partidaria. En ese rol cumple sin reparos con las órdenes de la Casa Rosada y mantiene paralizada la Comisión de Presupuesto.
Según pudo saber El Observador, la idea de los libertarios es mantener la Comisión de Presupuesto sin actividad por lo menos hasta el mes de octubre. Por lo tanto, el debate sobre el presupuesto 2026 comienza a peligrar y quedará supeditado en buena parte a los resultados electorales.
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