Lo que importa
- La resolución fue tomada por los jueces de la Sala IV de Casación Javier Carbajo, Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos. En el fallo, los magistrados desestimaron las apelaciones presentadas por las defensas.
- “Los recurrentes no lograron demostrar los agravios actuales de tardía o imposible reparación ulterior que les genera la decisión” de la Cámara Federal porteña “de rechazar los planteos de nulidad y confirmar los procesamientos de los aquí imputados, así como las medidas cautelares dispuestas”, detallaron en su sentencia a la que tuvo acceso la revista Quorum.
- Los argumentos de las apelaciones muestran “disconformidad” con lo resuelto pero no logran demostrar un “agravio de índole federal” con “suficiente fundamentación” para la intervención revisora de la Cámara de Casación y por ello los recursos se declararon inadmisibles.
- De esta forma ha quedado vigente la sentencia de la instancia intermedia de apelación, la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires, que confirmó los procesamientos resueltos en el caso por el juez Sebastián Casanello por el delito de “administración fraudulenta”.
- En esa ocasión, el Tribunal de Apelaciones agravó la situación de Belliboni al sumar otros dos delitos, amenazas coactivas y extorsión.
Contexto
El origen de esta causa se remonta al 20 de diciembre de 2023, cuando se preparaba una movilización de sectores piqueteros en rechazo al gobierno de Javier Milei.
Ese día, el Ministerio de Seguridad de la Nación habilitó la línea 134 para recibir denuncias anónimas por parte de beneficiarios de planes sociales que se sintieran presionados u obligados por los referentes sociales a acudir a esas protestas
Las denuncias fueron presentadas en Comodoro Py y el fiscal federal Gerardo Pollicita las centralizó en su investigación.
Hubo 45 denuncias provenientes de la Ciudad de Buenos Aires, logrando identificar a siete denunciantes, de los cuales cinco brindaron testimonio bajo identidad reservada.
La acusación sostiene que el Polo Obrero utilizó fondos públicos destinados a planes sociales para fines políticos.
Según el procesamiento dictado por el juez federal Sebastián Casanello, los beneficiarios eran obligados además a asistir a movilizaciones bajo amenazas de perder su ingreso y a entregar un porcentaje de su sueldo como “aporte obligatorio” al movimiento.
Por estas prácticas, cuando el caso llegó a etapa de revisión ante la Cámara Federal porteña, los camaristas agravaron los delitos y sumaron en el caso de Belliboni los de “amenazas coactivas” y “extorsión”.
Los dirigentes “sacaron provecho de su posición dominante”, aprovechándose de personas vulnerables que quedaban fuera del programa social si no cumplían las exigencias, sostuvo en noviembre pasado ese tribunal de apelaciones.
Cómo sigue
La confirmación del procesamiento coloca a los imputados al borde del juicio oral. Este proceso será clave para determinar la responsabilidad de los dirigentes en el manejo irregular de fondos públicos.
El juez Casanello inició ya los trámites para el pase a esta etapa de debate y pidió opinión a las querellas de la Unidad de Información Financiera y la Oficina Anticorrupción, que dieron su conformidad.
Tras la feria judicial de enero el proceso seguirá con vista a la fiscalía del caso a cargo de Gerardo Pollicita y las defensas.
El magistrado seguirá con un tramo de la investigación orientado a establecer si hubo responsabilidad de funcionarios públicos en lo ocurrido.
Desde el Polo Obrero, Belliboni ha negado las acusaciones y cuestionado la imparcialidad del sistema judicial, calificando la causa como una persecución política. Sin embargo, para la justicia, las pruebas reunidas hasta ahora son contundentes.
El caso también ha generado debate público sobre el rol de los planes sociales en Argentina y su posible uso político, un tema que ha estado en la agenda de discusión durante la presidencia de Javier Milei, quien ha promovido una reforma integral del sistema de asistencia social.
