Desde el entorno del alcalde porteño dicen que aceptarán la potestad sobre las líneas porteñas sólo en el caso de que sean transferidas con los recursos correspondientes. En caso de que Nación avance sin en el traspaso sin los recursos, la Ciudad de Buenos Aires recurrirá a la Justicia.
Anuncio oficial y la respuesta porteña por la quita de subsidios
El conflicto se agravó cuando el Gobierno porteño exigió al Ejecutivo Nacional que asumiera el costo, alegando que la medida no es competencia de la Ciudad. En un comunicado, el ministro de Infraestructura porteño, Pablo Bereciartua, remarcó que “la Jurisdicción Nacional es la que ejerce, en forma exclusiva, la competencia y fiscalización de todo servicio público de pasajeros por automotor con recorrido en esta Ciudad, encontrándose a su exclusivo cargo las compensaciones tarifarias y subsidios, y el mantenimiento del normal funcionamiento del sistema”.
El texto también señala que “el artículo 2° de la Ley 26.740 pretendió establecer un marco jurídico para la transferencia de la competencia del servicio público de pasajeros a la Ciudad, pero esta transferencia nunca se concretó. Añadió que “para que un traspaso de competencias y/o funciones se efectivice, debe ser realizado respetando y cumpliendo la Constitución Nacional (art 75, inciso 2), los principios que imperan en lo que se denomina federalismo de concertación y la restante normativa que de ellos se desprende y se encuentra vigente”.
En el marco de la discusión, que también está cruzada por la demora de Nación en el depósito de la coparticipación, el Gobierno porteño recordó el hecho de que hace más de cinco años colabora en el subsidio de tarifas para líneas cuya jurisdicción es exclusiva del Estado Nacional, a pesar de no participar en la definición de dichas tarifas, las cuales son establecidas unilateralmente por el gobierno nacional.
La vos de Jorge Macri
En la conferencia de prensa donde se anunciaron nuevas medidas para regular el uso del celular en las escuelas, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, aprovechó para dejar sentada su posición sobre la posible suba de la tarifa del transporte y advirtió: “quien define el precio del colectivo es el gobierno nacional, es una pregunta para hacerle a ellos”.
Por otra parte, el Gobierno porteño no dudó en responsabilizar al Poder Ejecutivo de las posibles medidas de fuerza y complicaciones que se desencadenen por la quita de subsidios.
Ampliación del proyecto de sanciones. En el marco de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que se enviará al Congreso, la Casa Rosada analiza extender el esquema de sanciones —hoy centrado en las petroleras— a la actividad pesquera vinculada a licencias británicas en Malvinas.
Un reclamo que viene del sector. La Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera y el peronismo piden aplicar a la pesca el mismo criterio que se usa contra las empresas que operan en la exploración de hidrocarburos sin autorización argentina.
Una herramienta legal que ya existe. Desde 2008, el artículo 27 bis de la Ley Federal de Pesca exige a quienes tienen cuotas o licencias en el país declarar que no tienen vínculos con buques que pesquen sin permiso argentino en Malvinas, bajo pena de perder esos permisos.
El antecedente con las petroleras. Tras la cadena nacional del 3 de septiembre, Cancillería denunció a 60 empresas y personas vinculadas a proyectos petroleros como Sea Lion, alcanzando también a accionistas, directores y proveedores.
Presentación en Diputados. El proyecto ingresará el próximo lunes por la Cámara baja, con Presti (Defensa) y Quirno (Cancillería) como posibles expositores; el oficialismo espera que el tratamiento comience entre fines de septiembre y principios de octubre.
Sesión con quórum justo. La oposición convocó a sesionar este miércoles para emplazar y dictaminar proyectos sobre endeudamiento familiar y discapacidad. Necesitan reunir 129 presentes y estiman alcanzar los 130 diputados.
Estrategia libertaria. El oficialismo abrió las comisiones solicitadas y se comprometió a apoyar las iniciativas, si no generan déficit fiscal; aunque no sería suficiente para frenar la sesión.
Rol clave de los gobernadores. Diputados de Tucumán y Catamarca dijeron que darán quórum, pero la incógnita pasa por los de Salta y Misiones, sumados a posturas ambiguas dentro de Provincias Unidas.
Mensaje político a Milei. El peronismo y sus aliados buscan demostrar fortaleza frente al Ejecutivo, pese a los intentos de La Libertad Avanza por destrabar el conflicto.
¿Respuesta del Gobierno? No se descartan anuncios del Gobierno hoy, tras la mesa política, para intentar desarticular la convocatoria.
