El Gobierno celebró "como un gol" la cautelar de la Corte que frenó la derogación de la ley de Tierras.
El Ejecutivo se encaminaba a una sesión complicada en Diputados por el DNU 70/2023. Los gobernadores aliados, también aliviados por el fallo.
El Gobierno festejó "como un gol" la medida cautelar de la Corte Suprema que frenó la derogación de la ley de tierras dispuesta en el DNU 70/2023, porque le quitó de encima toda la presión parlamentaria y mediática. En la Casa Rosada existía una fuerte preocupación por la sesión de la semana próxima en Diputados.
La oposición se acercaba tanto al quórum como a los votos necesarios para rechazar el decreto completo. La iniciativa había nacido como reacción al fallo del 29 de septiembre, cuando el máximo tribunal dejó vigente la derogación y desató una ola de críticas que llegó hasta la Iglesia.
"Nos sacaron un quilombo de encima. Más que nada porque se nos instaló de nuevo el tema, y es algo complejo", precisó un integrante de la mesa política de La Libertad Avanza (LLA) ante la consulta de El Observador.
En el Gobierno, las cuentas parlamentarias también generaban preocupación, pero no tanto como volver a sufrir un escarnio público similar al del Senado, cuando Patricia Bullrich tuvo que retirar todo el capítulo de "extranjerización de tierras" del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Fue la primera derrota legislativa importante del año.
No obstante, en la Casa Rosada comprendieron que la Corte no le hizo un favor al oficialismo sino a todo el sistema político. "Hay gobernadores que están de acuerdo con muchos puntos del DNU pero que no podían hacer que sus diputados voten en contra porque estamos muy cerca de las elecciones", le dijo a este medio una fuente al tanto de las negociaciones entre el Gobierno y sus aliados.
Es el diagnóstico que el oficialismo hizo tras la derrota en el Senado: a los gobernadores no se les pueden pedir ese tipo de concesiones a un año de los comicios. La diferencia es que ahora el costo lo hubieran pagado ellos, en plena negociación de los acuerdos electorales de 2027.
En la Justicia también hubo repercusiones. En ciertos sectores judiciales persiste un malestar, que se incrementa, con el devenir de la judicialización de la política. "Parece que la Corte tiene que ser el padre responsable de dos hijos, que son el Congreso y el Gobierno, que no saben dirimir ningún conflicto. Hay que tener un poco más de madurez", se quejó ante este medio una fuente del máximo tribunal.
La disidencia de Carlos Rosenkrantz expuso otra cara de esa incomodidad. El juez advirtió que el descontento por la sentencia anterior "no justifica adoptar decisiones que la Constitución y las leyes no permiten" y que "un proceder así solamente debilitará la confiabilidad del Poder Judicial".
La Corte tenía bajo análisis sólo dos casos sobre el artículo 154 del decreto. Como se trata de procesos colectivos, debió resolver primero el de CECIM, el primero inscripto como colectivo, y la causa de la Asociación Civil Árbol de Pie quedó a la espera. El planteo de CECIM cayó por falta de legitimación, tras invocar la protección de la soberanía.
La ONG pidió entonces una aclaración para saber si ese fallo la alcanzaba. La Corte resolvió sobre su caso, en el que se invocaba el derecho a un ambiente sano, y, sin ninguna medida previa en instancias anteriores, dictó una cautelar interina hasta que los tribunales inferiores analicen la cuestión. En la práctica, vuelven a regir los límites a la compra de tierras por extranjeros.
La urgencia por la sesión quedó a la vista en el procedimiento. El tribunal convocó a una reunión de acuerdo excepcional un viernes, cuando los días habituales son martes y jueves, y sumó a dos conjueces. El fallo lo firmaron Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci.
La decisión no se pronunció sobre la constitucionalidad de la derogación, que deberá discutirse en el juzgado federal de Bariloche. El Gobierno no ganó la discusión de fondo. Ganó tiempo y evitó una sesión que amenazaba con ser la segunda derrota pública por el mismo tema.
Entre las principales actualizaciones, se destaca la eliminación de algunas instancias de participación ciudadana y la reducción de los plazos administrativos que debían cumplirse antes de enviar los pliegos al Senado.
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La operación. YPF acordó comprar el 24,99% de YPF Luz en manos de BNR Power Investments B.V. por US$430 millones. La transacción está sujeta a las condiciones habituales.
Mayor control. Una vez concretada la compra, la petrolera pasará a controlar la totalidad de la compañía eléctrica e integrará el 100% de sus resultados.
Capacidad instalada. YPF Luz cuenta con 3,8 GW de capacidad instalada, opera en ocho provincias y genera el equivalente a cerca del 10% de la electricidad abastecida en la Argentina.
Resultados y trayectoria. Creada en 2013, la compañía registró un EBITDA de US$ 479 millones en los 12 meses hasta junio de 2026. La adquisición profundiza la apuesta de YPF por el negocio de generación eléctrica.