Causa Potenciar Trabajo: los testimonios que complicaron a Belliboni
Causa Potenciar Trabajo: los testimonios que complicaron a Belliboni
La semana última la Cámara Federal de la ciudad de Buenos Aires confirmó el procesamiento y agravó la situación del líder del Polo Obrero Eduardo Belliboni.
Lo que importa sobre la causa Potenciar Trabajo
La Cámara Federal de Buenos Aires confirmó el procesamiento del líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, por presunto desvío de fondos del programa Potenciar Trabajo y agravó la acusación sumando los delitos de amenazas coactivas y extorsión.
Como indicó Revista Quórum, la investigación señala que referentes de la organización exigían a los beneficiarios del programa asistir a movilizaciones y aportar un porcentaje de sus prestaciones económicas, bajo amenaza de perder el beneficio.
Los testimonios de víctimas bajo identidad reservada revelaron un esquema de control que incluía listas de asistencia, fotos como prueba de participación y presiones constantes para garantizar la presencia en marchas.
Según el fallo, estas prácticas vulneraron la libertad personal de los beneficiarios y supusieron un abuso de poder por parte de los dirigentes implicados.
El programa Potenciar Trabajo, diseñado para personas en situación de alta vulnerabilidad, establece que los beneficiarios deben participar en actividades educativas o laborales como parte de su inclusión social y económica.
Contexto
¿Cuál es la gravedad de las acusaciones contra Eduardo Belliboni?
La Cámara Federal agravó la situación judicial del líder del Polo Obrero al sumar las figuras de amenazas coactivas y extorsión a la acusación por desvío de fondos. Esto eleva significativamente la posible pena en un futuro juicio oral, en caso de un fallo condenatorio.
¿Qué prácticas denuncian los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo?
Los beneficiarios declararon haber sido presionados para:
Asistir a movilizaciones con banderas identificatorias de la agrupación.
Aportar el 2% mensual de sus prestaciones como "cápita".
Participar en actividades políticas como repartir boletas o votar por un candidato del Partido Obrero. Todo esto, según las denuncias, bajo amenaza de perder el beneficio, recibir sanciones o ser degradados en su categoría laboral.
¿Cómo se ejercía este control sobre los beneficiarios?
Las declaraciones describen un sistema de monitoreo estricto:
Se convocaba a las marchas mediante grupos de WhatsApp con horarios y puntos de encuentro.
En el lugar, se tomaba lista de los asistentes, quienes debían incluso tomarse selfies para probar su participación.
Quienes faltaban debían justificar su ausencia ante un delegado, que informaba a niveles superiores de la organización.
¿Cuál es el rol del programa Potenciar Trabajo?
El programa está dirigido a personas en situación de alta vulnerabilidad social y económica. Busca fomentar la empleabilidad y la inclusión social mediante actividades laborales y educativas. Los beneficiarios deben cumplir 60 horas mensuales en proyectos socio-productivos, socio-laborales o socio-comunitarios.
¿Qué motivó la apertura de la causa judicial?
El caso se inició tras una denuncia del gobierno nacional, que habilitó la línea 134 para recibir testimonios sobre presiones vinculadas al programa Potenciar Trabajo. Esto ocurrió en vísperas de una marcha organizada por los beneficiarios.
Cómo sigue
El proceso judicial continuará con la acumulación de pruebas, incluyendo testimonios de más beneficiarios y análisis de los procedimientos dentro de las Unidades de Gestión del programa.
La inclusión de nuevos delitos en la acusación podría acelerar la elevación a juicio oral y endurecer las penas en caso de un fallo condenatorio.
Paralelamente, el gobierno nacional podría revisar los mecanismos de control del programa Potenciar Trabajo para evitar que estas situaciones se repitan.
Es probable que la defensa de Eduardo Belliboni busque desacreditar los testimonios de las víctimas y argumentar que no existió coerción, como ya se mencionó en declaraciones públicas.
La resolución del caso sentará un precedente importante para el manejo de planes sociales en Argentina y el control de su ejecución por parte de organizaciones sociales.
Fallo. La jueza Loretta Preska cerró formalmente el expediente en primera instancia y dejó sin efecto su fallo de 2023, que condenaba a la Argentina a pagar más de U$S 16.000 millones por la expropiación de YPF.
Esperable. La decisión cumple con el fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, que en marzo revocó la condena y falló a favor del Estado argentino.
Lo próximo. Ahora, la Corte Suprema de Estados Unidos deberá decidir si acepta el pedido de Burford Capital para revisar el fallo. No está obligada a tratar el caso y no hay plazos definidos.
Otro reclamo. En paralelo, Burford inició acciones ante el CIADI, dependiente del Banco Mundial, por el reclamo vinculado a la expropiación de 2012.
Debate. El juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces comienza abrirá el tercer proceso judicial por corrupción contra la expresidenta Cristina Kirchner, además de tener por primera vez en el banquillo de los acusados al diputado Máximo Kirchner.
Inicio. La primera audiencia está prevista para este viernes en la Sala AMIA de los tribunales de Comodoro Py, a la que ambos asistirán de manera virtual.
Lavado de dinero y asociación ilícita. La investigación se centra en un mecanismo que habría usado la firma hotelera e inmobiliaria para blanquear retornos provenientes de la obra pública.
Acusados y testigos. Las causas tienen 19 acusados, entre ellos Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián de Sousa. En total, ambas causas reunían más de 300 testigos, pero las partes acordaron reducir la lista para darle celeridad al debate.
Debate. El juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces comienza abrirá el tercer proceso judicial por corrupción contra la expresidenta Cristina Kirchner, además de tener por primera vez en el banquillo de los acusados al diputado Máximo Kirchner.
Inicio. La primera audiencia está prevista para este viernes en la Sala AMIA de los tribunales de Comodoro Py, a la que ambos asistirán de manera virtual.
Lavado de dinero y asociación ilícita. La investigación se centra en un mecanismo que habría usado la firma hotelera e inmobiliaria para blanquear retornos provenientes de la obra pública.
Acusados y testigos. Las causas tienen 19 acusados, entre ellos Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián de Sousa. En total, ambas causas reunían más de 300 testigos, pero las partes acordaron reducir la lista para darle celeridad al debate.
Indagatorias y bienes inhibidos. A pedido de los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, el juez Ariel Lijo citó para el 29 de octubre a los hermanos Jonathan y Emanuel Kovalivker. En total convocó a 36 imputados, que declararán hasta el 26 de noviembre, y decretó la inhibición general de bienes de todos los involucrados para evitar que los activos se vuelvan inalcanzables para el Estado.
Una droguería que actuaba como “dueña” de la agencia. Según los fiscales, la Suizo Argentina recibía información anticipada, controlaba las compulsas, fijaba precios con sobreprecios y usaba a Génesis S.A. como firma interpuesta. También habría dado órdenes sobre a qué firmas pagar y a quién designar o despedir dentro de la ANDIS.
Más de $137.000 millones en compras. Entre mayo de 2024 y agosto de 2025, la droguería obtuvo órdenes de compra por esa cifra, que los fiscales atribuyen a competencias simuladas y valores arbitrarios. Lijo también amplió la indagatoria de tres ya procesados por asociación ilícita: Atchabahian, Calvete y Arnaudo.
La versión de la empresa. Suizo Argentina rechazó las imputaciones y los sobreprecios y cuestionó las pruebas incorporadas a la causa, que calificó como un relato armado con mensajes y audios de personas que, según la compañía, en algunos casos nunca tuvieron vínculo con ella. Sostuvo que la ANDIS era uno de más de 10.000 clientes y que el 95% de su facturación proviene del sector privado, y afirmó que “la inocencia es total”.
Ley de Fortalecimiento al Sistema de Discapacidad. Tuvo media sanción con un consenso prácticamente unánime, un punto central del debate en medio de las discusiones por la situación de los prestadores y el financiamiento de las prestaciones. Se trata del proyecto de LLA, PRO, UCR, posteriormente empujado por el MID y Argentina Federal.
Inviolabilidad de la Propiedad Privada. El proyecto volvió al Senado tras ser modificado en Diputados por un margen ajustado (124 a 119), ya que incluyó la restitución de los límites a la titularidad extranjera de tierras rurales.
Vandalismo rural. Obtuvo media sanción el proyecto del PRO que pena con hasta 10 años de prisión los daños a la producción agropecuaria, silobolsas e instalaciones rurales.
Trazabilidad de medicamentos. Tras la crisis del fentanilo contaminado, se dio media sanción con respaldo transversal al sistema SNATECS para monitorear medicamentos de alto riesgo e insumos críticos. La iniciativa es empujada por la libertaria Giudici.
Endeudamiento familiar. Tras más de 15 horas de sesión y por falta de apoyo a su dictamen, La Libertad Avanza logró postergar el debate por morosidad crediticia y que así no se trate la iniciativa opositora.
Transferencia de un inmueble nacional. Se le dio media sanción al proyecto radical para pasar a título gratuito a la provincia del Chaco un inmueble de 6,2 hectáreas de Nación, donde funciona el Centro de Acopio y Embarque Barranqueras (CAEB).
Cártel de Sinaloa (México). Es una organización criminal transnacional dedicada al narcotráfico, contrabando, secuestros extorsivos y otras actividades delictivas, que ya ha sido designada como organización terrorista por múltiples países, incluido Estados Unidos.
La Nueva Familia Michoacana (México). Es una organización criminal mexicana que se especializa en el tráfico internacional de drogas y la minería ilegal, con una alarmante expansión regional.
Los Tiguerones (Ecuador). Es un cártel de origen ecuatoriano que se especializa en actividades de narcotráfico y sicariato, siendo una de las organizaciones criminales más violentas de la región.
FARC-EP y EL (Colombia). Son organizaciones guerrilleras insurgentes de extrema izquierda, basadas en la ideología y los principios del marxismo-leninismo y la revolución armada.
