La comisión de Legislación del Trabajo, presidida por Martín Tetaz, convocó para este martes a una reunión informativa para tratar la reducción de la jornada laboral.
La Cámara de Diputados retoma su agenda tras la aprobación de la ley Bases, enfocándose nuevamente en el debate sobre la reducción de la jornada laboral.
La Cámara de Diputados retoma su agenda tras la aprobación de la ley Bases, enfocándose nuevamente en el debate sobre la reducción de la jornada laboral, un tema de larga data que vuelve a la mesa legislativa. La comisión de Legislación del Trabajo, presidida por Martín Tetaz, convocó para este martes a una reunión informativa a las 11 hs para continuar con el análisis de modificaciones a la ley 11.524 vigente desde 1929.
En este encuentro se esperan nuevos aportes de especialistas para evaluar los diversos proyectos presentados por Unión por la Patria, la UCR, el FIT y el socialismo santafesino. En reuniones anteriores, realizadas desde octubre de 2023, se confrontaron opiniones de abogados laboralistas, empresarios y representantes sindicales.
Los proyectos en debate buscan adaptar la legislación actual, que permite jornadas laborales de hasta 48 horas semanales, a estándares más contemporáneos. En un contexto regional donde varios países implementaron reducciones similares, se argumenta en favor de mejorar el bienestar laboral, aumentar la productividad y equilibrar la vida personal y profesional.
Esta no es la primera vez que el Congreso aborda la reducción de la jornada laboral. En 2015 se obtuvo dictamen pero no se trató en el recinto, y el año pasado se reactivaron las discusiones con la participación de actores gubernamentales, sindicales y empresariales.
Entre los proyectos destacados se encuentran el de Hugo Yasky (UP), que propone limitar la jornada a 8 horas diarias o 40 semanales sin reducción salarial, y el de Sergio Palazzo (Asociación Bancaria), que sugiere jornadas de 8 horas diarias distribuidas en cuatro días a la semana. También se considera la propuesta de Vanesa Siley sobre el derecho a la desconexión digital y otras iniciativas para modificar aspectos específicos del régimen laboral.
Además, se analizará una propuesta de Palazzo para la efectivización de las propinas a través de medios electrónicos.
Chile dio un paso significativo hacia la reducción de la jornada laboral regulada por el Código del Trabajo, una iniciativa que ha estado en discusión por seis años y que fue presentada originalmente en 2017 por las entonces diputadas comunistas Camila Vallejo y Karol Cariola, actual presidenta de la Cámara de Diputados bajo el gobierno de izquierda del presidente Gabriel Boric. Esta medida beneficia a unos 4,7 millones de trabajadores en su primera fase, reduciendo la semana laboral de 45 a 44 horas.
La ley incluye disposiciones que protegen a los trabajadores, como la prohibición de reducir el salario una vez que se implemente la reducción completa. Se estima que la transición hacia las 40 horas semanales se completará en cinco años.
La implementación de esta normativa fue objeto de controversia entre el Ejecutivo y los gremios empresariales, particularmente en cuanto a la interpretación del texto legal que permite el descuento de una hora diaria en 12 minutos, distribuidos a lo largo de los cinco días hábiles de la semana. Las empresas tendrán hasta 2029 para aplicar esta medida de manera gradual, comenzando con una jornada de 44 horas el primer año, 42 horas en el tercer año y finalmente alcanzando las 40 horas semanales en el quinto año, aunque pueden adelantarse a esta programación.
La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, subrayó la interpretación rigurosa de la normativa, insistiendo en que la jornada laboral se cuenta en horas semanales y no en fracciones menores como minutos o segundos. Esta posición fue respaldada por un dictamen de la Dirección del Trabajo (DT), el organismo fiscalizador del trabajo en Chile, que permite acuerdos sobre reducciones de tiempo laboral por minutos, siempre que exista consenso entre empleadores y empleados.
La nueva legislación excluye a los trabajadores de alta gerencia y a aquellos no sujetos a fiscalización superior, así como a los funcionarios públicos, aunque estos últimos iniciaron negociaciones con el Gobierno para su inclusión en la normativa.
Además, se contemplan regímenes especiales para sectores como trabajadoras de casa particular, mineros, trabajadores de transporte terrestre, agrícolas permanentes, trabajadores del mar, servicios aéreos, y personal de hotelería, restaurantes y clubes, cada uno adaptando sus jornadas conforme a las disposiciones establecidas en la ley.
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