Nicolás Mayoraz y José Peluc en el plenario de comisiones por la reforma de la Ley de Glaciares.
Con respaldo de gobernadores y votos asegurados, la Cámara se encamina a sancionar la reforma de la Ley de Glaciares este miércoles.
El oficialismo apura en la Cámara de Diputados la reforma de la Ley de Glaciares. Tras un plenario de comisiones cargado de exposiciones de ministros y gobernadores, el proyecto quedará dictaminado este martes y el Gobierno buscará convertirlo en ley mañana mismo en el recinto, donde asegura contar con entre 140 y 143 votos a favor.
La iniciativa, que ya tiene media sanción, buscará ser ley este miércoles en una maratónica sesión que iniciará a las 15. Genera fuerte resistencia en la oposición y grupos ambientalistas; de hecho, desde el bloque de la Coalición Cívica adelantaron que se recurrirá a la Justicia en caso de aprobación, aunque la denuncia aún no se ha comenzado a escribir.
Durante el debate en el plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales, uno de los principales respaldos al proyecto llegó desde las provincias mineras. El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, fue invitado a hablar a través de videollamada y defendió la reforma, así como buscó despejar cuestionamientos ambientales.
“Nunca planteamos eliminar la Ley de Glaciares ni cambiar los estándares de calidad, estamos a favor de la norma, de cuidar la masa de hielo”, sostuvo el mandatario sanjuanino. Y agregó: “La minería es ambiente, lo que se viene es la transición energética. El litio es táctico, estratégico. Yo creo en una minería sustentable”.
Orrego también hizo foco en el impacto económico de la actividad: "Si hay industrias que tributan de manera importante es la minería. Hay ganancias y cargas tributarias, y recae en la coparticipación de todas las provincias".
"Además, la minería genera una actividad enorme en materia del empleo directo e indirecto y, al mismo tiempo, cadena de proveedores locales. Es una actividad donde se precisa de la industria de la metal mecánica en Córdoba y Santa Fe, por ejemplo", añadió.
Del otro lado, la oposición cuestionó tanto el contenido del proyecto como el proceso de debate. El diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, apuntó contra el rol del secretario de Minería y denunció posibles conflictos de interés.
“El señor Secretario de Minería no está participando como un mero actor del Poder Ejecutivo. En 2025, por haber pertenecido a un estudio de abogados que asesoró a más de una decena de empresas mineras, solicitó al propio ministro Caputo excusarse de decisiones administrativas sobre proyectos puntuales. Le pedimos que se excuse y no participe de este proceso, que ya está bastante viciado por la presión y por el lobby escandaloso”, afirmó.
Ferraro también cuestionó la selección de expositores en el plenario. Según sostuvo, el oficialismo convocó mayormente a representantes de provincias cordilleranas con proyectos mineros, dejando de lado otras voces.
“Tomaron la decisión de traer solamente a gobernadores o representantes de provincias con proyectos actuales o futuros. Como si el dominio originario de los recursos naturales, establecido en el artículo 124 de la Constitución, fuera solo de esas provincias”, planteó.
En la misma línea, denunció que el proceso legislativo estuvo influido por el sector regulado. “Estamos viendo la representación de un sector particular, donde el sujeto regulado —las mineras— dicta, redacta y decide el proceso deliberativo en la formación y sanción de las leyes”, sostuvo.
Además, criticó la modalidad de participación de especialistas: “Hemos solicitado la presencia de constitucionalistas, pero bajo el criterio de una simulación de audiencia pública los mandaron a grabar videos o presentar ponencias por escrito, como en los casos de Daniel Sabsay, Roberto Gargarella y Andrés Gil Domínguez”.
También reclamó la ausencia de autoridades ambientales de distintas jurisdicciones, del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) y de organismos de cuencas hídricas.
Con posiciones cada vez más endurecidas, el oficialismo se encamina a sancionar la reforma en tiempo récord, mientras la oposición ya prepara su estrategia judicial para intentar frenar la aplicación de la norma.
Se presentaron dictámenes de minoría para diferir del proyecto del Gobierno. La primera en presentarlo fue la diputada Maria Ines Zigaran, cuyo documento llevará por seguro la firma de Pablo Farías.
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