Destituyen a Gloria Ruiz, vicegobernadora de Neuquén, por corrupción y nepotismo
La Legislatura de Neuquén removió a Gloria Ruiz tras graves acusaciones de irregularidades en fondos públicos, nepotismo y enriquecimiento ilícito
La Legislatura de Neuquén removió a Gloria Ruiz tras graves acusaciones de irregularidades en fondos públicos, nepotismo y enriquecimiento ilícito
La decisión de destituir a Ruiz, tomada en una sesión especial, se basó en los resultados de una investigación interna realizada por la Legislatura. Esta investigación concluyó que durante su gestión como vicegobernadora y presidenta de la Legislatura de Neuquén, Ruiz incurrió en actos de nepotismo, mal manejo de fondos públicos y contrataciones irregulares. Los hechos más graves incluyen transferencias millonarias a su hermano, Pablo Ruiz, pagos excesivos a empresas de marketing y el uso indebido de recursos estatales para fines personales.
Entre las anomalías más destacadas se encuentran:
Pablo Ruiz, designado como coordinador en la Legislatura por su hermana, es acusado de haber recibido transferencias irregulares desde fondos públicos. Además, Gloria Ruiz también designó a su esposo, Claudio Costa, como chofer, y a otros allegados provenientes de su gestión como intendenta en Plottier. Aunque negó vínculos familiares con algunos de los empleados, el proceso de contratación careció de transparencia.
En su última declaración ante la comisión investigadora, Ruiz admitió que ciertos movimientos financieros no deberían haber ocurrido pero negó haber actuado con mala intención. “No creo que haya cometido ningún ilícito, no hubo mala fe”, aseguró. También calificó el proceso de destitución como un “ataque a la democracia” y cuestionó que los legisladores ya tenían “la decisión tomada”. Respecto a las contrataciones de allegados, afirmó que se trataba de empleados de confianza de su gestión previa como intendenta de Plottier.
El escándalo no solo marcó la destitución de Ruiz, sino que también generó cuestionamientos hacia su compañero de fórmula, el gobernador Rolando Figueroa. Legisladores como Andrés Blanco, del Frente de Izquierda, señalaron que resulta difícil creer que Figueroa desconociera las irregularidades de Ruiz al momento de elegirla como compañera de fórmula.
Por su parte, el gobernador expresó sentirse “decepcionado y dolido” por la situación, pero decidió mantener un perfil bajo durante el proceso. A pesar de la crisis institucional, Figueroa reiteró su compromiso con la división de poderes, permitiendo que la Legislatura avanzara en la destitución.
Durante el debate legislativo, los diputados repasaron las pruebas reunidas por la comisión investigadora, que incluían diapositivas con detalles de las irregularidades detectadas. Claudio Domínguez, del Movimiento Popular Neuquino, criticó los intentos de justificar compras como una camioneta 4x4 valuada en 90 millones de pesos y la construcción de una pileta en Plottier.
Por su parte, Marcelo Bermúdez, diputado de Pro, destacó que la inhabilidad moral de Ruiz no solo radica en los actos irregulares cometidos, sino en su incapacidad para entender la responsabilidad que conlleva la función pública.
Cinco diputados, entre ellos los del Frente de Izquierda, abandonaron la sesión al no permitírseles abstenerse. Argumentaron que el proceso tenía sesgos políticos y pidieron una ley anticorrupción que fiscalice a todos los funcionarios por igual.
Tras su destitución, Gloria Ruiz y su hermano Pablo deberán responder ante la Justicia ordinaria, donde ya enfrentan imputaciones por fraude al Estado y enriquecimiento ilícito. Su abogado, Carlos Broitman, prometió presentar pruebas que respalden la inocencia de ambos.
En el plano político, el cargo de vicegobernadora quedará acéfalo, ya que Zulma Reina, diputada que asumirá las funciones legislativas, no será investida en el Poder Ejecutivo. Este vacío institucional deja al gobernador Figueroa como única figura de peso en la provincia, mientras se reconfiguran las alianzas políticas locales.
La destitución de Ruiz marca un precedente en la política neuquina, resaltando la necesidad de reformas estructurales para evitar casos similares. La crisis pone de manifiesto las falencias en los mecanismos de control interno y la falta de regulación en la contratación de personal en el sector público.

