Guillermo Michel cuestionó el anuncio de Uruguay sobre la planta de HIF.
Guillermo Michel insistió en que sostendrá su denuncia hasta un anuncio oficial registrado en el expediente judicial.
El diputado nacional por Entre Ríos Guillermo Michel puso en duda el alcance del anuncio realizado por Uruguay sobre la relocalización del proyecto de hidrógeno verde y e-combustibles de HIF Global en Paysandú. Aseguró que la acción judicial iniciada desde Argentina continuará hasta que la decisión sea formalizada en los expedientes, y fue duro tanto con la Cancillería uruguaya como con la argentina.
En declaraciones con radio Carve, el peronista sostuvo que, por el momento, “es sólo un anuncio” y remarcó que no tuvo acceso a ningún documento que formalice la relocalización del emprendimiento: “Nadie vio un papel ni un acuerdo firmado, no hay ninguna presentación a ningún expediente administrativo”.
La Cancillería uruguaya informó que quedó oficializada la decisión de relocalizar el proyecto, luego de las gestiones mantenidas con el gobierno argentino. El canciller argentino Pablo Quirno había celebrado este miércoles la decisión y destacó el diálogo entre ambos países como vía para encontrar una solución al conflicto generado por el emplazamiento original de la planta.
Sin embargo, Michel planteó que ese anuncio no modifica el proceso judicial que impulsa junto con otros dirigentes entrerrianos. “Nuestra acción preventiva va a seguir adelante hasta que todo esto, que es un anuncio, lo veamos expresado por alguna autoridad uruguaya en el expediente judicial”, sostuvo.
El legislador recordó que el planteo presentado ante la Justicia Federal no se limita al impacto visual que podría tener la planta sobre las costas de Colón, sino que también busca determinar eventuales efectos sobre el agua y el aire.
En ese marco, señaló que las últimas medidas judiciales estuvieron vinculadas con la definición del área en la que deberían realizarse las extracciones de muestras y las pericias. Además, indicó que durante esta semana se dispuso una nueva medida relacionada con la extracción de agua para analizar la situación actual.
“Lo que hay no es un planteo político, sino un planteo judicial hecho de nuestra parte”, enfatizó Michel. Y agregó: “Más que hacer publicaciones y reclamos por los medios, iniciamos una acción judicial concreta que está prevista en nuestro Código Civil”.
Otro de los cuestionamientos del diputado estuvo dirigido a la falta de información proveniente de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), organismo binacional encargado del monitoreo del río.
Según Michel, “las últimas tres mediciones por parte de la CARU no se han entregado” y existe un atraso en la presentación de los controles y monitoreos. Para él, esa demora adquiere especial relevancia porque el reclamo judicial busca establecer precisamente cuáles podrían ser los efectos ambientales del proyecto sobre el río Uruguay y su entorno.
El conflicto había escalado durante las últimas semanas luego de que el presidente uruguayo Yamandú Orsi afirmara que Argentina había retirado una denuncia vinculada con la instalación de la planta. La fiscal federal Josefina Minatta y Michel desmintieron entonces que la causa hubiera sido retirada y señalaron que los procesos judiciales continuaban.
Ahora, ante el anuncio de la relocalización, Michel volvió a cuestionar la precisión de las comunicaciones oficiales provenientes de Uruguay. “En menos de cinco días hubo varios anuncios por parte del Poder Ejecutivo uruguayo sobre el tema bastante poco precisos”, afirmó. En ese sentido, sostuvo que todavía no está claro dónde se relocalizará concretamente el proyecto ni cuáles serán las evaluaciones ambientales que deberán realizarse.
Michel también marcó diferencias con la estrategia seguida por el Gobierno argentino y, particularmente, con la Cancillería. “Me llama la atención que el anuncio de relocalización se hizo después de que la Justicia Federal actuó, hizo un control perimetral de dónde se instalaría la planta, que iba a ser del lado de las costas argentinas, y ya ordenó la extracción de la muestra”, afirmó.
Y lanzó una crítica directa a la política exterior de la administración de Javier Milei: “Confío más en el accionar de la Justicia que de Cancillería argentina, que ha tenido bastantes acciones poco asertivas, no solo con este caso sino también con Malvinas”. El diputado insistió en que su planteo no apunta a confrontar con Uruguay sino a garantizar que cualquier modificación del proyecto contemple los posibles efectos ambientales sobre ambas márgenes del río.
“La salida a este conflicto no es confrontar en los medios”, había planteado Michel durante el episodio anterior del conflicto. “Se requiere diálogo serio y responsable”. En esa línea, ahora puso el foco en la necesidad de que la relocalización anunciada por los gobiernos argentino y uruguayo tenga un correlato formal y verificable en los procesos judiciales.
“Si nosotros tomamos de alguna forma y hacemos un análisis de las últimas declaraciones con lo que vale la palabra presidencial para un pueblo, no vimos ningún acuerdo firmado”, sostuvo. El planteo de Michel se produce después de que el Gobierno de Milei presentara el acuerdo con Uruguay como un resultado del diálogo bilateral.
Quirno destacó especialmente la participación del presidente uruguayo Yamandú Orsi, su canciller Mario Lubetkin, el gobernador de Entre Ríos Rogelio Frigerio y los equipos técnicos de ambos países, y afirmó que la decisión contempla “el bien común de Argentina y Uruguay”.
"El diálogo, la diplomacia y la voluntad de encontrar soluciones comunes volvieron a demostrar que son el mejor camino para resolver incluso los temas más sensibles entre nuestros países. Hoy podemos decir que este trabajo conjunto permitió llevar este proceso a buen puerto, con una decisión que contempla el bien común de Argentina y Uruguay", manifestó el funcionario.
Además, Quirno destacó: "Quiero agradecer muy especialmente al Gobierno de Uruguay, a su presidente Yamandu Orsi y a su Canciller Mario Lubetkin por la disposición, la confianza y el espíritu constructivo con el que abordaron este tema. También al gobernador de Entre Ríos Rogelio Frigerio, a los intendentes de las localidades involucradas y a todos los equipos técnicos y diplomáticos de ambos países que hicieron posible este resultado".
La relocalización busca destrabar un proyecto de inversión de HIF Global que había generado fuerte preocupación en Colón por su ubicación frente a las costas entrerrianas. La controversia había derivado en distintos planteos judiciales: una causa penal impulsada por la fiscal Minatta y acciones civiles, entre ellas la promovida por Michel y otros legisladores entrerrianos.
Para Michel, por ahora, el anuncio diplomático no alcanza para cerrar el capítulo judicial. Hasta que la decisión sea incorporada formalmente a los expedientes y se conozcan las nuevas condiciones del proyecto, la acción preventiva de daño continuará.
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