Con su ingreso avalado, el gendarme Nahuel Gallo fue detenido en Venezuela el 8 de diciembre. Familiares y abogados intensifican los reclamos internacionales
El cabo primero Nahuel Agustín Gallo, miembro de la Gendarmería Nacional Argentina, fue detenido el 8 de diciembre de 2024 por el régimen de Nicolás Maduro al ingresar a Venezuela desde Colombia por el Puente Internacional Simón Bolívar, en Táchira. Gallo había solicitado licencia laboral para visitar a su pareja, María Alexandra Gómez García, y a su hijo de 11 meses, residentes temporales en Puerto La Cruz, pero su viaje terminó en una detención arbitraria.
El viaje estaba debidamente planificado y respaldado por la normativa venezolana. El 22 de noviembre, Gómez García presentó ante las autoridades venezolanas la requerida "Carta de invitación", documento que detalla el motivo del viaje, el lugar de alojamiento y las personas a visitar. Este trámite fue validado el mismo día por el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN), mediante el pago de las tasas correspondientes, lo que garantizaba que Gallo pudiera ingresar sin problemas.
En la carta, Gómez García especificó que Gallo ingresaría por vía terrestre desde Colombia y que se alojaría en su vivienda en Puerto La Cruz, a más de 1.200 kilómetros del paso fronterizo. Todo indicaba que el gendarme cumpliría con una visita familiar durante su período de licencia laboral, autorizado desde el 5 de diciembre de 2024 hasta el 3 de enero de 2025.
Pese a tener los documentos en regla, Gallo fue retenido poco después de ingresar al territorio venezolano. Las autoridades migratorias, que suelen denegar el ingreso a extranjeros sin los permisos necesarios, no actuaron en ese momento, lo que refuerza la idea de que su detención responde a motivos extra administrativos o políticos.
Desde su detención, la situación ha estado envuelta en hermetismo. Según registros obtenidos por el diario Clarín, el ex embajador argentino en Venezuela, Oscar Laborde, declaró que Argentina no notificó a Colombia ni a Venezuela sobre el viaje de un gendarme en actividad, lo que podría haber contribuido a la falta de claridad en el caso. Sin embargo, esto no explica por qué, teniendo sus papeles en regla, Gallo fue detenido y trasladado a un destino desconocido.
La relación entre Argentina y Venezuela complica aún más las gestiones. Desde que el gobierno de Maduro expulsó a los diplomáticos argentinos en 2023, no hay representación oficial en Caracas, y el edificio de la embajada argentina permanece bajo custodia brasileña. Hasta el momento, ni el gobierno argentino ni sus representantes han recibido información precisa sobre el lugar de detención o las condiciones en las que se encuentra Gallo.
Fuentes del chavismo informaron a Clarín que Gallo está en buenas condiciones de salud, pero esta declaración no ha sido corroborada por organismos independientes ni por la familia del gendarme.
Ante la falta de respuestas del gobierno venezolano, un grupo de 24 abogados internacionales presentó una Petición formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), solicitando medidas cautelares y el tratamiento integral del caso como una violación a los derechos humanos.
La demanda destaca que Gallo es un detenido desaparecido, ya que no se ha informado oficialmente sobre su paradero, los cargos en su contra ni su estado de salud. La presentación busca fortalecer la Medida Cautelar 1401-24, previamente emitida, y garantizar que el gendarme reciba un trato adecuado bajo las normas internacionales.
Entre los abogados firmantes se encuentran especialistas de distintas provincias argentinas, así como de Perú, España y Uruguay. Destacan figuras como Nora Gomina, ex secretaria de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, y Enrique Pedicone, ex vocal del Tribunal de Impugnación de Tucumán. Según explicaron, esta acción busca visibilizar la gravedad del caso en el contexto de una creciente lista de presos políticos en Venezuela.
Mientras las gestiones diplomáticas y legales avanzan, la familia de Nahuel Gallo vive una profunda incertidumbre. Su pareja, María Gómez García, y su hermano, Kevin Gallo, confirmaron a Infobae que desde la detención no han recibido noticias sobre su situación. “Es horrible toda esta situación. Los planes no eran así. Nunca lo fueron”, expresó Gómez con evidente frustración.
Kevin Gallo relató que la familia ha intentado establecer comunicación con distintos organismos y aceptar la ayuda de actores como Oscar Laborde, quien entregó una carta de la madre del gendarme al régimen chavista. Sin embargo, hasta ahora no han obtenido información concreta sobre el estado del cabo primero ni el motivo real de su detención.
En paralelo, el caso de Gallo fue incluido en el listado del Foro Penal Venezolano, una organización que documenta los presos políticos extranjeros y de doble nacionalidad en Venezuela. Según su base de datos actualizada, el país tiene 19 presos extranjeros y 31 con doble nacionalidad en situaciones similares.
La detención de Nahuel Gallo ocurre en un marco más amplio de violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Venezuela. El régimen de Nicolás Maduro ha sido acusado de utilizar cargos como terrorismo para justificar la retención de opositores políticos o ciudadanos extranjeros, muchas veces sin pruebas suficientes.
El caso del gendarme argentino plantea preguntas clave sobre la transparencia en las acciones del régimen y la capacidad de los gobiernos extranjeros de proteger a sus ciudadanos en estas circunstancias. Mientras tanto, la familia de Gallo y los organismos internacionales continúan reclamando respuestas ante lo que consideran una detención ilegal e injustificada.
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Licenciado en Ciencia Política y Magister en Economía
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