La oposición gremial a Roberto Fernández dentro de laUTA movilizó la puerta de la sede del gremio para exigir la reapertura de las paritarias.
Choferes de 50 líneas de colectivo fuero a la sede sindical para reclamar que la UTA active lo mecanismos ante la secretaria de Trabajo para reabrir la paritaria.
Desde los sectores que cuestionan la conducción de Fernández señalan que hay una gran distancia entre el porcentaje de aumento de boleto que se acordó con las empresas y el monto que recibirán los choferes.
En ese marco, la movilización hacia la UTA de las facciones disidentes tiene dos objetivos claro: lograr la reapertura de la negociación salarial y empujar la salida de Roberto Fernández de la conducción del gremio. Ambas cosas, por ahora, están lejos de suceder.
Sin embargo, la interna sindical podría afectar la actividad normal del transporte de pasajeros en la Ciudad de Buenos Aires. Las disidencias internas comienzan a ser visibles. Hubo cortes en General Paz y ahora movilización a la sede del gremio. En ese marco, la posibilidad de asambleas que afecten el servicio está latente.
Desde la cúpula del gremio admiten fuera de micrófono que el Gobierno incumplió su palabra. Desde Economía le habría asegurado a Fernández que no habría suba de tarifas ni aumento de subsidio. Con ese argumento la paritaria se cerró por debajo del reclamo inicial.
Días más tarde, el Gobierno acordó con los empresarios una suba del boleto de 21% en tres tramos. Ese arregló del cual no fueron parte los sindicatos desató el conflicto interno de la UTA.
UTA, diálogo y traición
El gremio que conduce Fernández había dado sobradas muestras de predisposición al diálogo. En ese marco, la máxima ofrenda que le entregó al Gobierno fue el hundimiento del último paro general decretado por la CGT.
A esta hora, las relaciones entre la UTA y el Gobierno están cortadas. Fernández enfrenta puertas adentro un conflicto de compleja solución. En ese marco, la opción de hacer propio el reclamo opositor de la apertura de paritarias empieza a tomar fuerza.
El mes de junio será clave. La decisión de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) que se declaró en estado de alerta y movilización empieza a ser vista como una posibilidad para que Fernández haga una pequeña demostración de fuerza.
Trabajadores denuncian vaciamiento y salarios por debajo de la línea de pobreza; el Gobierno niega desfinanciamiento y atribuye el conflicto a una reorganización administrativa
Debate. El juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces comienza abrirá el tercer proceso judicial por corrupción contra la expresidenta Cristina Kirchner, además de tener por primera vez en el banquillo de los acusados al diputado Máximo Kirchner.
Inicio. La primera audiencia está prevista para este viernes en la Sala AMIA de los tribunales de Comodoro Py, a la que ambos asistirán de manera virtual.
Lavado de dinero y asociación ilícita. La investigación se centra en un mecanismo que habría usado la firma hotelera e inmobiliaria para blanquear retornos provenientes de la obra pública.
Acusados y testigos. Las causas tienen 19 acusados, entre ellos Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián de Sousa. En total, ambas causas reunían más de 300 testigos, pero las partes acordaron reducir la lista para darle celeridad al debate.
Debate. El juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces comienza abrirá el tercer proceso judicial por corrupción contra la expresidenta Cristina Kirchner, además de tener por primera vez en el banquillo de los acusados al diputado Máximo Kirchner.
Inicio. La primera audiencia está prevista para este viernes en la Sala AMIA de los tribunales de Comodoro Py, a la que ambos asistirán de manera virtual.
Lavado de dinero y asociación ilícita. La investigación se centra en un mecanismo que habría usado la firma hotelera e inmobiliaria para blanquear retornos provenientes de la obra pública.
Acusados y testigos. Las causas tienen 19 acusados, entre ellos Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián de Sousa. En total, ambas causas reunían más de 300 testigos, pero las partes acordaron reducir la lista para darle celeridad al debate.
Indagatorias y bienes inhibidos. A pedido de los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, el juez Ariel Lijo citó para el 29 de octubre a los hermanos Jonathan y Emanuel Kovalivker. En total convocó a 36 imputados, que declararán hasta el 26 de noviembre, y decretó la inhibición general de bienes de todos los involucrados para evitar que los activos se vuelvan inalcanzables para el Estado.
Una droguería que actuaba como “dueña” de la agencia. Según los fiscales, la Suizo Argentina recibía información anticipada, controlaba las compulsas, fijaba precios con sobreprecios y usaba a Génesis S.A. como firma interpuesta. También habría dado órdenes sobre a qué firmas pagar y a quién designar o despedir dentro de la ANDIS.
Más de $137.000 millones en compras. Entre mayo de 2024 y agosto de 2025, la droguería obtuvo órdenes de compra por esa cifra, que los fiscales atribuyen a competencias simuladas y valores arbitrarios. Lijo también amplió la indagatoria de tres ya procesados por asociación ilícita: Atchabahian, Calvete y Arnaudo.
La versión de la empresa. Suizo Argentina rechazó las imputaciones y los sobreprecios y cuestionó las pruebas incorporadas a la causa, que calificó como un relato armado con mensajes y audios de personas que, según la compañía, en algunos casos nunca tuvieron vínculo con ella. Sostuvo que la ANDIS era uno de más de 10.000 clientes y que el 95% de su facturación proviene del sector privado, y afirmó que “la inocencia es total”.
Ley de Fortalecimiento al Sistema de Discapacidad. Tuvo media sanción con un consenso prácticamente unánime, un punto central del debate en medio de las discusiones por la situación de los prestadores y el financiamiento de las prestaciones. Se trata del proyecto de LLA, PRO, UCR, posteriormente empujado por el MID y Argentina Federal.
Inviolabilidad de la Propiedad Privada. El proyecto volvió al Senado tras ser modificado en Diputados por un margen ajustado (124 a 119), ya que incluyó la restitución de los límites a la titularidad extranjera de tierras rurales.
Vandalismo rural. Obtuvo media sanción el proyecto del PRO que pena con hasta 10 años de prisión los daños a la producción agropecuaria, silobolsas e instalaciones rurales.
Trazabilidad de medicamentos. Tras la crisis del fentanilo contaminado, se dio media sanción con respaldo transversal al sistema SNATECS para monitorear medicamentos de alto riesgo e insumos críticos. La iniciativa es empujada por la libertaria Giudici.
Endeudamiento familiar. Tras más de 15 horas de sesión y por falta de apoyo a su dictamen, La Libertad Avanza logró postergar el debate por morosidad crediticia y que así no se trate la iniciativa opositora.
Transferencia de un inmueble nacional. Se le dio media sanción al proyecto radical para pasar a título gratuito a la provincia del Chaco un inmueble de 6,2 hectáreas de Nación, donde funciona el Centro de Acopio y Embarque Barranqueras (CAEB).
Cártel de Sinaloa (México). Es una organización criminal transnacional dedicada al narcotráfico, contrabando, secuestros extorsivos y otras actividades delictivas, que ya ha sido designada como organización terrorista por múltiples países, incluido Estados Unidos.
La Nueva Familia Michoacana (México). Es una organización criminal mexicana que se especializa en el tráfico internacional de drogas y la minería ilegal, con una alarmante expansión regional.
Los Tiguerones (Ecuador). Es un cártel de origen ecuatoriano que se especializa en actividades de narcotráfico y sicariato, siendo una de las organizaciones criminales más violentas de la región.
FARC-EP y EL (Colombia). Son organizaciones guerrilleras insurgentes de extrema izquierda, basadas en la ideología y los principios del marxismo-leninismo y la revolución armada.
