Política

Más problemas para Alberto Fernández: el fiscal pidió que se revise su celular por la causa de los brokers de seguros

El teléfono del ex presidente está en poder de la Justicia para ser analizado en el marco de las denuncias por violencia de género contra Fabiola Yáñez, pero podría ser incorporado a la causa que investiga la corrupción en las contrataciones del Estado

El celular de Alberto Fernández está bajo custodia de la Justicia federal desde hace una semana. Según la orden del juez Julián Ercolini, el próximo paso será realizar una pericia sobre el dispositivo en el marco de la causa por hechos de violencia de género, con el objetivo de determinar si se violaron las medidas restrictivas impuestas.

Sin embargo, el fiscal Carlos Rívolo solicitó que, en caso de encontrarse información o pruebas relevantes para la causa de los Seguros, donde Fernández está imputado por presuntos actos de corrupción, estas también se incluyan en ese expediente.

Este pedido de Rívolo implicaría una ampliación tanto temática como temporal del relevamiento, ya que originalmente se planeaba revisar menos de una semana de comunicaciones. Si el juez acepta la solicitud del fiscal, se analizarán años de comunicaciones.

En su presentación ante Ercolini, quien es el juez en ambas causas contra Fernández, Rívolo expresó: “Independientemente de los límites con los que V.S eventualmente ordene el análisis de la información que pueda llegar a obtenerse de esos dispositivos y su posterior inclusión en el expediente mencionado y, teniendo en cuenta que las herramientas técnicas usualmente utilizadas para realizar este tipo de extracciones no admiten limitación, sino que extraen la totalidad del contenido de los dispositivos; es que vengo por medio del presente a requerir a V.S que, ante la posibilidad de que al momento de efectuarse el análisis y evaluación sobre toda esa información extraída de esos dispositivos, V.S constate la existencia de elementos que sean de interés para la presente causa en la que se encuentra investigado el nombrado, se agreguen como prueba en estas actuaciones”.

Fuentes judiciales citadas por el diario La Nación explicaron que, cuando los peritos de la Policía Federal acceden a un teléfono para buscar comunicaciones, descargan todo el contenido del dispositivo. Posteriormente, es el juez quien decide qué información resulta relevante para la causa en la que se ordenó el peritaje. Si el juez Julián Ercolini acepta el pedido del fiscal Carlos Rívolo, el contenido del celular de Alberto Fernández se utilizará como prueba en dos causas diferentes.

Este procedimiento podría incluso revelar información sobre otros delitos, como ocurrió con el teléfono de María Cantero. En ese caso, el dispositivo fue analizado en el marco de la causa de los seguros, pero durante la pericia se descubrieron chats entre Cantero y Fabiola Yañez, en los que la entonces primera dama relataba haber sido golpeada por Fernández en varias ocasiones. A raíz de este hallazgo, Ercolini, al considerar que podría tratarse de un caso de “lesiones leves”, se comunicó con Yañez para consultarle si deseaba presentar una denuncia. En un principio, Yañez se negó, pero luego cambió de opinión, lo que dio lugar a una nueva causa, la cual también quedó a cargo de Ercolini tras un sorteo.

Actualmente, el teléfono de Alberto Fernández lleva una semana en manos de la Justicia y aún no ha comenzado el proceso de peritaje.

El secuestro del dispositivo, ocurrido el viernes pasado, ha generado preocupación y malestar en el entorno del ex presidente por lo que podría surgir tanto a nivel personal como profesional. Algunos temen que este incidente desencadene un “tsunami” de nuevas causas judiciales.

Durante la última semana, varios ex funcionarios revisaron sus conversaciones con Fernández. Se comenta que el expresidente está furioso con Cantero por la gestión de su celular, ya que no eliminaba conversaciones antiguas, como la que tuvo con Yañez. Ahora, el entorno de Fernández teme por el contenido de sus propias conversaciones con él.

Malvinas: el Gobierno evalúa sumar la pesca al régimen de sanciones

Reunión de la mesa política del Gobierno por la cuestión Malvinas, con la participación de los ministros de Defensa y Relaciones Exteriores
Presidencia
  • Ampliación del proyecto de sanciones. En el marco de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que se enviará al Congreso, la Casa Rosada analiza extender el esquema de sanciones —hoy centrado en las petroleras— a la actividad pesquera vinculada a licencias británicas en Malvinas.
  • Un reclamo que viene del sector. La Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera y el peronismo piden aplicar a la pesca el mismo criterio que se usa contra las empresas que operan en la exploración de hidrocarburos sin autorización argentina.
  • Una herramienta legal que ya existe. Desde 2008, el artículo 27 bis de la Ley Federal de Pesca exige a quienes tienen cuotas o licencias en el país declarar que no tienen vínculos con buques que pesquen sin permiso argentino en Malvinas, bajo pena de perder esos permisos.
  • El antecedente con las petroleras. Tras la cadena nacional del 3 de septiembre, Cancillería denunció a 60 empresas y personas vinculadas a proyectos petroleros como Sea Lion, alcanzando también a accionistas, directores y proveedores.
  • Presentación en Diputados. El proyecto ingresará el próximo lunes por la Cámara baja, con Presti (Defensa) y Quirno (Cancillería) como posibles expositores; el oficialismo espera que el tratamiento comience entre fines de septiembre y principios de octubre.