El expresidente presentó un extenso descargo en la causa que lleva el juez Julián Ercolini en el que dijo que la acusación está basada en “vaguedades” y aseguró que nunca favoreció a su amigo Martínez Sosa
El ex presidente Alberto Fernández presentó un extenso escrito, de cerca de 50 páginas, en la causa que investiga irregularidades en las contrataciones de seguros por parte del Estado durante su gestión, y aseguró que la denuncia es “una persecución política direccionada desde el sistema penal”, basada en vaguedades e inexactitudes, en las que -siempre según el ex mandatario- no existe ningún delito.
La presentación ante el juez federal Julián Ercolini, dada a conocer por el matutino La Nación, está escrita en primera persona pero lleva también la firma de su abogada Mariana Barbitta. Allí, Fernández sostiene que el decreto que él firmó obligaba a contratar los seguros del Estado con Nación Seguros para evitar que las primas fueran a parar a manos de “empresas extranjeras” y expresamente preveía que no debía haber intermediarios. Fernández se escuda en un tecnicismo: dice que los organismo que contrataron sus pólizas con el broker Héctor Martínez Sosa, amigo personas y esposo de su exsecretaria María Cantero, no contrataron “productores de seguros”, sino asesores de seguros.
Se trata de la primera presentación de Fernández en este expediente, donde hay más de 30 acusados, entre ellos él mismo, Cantero, Martínez Sosa y empresarios de seguros. Para el ex mandatario, la causa está basada en publicaciones de los medios Clarín e Infobae. “Lo más grave no es el intento de quienes ejercen la política -en forma mezquina- de utilizar a la Justicia penal como un medio de persecución, sino que efectivamente la Justicia Federal recepte de manera automática aquellas acusaciones, instruyendo arbitrariamente causas judiciales en base a dichos de periodistas y a noticias falsas”, dijo el expresidente.
Para el ex presidente, la denuncia tiene un “tinte ideológico” económico, libertario, ya que “se pone como foco de la denuncia el ‘monopolio’ en el ámbito de seguros estatales”. Recientemente, el gobierno de Javier Milei derogó el decreto de necesidad y urgencia firmado por Fernández. Según el ex presidente, su decreto buscaba, en el fondo, evitar la salida de divisas a través de los reaseguros en el extranjero que suelen contratar las compañías privadas.
Para Fernández, las denuncias son “ambiguas y vacías de fundamento” y “no explicaron cuál fue la irregularidad concreta, ni la normativa incumplida, ni mucho menos cómo debería haberse procedido”. “Simplemente cuestionaron un decreto con esa mirada ideológico-económica, que no es más que una mera oposición a la manera de gestionar el Estado, pero que de ninguna manera constituye un delito”, manifestó.
Fernández volvió a impugnar a Ercolini -no le da garantías de imparcialidad, sostuvo- y señaló que el dictamen del fiscal Carlos Rívolo no contiene los “datos mínimos para poner en movimiento la acción penal, salvo que, desde la Justicia Federal, se entiendan como suficientes ‘datos mínimos’ a la citación de fuentes periodísticas que no se sustentan en ningún documento, declaración u acto válido”.
Respecto de su amigo Martínez Sosa, beneficiado con contrataciones millonarias gracias a las gestiones de su esposa y entonces secretaria del ex presidente, Fernández dijo ser “totalmente ajeno” a sus empresas ni haber intercedido: "Jamás me pidió que lo hiciera. No tengo ningún vínculo comercial con Héctor Martínez Sosa”. Sin embargo, no desmintió ni mencionó los chats con su exsecretaria en los que le dice que él se encargaría de que Martínez Sosa consiguiera las pólizas de la Cancillería ni a los que aludían a las pólizas de Fabricaciones Militares.
Fernández relató que hubo fueron organismos que requirieron a Nación Seguros la designación de un “asesor” que les aconsejara sobre cuáles eran los riesgos por cubrir y eventualmente diligenciara el cobro de siniestros. “Esta figura no aparece en el decreto, pero es una práctica habitual en el mercado de seguros”, afirmó. Y dijo que cuando los seguros del Estado se monopolizaron, Nación Seguros SA acotó las comisiones al 10% del precio de la prima. “La idea de que el Decreto Nro. 823/2021 fue dictado para beneficiarlo [a Martínez Sosa] es absurda, toda vez que la mayoría de los contratos en los que intervino son previos a mi asunción como Presidente”, escribió Fernández.
El expresidente había pedido la recusación del magistrado, pero el tribunal no hizo lugar a su reclamo.
El ex presidente es investigado por su presunta implicación en un esquema de corrupción al imponerle a los organismos públicos la contratación de Nación Seguros a través de intermediarios
El teléfono del ex presidente está en poder de la Justicia para ser analizado en el marco de las denuncias por violencia de género contra Fabiola Yáñez, pero podría ser incorporado a la causa que investiga la corrupción en las contrataciones del Estado