La decisión de la Corte Suprema de dejar sin efecto la sentencia que frenó la aplicación de la derogación de la ley de Tierras dentro del DNU 70/2023 cayó como una bomba dentro del Gobierno porque volvió a llevar a La Libertad Avanza (LLA) a un terreno en el que se siente incómodo por la derrota en el Senado.
Lejos de tomar el fallo como un guiño, en la Casa Rosada lo vieron como "una zancadilla" del máximo tribunal ante la reinstalación de un tema que daban por cerrado y la posibilidad, concreta, de que se constituya una mayoría opositora que deje sin efecto al DNU 70/2023.
El malestar del Gobierno con la Corte Suprema por la ley de Tierras
"Nos compramos un problema mayor. Era algo que no estaba en agenda, que ya perdimos y ahora tenemos que volver a frenarlo", le dijo a El Observador un integrante de la mesa política preocupado por la situación. Además hay otra complicación para el Gobierno: el viaje del presidente Javier Milei y de buena parte del Gabinete a París por la Argentina Week.
"Nadie pidió nada. La verdad, que si la Corte nos ayudó como dicen en el kirchnerismo nos convendría que no lo haga tanto. Porque además nos van a terminar volteando el DNU 70", agregó otro integrante de la mesa política ante la consulta de este medio.
La Cámara alta ya rechazó el decreto en marzo de 2024 y alcanza con que Diputados haga lo mismo para que caiga completo, porque la ley obliga a votarlo a todo o nada. Tras el fallo, Unión por la Patria, Provincias Unidas, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda reclamaron una sesión especial.
Crece el malestar con la Corte Suprema dentro del Gobierno por el fallo sobre la ley de tierras.
El problema de la ley de Tierras tras el traspíe en el Senado
El fallo del martes, de ocho páginas, lleva las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Revocó la sentencia de la Sala III de la Cámara Federal de La Plata que en marzo de 2024 había declarado inconstitucional el artículo 154 del decreto, el que derogó la ley 26.737.
La causa la inició el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata con un amparo contra el Poder Ejecutivo. En la feria de enero de 2024 el juez Ernesto Krepak repuso la norma con una cautelar que días después su par Alberto Recondo dejó sin efecto.
El tribunal entendió que la entidad no tenía legitimación para demandar. Sostuvo que la soberanía territorial es "uno de los elementos constitutivos del Estado" y no un bien colectivo en los términos del artículo 43 de la Constitución.
Los fundamentos de la Corte Supremama en el fallo
"Frente a la clara ausencia de un derecho de incidencia colectiva sobre un bien colectivo, no es posible tener por configurado un caso o controversia", señalaron los jueces, que cuestionaron a los tribunales que "insisten en reconocer legitimaciones notoriamente alejadas" de los recaudos constitucionales.
El dato político está en otro párrafo. La Corte aclaró que el pronunciamiento "no supone abrir juicio sobre la validez constitucional del artículo 154" ni interfiere con la intervención del Congreso.
Crece el malestar con la Corte Suprema dentro del Gobierno por el fallo sobre la ley de tierras.
La norma derogada fijaba un tope del 15% para las tierras rurales en manos extranjeras a nivel nacional, provincial y departamental, con un máximo del 30% de ese cupo para una misma nacionalidad. Es el debate que LLA perdió en agosto, cuando Patricia Bullrich debió retirar el capítulo de "extranjerización de tierras" del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
El Gobierno se quiere concentrar en la Argentina Week en París
La Corte también juega en ese sentido. Del máximo tribunal se espera que saque fallos fuertes durante el segundo semestre, incluidos algunos vinculados a causas sensibles. Sin embargo, quiere mantenerse firme en su jurisprudencia de no meterse en asuntos políticos hasta que se agoten primero las instancias de diálogo.
Una fuente judicial con conocimiento del expediente planteó que el problema es que todo se judicializa mientras no se avanza con la cuestión de fondo. "La Corte fue clara. Es algo que tiene que resolver la política, no los jueces", remarcó.
Esa definición es la que complica al Gobierno. La discusión vuelve al recinto, donde los números ya no le alcanzaron, con el Presidente y sus principales negociadores en Francia y la suspensión de las PASO y el Presupuesto 2027 todavía sin cerrar.