Política

Diputados acelera el debate para bajar la edad de imputabilidad tras el pedido de Milei

El oficialismo convocó a un plenario para discutir la reforma del Régimen Penal Juvenil. El proyecto del Gobierno propone imputabilidad desde los 13 años

Lo que importa sobre la baja de edad de imputabilidad

  • Tras el pedido del presidente Javier Milei en la apertura de sesiones, Diputados convocó a un plenario de comisiones para el 12 de marzo con el objetivo de avanzar en la reforma del Régimen Penal Juvenil.
  • El proyecto del Gobierno propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años y establecer sanciones diferenciadas según la gravedad del delito.
  • Existen otras 12 iniciativas en discusión, algunas que fijan el límite en 14 años y otras que proponen medidas alternativas a la prisión.
  • Unión por la Patria rechaza bajar la edad de imputabilidad y argumenta que los menores de 16 años representan menos del 1% de los delitos graves cometidos en el país.
  • La discusión incluye penas de prisión, medidas de resocialización y la creación de un sistema de supervisión para jóvenes infractores.

Contexto

¿Por qué se acelera el debate sobre la imputabilidad de menores?

El oficialismo retomó la discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad luego del discurso de Javier Milei en la apertura de sesiones del Congreso. En ese mensaje, el presidente insistió en la necesidad de que “quienes son lo suficientemente conscientes para cometer crímenes de adultos, paguen las consecuencias como adultos”.

El tema ya estaba en la agenda parlamentaria desde julio de 2023, cuando el Gobierno presentó su proyecto de reforma del Régimen Penal Juvenil. Sin embargo, el debate había quedado estancado en agosto del año pasado, y ahora el oficialismo busca reactivarlo con un plenario que reunirá a cuatro comisiones clave: Legislación Penal, Justicia, Familia y Presupuesto.

El asesinato de Kim Gómez, una niña de 9 años en La Plata, cometido por dos adolescentes, también influyó en la decisión de acelerar la discusión, ya que reavivó el debate sobre la criminalidad juvenil.

¿Cuál es la propuesta del Gobierno?

El proyecto impulsado por el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich y el Ministerio de Justicia de Mariano Cúneo Libarona propone bajar la edad de imputabilidad de los 16 a los 13 años. Además, establece un sistema de sanciones progresivas según la gravedad del delito:

  • Para delitos con penas de hasta 6 años de prisión, se prevén alternativas como amonestaciones, prohibiciones de contacto con la víctima, trabajos comunitarios o monitoreo electrónico.
  • En casos más graves, se contempla prisión domiciliaria, internación en institutos especializados o cumplimiento de pena en centros de detención de menores.
  • Se prohíbe la imposición de reclusión perpetua para menores, con un máximo de condena de 20 años.
  • Se habilita la posibilidad de revisar la pena cuando el condenado haya cumplido dos tercios de la condena para evaluar su reinserción.

El Gobierno argumenta que el sistema actual permite la impunidad de menores que cometen delitos graves y que la reforma garantizaría justicia para las víctimas.

¿Cuáles son las posturas de los distintos bloques?

El debate cuenta con múltiples proyectos en discusión, aunque hay coincidencia en reducir la edad de imputabilidad. Sin embargo, las posturas varían:

  • El oficialismo y bloques aliados apoyan la iniciativa de Milei, con algunos matices en la aplicación de las penas.
  • El Frente Renovador, liderado por Sergio Massa, impulsa una propuesta intermedia que establece la imputabilidad a partir de los 14 años para delitos de acción pública.
  • Unión por la Patria (UP) rechaza bajar la edad y argumenta que los menores de 16 años representan menos del 1% de los delitos graves. Sostienen que las cifras de reincidencia son más altas entre los jóvenes que pasaron por institutos de menores (83%) que entre quienes no lo hicieron (8%).

Ramiro Gutiérrez, diputado del Frente Renovador, planteó que la reforma no debe limitarse solo a la edad, sino que debe contemplar políticas de prevención y resocialización: “El régimen penal juvenil debe equilibrar castigo y rehabilitación”, afirmó.

¿Qué otros aspectos se discuten en la reforma?

Más allá de la edad de imputabilidad, la discusión también gira en torno a otros aspectos del Régimen Penal Juvenil, como:

  • Tipos de delitos punibles: se busca definir si la imputabilidad aplica a todos los delitos o solo a los más graves.
  • Alternativas a la prisión: se analizan sanciones como programas educativos, restricción de circulación o prohibición de salir del país.
  • Resocialización y supervisión: el proyecto del Gobierno plantea la creación de un supervisor que acompañe a los jóvenes en su proceso de reinserción social.
  • Condiciones de detención: se prevé que los menores cumplan penas en institutos especializados y no en cárceles comunes.

¿Cuáles son las dificultades para alcanzar un consenso?

La complejidad del tema y la multiplicidad de posturas dificultan la posibilidad de aprobar un único dictamen. En la Cámara de Diputados, el proyecto del Gobierno enfrenta resistencias y se espera que la oposición presente propuestas alternativas.

Laura Rodríguez Machado, presidenta de la Comisión de Legislación Penal, reconoció que será difícil lograr un acuerdo total: “Participan 113 diputados en este debate, casi la mitad de la Cámara. No podemos seguir mirando para otro lado mientras los delitos se multiplican”, sostuvo.

El oficialismo intentará avanzar con dictámenes en las próximas semanas, aunque los desacuerdos sobre la edad mínima y el tipo de sanciones podrían demorar la votación.

Cómo sigue

El plenario de comisiones se reunirá el 12 de marzo para analizar los distintos proyectos y avanzar hacia la firma de un dictamen. El oficialismo buscará consensos con la oposición para agilizar el tratamiento en el recinto, aunque aún no hay fecha definida para la votación.

El debate sobre la edad de imputabilidad promete ser uno de los temas más controvertidos del año legislativo, con posiciones divididas dentro y fuera del Congreso.

Diputados aprobó una batería de proyectos clave: las victorias y los deslices libertarios

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HCDN
  • Ley de Fortalecimiento al Sistema de Discapacidad. Tuvo media sanción con un consenso prácticamente unánime, un punto central del debate en medio de las discusiones por la situación de los prestadores y el financiamiento de las prestaciones. Se trata del proyecto de LLA, PRO, UCR, posteriormente empujado por el MID y Argentina Federal.
  • Inviolabilidad de la Propiedad Privada. El proyecto volvió al Senado tras ser modificado en Diputados por un margen ajustado (124 a 119), ya que incluyó la restitución de los límites a la titularidad extranjera de tierras rurales.
  • Vandalismo rural. Obtuvo media sanción el proyecto del PRO que pena con hasta 10 años de prisión los daños a la producción agropecuaria, silobolsas e instalaciones rurales.
  • Trazabilidad de medicamentos. Tras la crisis del fentanilo contaminado, se dio media sanción con respaldo transversal al sistema SNATECS para monitorear medicamentos de alto riesgo e insumos críticos. La iniciativa es empujada por la libertaria Giudici.
  • Endeudamiento familiar. Tras más de 15 horas de sesión y por falta de apoyo a su dictamen, La Libertad Avanza logró postergar el debate por morosidad crediticia y que así no se trate la iniciativa opositora.
  • Transferencia de un inmueble nacional. Se le dio media sanción al proyecto radical para pasar a título gratuito a la provincia del Chaco un inmueble de 6,2 hectáreas de Nación, donde funciona el Centro de Acopio y Embarque Barranqueras (CAEB).

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  • Cónclave clave. Kicillof, Massa, Máximo Kirchner y los gobernadores fueron convocados por los jefes legislativos del PJ.

  • Defensa electoral. El principal objetivo del encuentro es bloquear cualquier intento del oficialismo de suspender las PASO.

  • Presupuesto 2027. Buscan consensuar una postura común frente al proyecto de Javier Milei para resguardar los intereses provinciales.

  • Interna abierta. La reunión pone a prueba la unidad del espacio en medio de las fuertes disputas por las candidaturas presidenciales.

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  • Debate. El juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces comienza abrirá el tercer proceso judicial por corrupción contra la expresidenta Cristina Kirchner, además de tener por primera vez en el banquillo de los acusados al diputado Máximo Kirchner.
  • Inicio. La primera audiencia está prevista para este viernes en la Sala AMIA de los tribunales de Comodoro Py, a la que ambos asistirán de manera virtual.
  • Lavado de dinero y asociación ilícita. La investigación se centra en un mecanismo que habría usado la firma hotelera e inmobiliaria para blanquear retornos provenientes de la obra pública.
  • Acusados y testigos. Las causas tienen 19 acusados, entre ellos Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián de Sousa. En total, ambas causas reunían más de 300 testigos, pero las partes acordaron reducir la lista para darle celeridad al debate.