El edificio, cedido por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) en 2018, fue encontrado en condiciones de abandono, funcionando como boliche, gimnasio, residencias clandestinas y espacio político.
La Justicia avanzó con allanamientos y recopilación de pruebas, incluyendo testimonios y registros fotográficos que evidencian un desvío en el uso del inmueble, originalmente destinado a actividades pedagógicas.
Desde la Universidad de Madres aseguran que no ocupan el edificio desde 2019 y calificaron las acciones del Gobierno de Javier Milei como un ataque político.
La denuncia busca identificar a los responsables de la malversación, ordenar el desalojo del inmueble y restituirlo al Estado para un uso adecuado.
Contexto
¿Qué motivó la denuncia?: En el marco de una revisión de los inmuebles bajo su jurisdicción, el ministro Cúneo Libarona detectó irregularidades en un edificio asignado a la Universidad Nacional de Derechos Humanos "Madres de Plaza de Mayo". La investigación reveló que, en lugar de fines educativos, el espacio se utilizaba para actividades no autorizadas. Según el ministro, el caso no solo refleja abandono, sino una posible malversación dolosa de recursos públicos.
¿Qué actividades se realizaban en el inmueble?: Los allanamientos encontraron que el edificio albergaba:
Un boliche clandestino operando de noche, con barra de bebidas y elementos recreativos.
Un gimnasio con clases de tango y servicios de buffet.
Residencias improvisadas, incluyendo una familia que vivía junto a un gallinero.
Una radio clandestina y un espacio político del partido MILES, liderado por el dirigente Luis D’Elía.
Propaganda política vinculada a gobiernos kirchneristas, con carteles y banners distribuidos en el lugar.
¿Cómo era la situación legal del edificio?: El inmueble fue cedido en 2018 por la AABE al Ministerio de Justicia, que lo asignó a la Universidad "Madres de Plaza de Mayo" para fines pedagógicos. Según el convenio, la institución debía asumir la posesión, cuidado y resguardo del edificio, pero la denuncia sostiene que nada de esto se cumplió. En su lugar, el lugar quedó bajo ocupaciones irregulares y actividades incompatibles con su propósito original.
¿Qué respondió la Universidad de Madres?: La institución rechazó las acusaciones y afirmó que no ocupa el inmueble desde 2019. Argumentaron que el edificio nunca fue formalmente transferido a su órbita y calificaron las acciones del Gobierno como una persecución política. Además, señalaron que los trabajadores de la Universidad siguen sin cobrar salarios, lo que agrava su situación financiera y operativa.
¿Qué pasos siguió el Ministerio de Justicia?: El ministro Cúneo Libarona presentó una denuncia formal por malversación dolosa, apoyada en registros fotográficos y videos obtenidos durante los allanamientos. La causa recayó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 1, a cargo de María Servini, con intervención del fiscal Carlos Stornelli. Entre las medidas solicitadas se incluye:
El desalojo del inmueble.
La restauración de su uso adecuado.
La determinación de responsabilidades legales.
La implementación de acciones judiciales contra los involucrados.
¿Qué impacto político tiene el caso?: El caso se enmarca en un contexto de tensiones entre el Gobierno libertario de Javier Milei y sectores opositores vinculados al kirchnerismo. La Universidad de Madres se convirtió en un punto de disputa política, y el caso refuerza las críticas de ambas partes sobre el manejo de bienes públicos y persecuciones ideológicas.
¿Qué encontraron las autoridades en los allanamientos?: La Policía Federal Argentina constató las irregularidades denunciadas, documentando cómo el espacio había sido utilizado con fines recreativos, comerciales y políticos. Entre los hallazgos destacaron:
Equipamiento para fiestas nocturnas, como luces, parlantes y mobiliario.
Instalaciones para actividades deportivas y culturales sin habilitación.
Propaganda política de gobiernos anteriores, especialmente vinculada al partido MILES.
Familias y asociaciones civiles ocupando espacios de manera irregular.
Cómo sigue
Investigación judicial en marcha: La Justicia avanza con la recolección de pruebas y declaraciones de testigos, mientras evalúa las medidas necesarias para devolver el inmueble al Estado y corregir el uso indebido.
Medidas a implementar: El Ministerio de Justicia solicitó acciones concretas, como el desalojo del edificio y la sanción a quienes permitieron su ocupación irregular. Además, busca garantizar que el inmueble tenga un fin útil acorde con su destino original.
Destino del inmueble: Una vez desalojado, el edificio podría ser destinado nuevamente a fines educativos, o bien utilizado para otros proyectos estatales que aseguren su aprovechamiento en beneficio de la sociedad.
Debate. El juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces comienza abrirá el tercer proceso judicial por corrupción contra la expresidenta Cristina Kirchner, además de tener por primera vez en el banquillo de los acusados al diputado Máximo Kirchner.
Inicio. La primera audiencia está prevista para este viernes en la Sala AMIA de los tribunales de Comodoro Py, a la que ambos asistirán de manera virtual.
Lavado de dinero y asociación ilícita. La investigación se centra en un mecanismo que habría usado la firma hotelera e inmobiliaria para blanquear retornos provenientes de la obra pública.
Acusados y testigos. Las causas tienen 19 acusados, entre ellos Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián de Sousa. En total, ambas causas reunían más de 300 testigos, pero las partes acordaron reducir la lista para darle celeridad al debate.
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Lavado de dinero y asociación ilícita. La investigación se centra en un mecanismo que habría usado la firma hotelera e inmobiliaria para blanquear retornos provenientes de la obra pública.
Acusados y testigos. Las causas tienen 19 acusados, entre ellos Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián de Sousa. En total, ambas causas reunían más de 300 testigos, pero las partes acordaron reducir la lista para darle celeridad al debate.
Indagatorias y bienes inhibidos. A pedido de los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, el juez Ariel Lijo citó para el 29 de octubre a los hermanos Jonathan y Emanuel Kovalivker. En total convocó a 36 imputados, que declararán hasta el 26 de noviembre, y decretó la inhibición general de bienes de todos los involucrados para evitar que los activos se vuelvan inalcanzables para el Estado.
Una droguería que actuaba como “dueña” de la agencia. Según los fiscales, la Suizo Argentina recibía información anticipada, controlaba las compulsas, fijaba precios con sobreprecios y usaba a Génesis S.A. como firma interpuesta. También habría dado órdenes sobre a qué firmas pagar y a quién designar o despedir dentro de la ANDIS.
Más de $137.000 millones en compras. Entre mayo de 2024 y agosto de 2025, la droguería obtuvo órdenes de compra por esa cifra, que los fiscales atribuyen a competencias simuladas y valores arbitrarios. Lijo también amplió la indagatoria de tres ya procesados por asociación ilícita: Atchabahian, Calvete y Arnaudo.
La versión de la empresa. Suizo Argentina rechazó las imputaciones y los sobreprecios y cuestionó las pruebas incorporadas a la causa, que calificó como un relato armado con mensajes y audios de personas que, según la compañía, en algunos casos nunca tuvieron vínculo con ella. Sostuvo que la ANDIS era uno de más de 10.000 clientes y que el 95% de su facturación proviene del sector privado, y afirmó que “la inocencia es total”.
Ley de Fortalecimiento al Sistema de Discapacidad. Tuvo media sanción con un consenso prácticamente unánime, un punto central del debate en medio de las discusiones por la situación de los prestadores y el financiamiento de las prestaciones. Se trata del proyecto de LLA, PRO, UCR, posteriormente empujado por el MID y Argentina Federal.
Inviolabilidad de la Propiedad Privada. El proyecto volvió al Senado tras ser modificado en Diputados por un margen ajustado (124 a 119), ya que incluyó la restitución de los límites a la titularidad extranjera de tierras rurales.
Vandalismo rural. Obtuvo media sanción el proyecto del PRO que pena con hasta 10 años de prisión los daños a la producción agropecuaria, silobolsas e instalaciones rurales.
Trazabilidad de medicamentos. Tras la crisis del fentanilo contaminado, se dio media sanción con respaldo transversal al sistema SNATECS para monitorear medicamentos de alto riesgo e insumos críticos. La iniciativa es empujada por la libertaria Giudici.
Endeudamiento familiar. Tras más de 15 horas de sesión y por falta de apoyo a su dictamen, La Libertad Avanza logró postergar el debate por morosidad crediticia y que así no se trate la iniciativa opositora.
Transferencia de un inmueble nacional. Se le dio media sanción al proyecto radical para pasar a título gratuito a la provincia del Chaco un inmueble de 6,2 hectáreas de Nación, donde funciona el Centro de Acopio y Embarque Barranqueras (CAEB).
Cártel de Sinaloa (México). Es una organización criminal transnacional dedicada al narcotráfico, contrabando, secuestros extorsivos y otras actividades delictivas, que ya ha sido designada como organización terrorista por múltiples países, incluido Estados Unidos.
La Nueva Familia Michoacana (México). Es una organización criminal mexicana que se especializa en el tráfico internacional de drogas y la minería ilegal, con una alarmante expansión regional.
Los Tiguerones (Ecuador). Es un cártel de origen ecuatoriano que se especializa en actividades de narcotráfico y sicariato, siendo una de las organizaciones criminales más violentas de la región.
FARC-EP y EL (Colombia). Son organizaciones guerrilleras insurgentes de extrema izquierda, basadas en la ideología y los principios del marxismo-leninismo y la revolución armada.
