Diputados opositores creen que existen chances para insistir con la Ley del Garrahan, pero el financiamiento universitario "está ajustado".
La Cámara Baja sancionó un incremento del 7,2% para todas las jubilaciones, un bono de $110.000 para los haberes mínimos y la prórroga de la moratoria previsional
La Cámara de Diputados aprobó una reforma previsional impulsada por la oposición que incluye un aumento del 7,2% para todas las jubilaciones y pensiones, junto con una actualización del bono que perciben quienes cobran el haber mínimo, que subirá de $70.000 a $110.000. La propuesta fue sancionada con 142 votos afirmativos, 67 negativos y 19 abstenciones, y ahora será debatida en el Senado.
Además, se aprobó por 111 votos a favor, 100 en contra y 15 abstenciones la prórroga por dos años de la moratoria previsional, que había vencido el 31 de marzo y que permitía acceder a una jubilación a personas sin los 30 años de aportes requeridos. La sesión especial fue impulsada por los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica y la izquierda.
Desde el Gobierno, el jefe de Gabinete Guillermo Francos confirmó que el presidente Javier Milei vetará cualquier proyecto que, según el oficialismo, comprometa el equilibrio fiscal. "El Estado no lo puede pagar salvo que volvamos a emitir dinero y endeudarnos", advirtió Francos.
Inmediatamente después de estas votaciones, el propio Javier Milei posteó un comentario en su cuenta personal de la red social X. Allí, tildó a los proyectos aprobados de "demagogia populista" y repitió las advertencias al Senado acerca de su veto en caso de que éste los convierta en leyes.
La discusión sobre el impacto fiscal y las fuentes de financiamiento fue uno de los puntos centrales del debate. La oposición sostiene que el financiamiento es posible si se corrigen beneficios fiscales que erosionan la recaudación, como la exención de IVA para directores de empresa o la exención de Ganancias a las sociedades de garantía recíproca. Además, se propone redireccionar los fondos asignados por decreto a la ex SIDE, la nacionalización de recursos de entes recaudadores como ACARA y CSA, y utilizar el ahorro generado por la reducción de los recargos del FMI.
El proyecto también incluye la ratificación por ley de la actual fórmula de movilidad jubilatoria, vigente por decreto desde abril de 2024, y la actualización automática por inflación de los giros a las cajas previsionales provinciales no transferidas, una demanda persistente de los gobernadores.
Durante la sesión, la diputada Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria) defendió el proyecto como una "reparación frente a la pérdida del poder adquisitivo". En la misma línea, el diputado Itai Hagman afirmó que con la moratoria anterior "poco más de 800.000 personas pudieron jubilarse" y alertó que, sin esta extensión, "7 de cada 10 personas no podrán hacerlo". También cargó contra el oficialismo por lo que consideró un doble estándar: "Blanquean a los evasores y tratan como villanos a los que trabajaron en la informalidad".
Desde el oficialismo, el diputado del PRO Sergio Capozzi criticó las moratorias previas y las calificó de "perversas", alegando que "una persona que aportó toda su vida hoy cobra $300.000 cuando debería cobrar $1,2 millones". Su compañera de bancada, Silvana Giudici, afirmó que el proyecto es "un parche" y propuso una reforma integral del sistema, que incluya la eliminación de jubilaciones de privilegio. "Entre quienes gozan de esos privilegios están Cristina Kirchner y Alberto Fernández", sostuvo.
El diputado Nicolás Massot, de Encuentro Federal, propuso una solución intermedia con un sistema de prestación proporcional, donde todos quienes no completaron los 30 años de aportes accedan a la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor), equivalente al 80% del haber mínimo, y sumen un adicional por cada año aportado. "No queremos alterar el equilibrio fiscal, pero no pueden decir que no hay plata cuando promueven blanqueos y beneficios a grandes patrimonios", enfatizó.
En tanto, el diputado radical Lisandro Nieri se expresó a favor de la actualización del bono y del esquema proporcional, pero propuso que el Poder Ejecutivo disponga del financiamiento con un plazo de 30 días para presentar alternativas "en base al superávit fiscal y la revisión de gastos tributarios".
La votación dejó en evidencia las fracturas dentro de la UCR y el PRO, donde sectores históricamente enfrentados al kirchnerismo se mostraron a favor de la actualización del bono y del sistema proporcional. A pesar de ello, varios de estos diputados no dieron quorum para la sesión, lo que refleja los acuerdos tácitos con el oficialismo en un contexto de tensión electoral.
Mientras se desarrollaba el debate legislativo, diversas organizaciones sociales se movilizaron frente al Congreso en rechazo a las políticas de ajuste. Participaron jubilados, trabajadores de la salud, colectivos feministas por el aniversario de Ni Una Menos y personas con discapacidad, quienes respaldaron el proyecto de emergencia en discapacidad hasta diciembre de 2027.
Ese proyecto, también impulsado por la oposición, propone actualizar aranceles a prestadores, regularizar pagos, reformar el sistema de pensiones no contributivas, y reforzar la Agencia Nacional de Discapacidad, además de exigir el cumplimiento del cupo laboral para personas con discapacidad.
La diputada Mónica Macha (Unión por la Patria) remarcó que "sin moratoria, 9 de cada 10 mujeres y 8 de cada 10 varones no podrán jubilarse". La izquierda, por su parte, también jugó un papel clave, sumando votos y movilización.
El proyecto ahora pasará al Senado, donde la oposición deberá sostener la mayoría obtenida en Diputados. Sin embargo, incluso si es aprobado, el veto presidencial anunciado por el Gobierno podría frustrar su implementación, salvo que se logren los dos tercios necesarios en ambas cámaras para rechazarlo, números que, por ahora, la oposición no alcanza.
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