El Senado volverá a sesionar mañana jueves 6 a las 14.
Los números no estaban, algo más había que ceder. Tras reunirse con aliados, Bullrich sacó el polémico capítulo III del proyecto sobre la propiedad privada.
Sin siquiera estar cerca de un posible empate, Patricia Bullrich escuchó el insistente reclamo de sus aliados y cedió una modificación clave: mañana en el recinto, se votará el proyecto de Inviolabilidad de la propiedad privada sin el capítulo que flexibiliza la extranjerización de tierras rurales. El cónclave en el Senado está previsto para las 14.
"Lo más importante para nosotros es mantener este grupo", mencionó la jefa del bloque de La Libertad Avanza, pensando en los proyectos oficialistas que se vienen a futuro. Habló de los 44 senadores (tanto los propios como los aliados) que acompañan y/o están abiertos al diálogo con el Gobierno para apoyar sus iniciativas. En rigor, se refiere a la unidad entre los libertarios con UCR, PRO y bloques provinciales.
Bullrich había presentado este martes la versión definitiva del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, cuya principal novedad era que se daba marcha atrás con la eliminación total de los límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros y se aceptaba mantener un tope del 25%. De todas formas, esto no alcanzaba y los oficialistas contabilizaban para el capítulo III un total de 32 votos verdes. No eran suficientes y les esperaba una derrota.
Ahora, sin el capítulo sobre extranjerización de tierras, el proyecto queda centrado en fortalecer las garantías frente a las expropiaciones, agilizar los desalojos, introducir cambios en el régimen locativo, modificar parcialmente la Ley de Manejo del Fuego y modernizar el sistema registral inmobiliario mediante herramientas digitales y coordinación federal.
En primer lugar, quedará la reforma de la Ley de Expropiaciones. Por un lado, se restringe la interpretación del concepto de "utilidad pública": deberá justificarse de manera específica y la expropiación tendrá que ser necesaria, idónea y proporcional. También modifica el cálculo de la indemnización:
Además, el valor del inmueble deberá calcularse antes de cualquier anuncio o acto estatal vinculado a la expropiación para evitar que la decisión del Estado altere el precio. La indemnización se actualizará por IPC más la tasa de plazo fijo del Banco Nación y no puede haber transferencia del dominio sin el pago previo e íntegro de la indemnización.
Otro capítulo polémico pero que se mantendrá: los cambios en los desalojos. Esto sufrió modificaciones meses anteriores, pero no a tal punto de eliminarlo. Con él, en rigor, busca acelerar los procesos judiciales:
Establece cambios en el Código Civil y Comercial e incorpora un procedimiento específico para desalojos por falta de pago. Antes de demandar, el propietario deberá intimar fehacientemente al inquilino y, además, deberá otorgarle un plazo mínimo de 10 días para pagar.
Si termina el contrato, el locador no podrá negarse a recibir las llaves. Y si el propietario no las recibe, el inquilino podrá consignarlas judicialmente; desde ese momento dejarán de generarse alquileres, siempre que cumpla los requisitos previstos.
Esta ley, impulsada por Máximo Kirchner años atrás, es uno de los principales puntos que el Gobierno quiere cambiar al considerarla "dañina". Se mantiene la prohibición de cambiar el uso de bosques nativos incendiados; no obstante, se elimina la prohibición automática para otros tipos de tierras incendiadas, como ocurría con la redacción vigente.
Se pone el foco en la prevención, investigación de incendios intencionales, restauración ambiental e incluso coordinación entre Nación y provincias. Propone derogar el artículo 22 quater de la ley vigente, que establece restricciones adicionales posteriores a los incendios.
Esta modificación es un capítulo técnico pero importante. Permite la utilización de documentación digital y firma digital en los registros inmobiliarios. Establece un plazo máximo de 30 días para la calificación registral y moderniza el sistema de matriculación de inmuebles. En tanto, crea el Consejo Federal de Registros de la Propiedad Inmueble y una Red Federal Digital de Inhibiciones.
Entre medio, está la duda sobre si la senadora peronista por Mendoza Anabel Fernández Sagasti podrá votar. Debido a que cursa un embarazo avanzado y de riesgo, se le recomendó no viajar y mantenerse en su provincia; ante esto, solicitó que se le permita emitir su voto de forma virtual.
Victoria Villarruel determinó que el pleno vote este jueves si la senadora puede participar de manera asincrónica, como ocurrió durante todo el período de la pandemia. Para ello, primero, se necesita de dos tercios para sumar esta moción al temario, debido a que esta sesión se retoma de un cuarto intermedio y no es nueva. Luego, de conseguirse, requeriría aprobar el pedido con una mayoría simple.
No obstante, desde las esferas libertarias del Senado denunciaron que la presidenta de la Cámara maneja una "doble vara". Y es que el radical por Catamarca Flavio Fama también solicitó autorización para intervenir a distancia en la sesión por razones de salud, tras una operación de rodilla que le impide viajar. Villarruel no le dio lugar a su pedido.
La interna de La Libertad Avanza quedó en un segundo plano. El objetivo de la reelección de Javier Milei. Diego Santilli como el gran concialiador.
Por respeto al Vaticano, el Gobierno mantuvo en absoluto secreto la confirmación de la visita del papa León XIV a la Argentina, confirmada internamente hace algunas semanas.
